Los colegios tendrán un profesor liberado para luchar contra la violencia de género

Aula de Secundaria en un colegio de Murcia. /Vicente Vicéns / AGM
Aula de Secundaria en un colegio de Murcia. / Vicente Vicéns / AGM

El Pacto Regional para frenar esta lacra, que se firmará este mes, promoverá formación estructural con perspectiva de género en las universidades

Daniel Vidal
DANIEL VIDAL

Extirpar el problema desde la raíz, incidiendo en la educación, a la vez que se incrementa la protección y la atención a las víctimas. Este es uno de los principales objetivos del Pacto Regional contra la Violencia de Género 2018-2022, que la Consejería de Familia e Igualdad y los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea Regional acaban de sacar del horno tras muchos meses de cocción y que, previsiblemente, los partidos firmarán a lo largo de la segunda quincena de este mes. El texto, al que ha tenido acceso 'La Verdad', contempla hasta siete grandes ejes de actuación y un total 69 medidas específicas, entre las que destacan las relacionadas con la sensibilización, la prevención y la formación. Solo para la puesta en marcha del acuerdo durante este año y el que viene hay presupuestados más de 9 millones de euros, entre los fondos del Gobierno regional y los que aporta el Ejecutivo nacional.

Así, y entre las muchas tareas que tendrá que asumir la Consejería de Educación (uno de los muchos departamentos del Gobierno regional implicados en el desarrollo del acuerdo), el documento recoge la introducción (entre los años 2019 y 2020) de «una asignatura de libre configuración en materia de igualdad y dirigida a la prevención, detección, intervención y apoyo a las víctimas de la violencia de género, en el segundo tramo de Educación Primaria y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria». También en los centros educativos, el pacto contempla la creación para el año próximo de la figura del responsable de Igualdad y contra la Violencia de Género, cuyo objetivo será impulsar y llevar a cabo un Plan Educativo en el centro para ese fin, y que estará liberado para ello. Asimismo, se busca «promover la educación formal y no formal de niños y niñas desde edades tempranas en los mismos valores, especialmente en los valores de igualdad y respeto», y el texto recalca que será necesario «asegurar la presencia en los Consejos Escolares y en las asociaciones de padres y madres de alumnos de los centros de una persona encargada de impulsar y velar por el cumplimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres».

Pero no solo eso. También se promoverán «acuerdos entre la Comunidad Autónoma y las universidades de la Región para introducir en los planes de estudios la formación estructural en perspectiva de género, así como contenidos relacionados con la prevención de la violencia de género». Esta medida, como otras muchas contempladas en el pacto, precisará de un «desarrollo reglamentario a determinar», según se especifica en el documento.

El docente será el responsable también de elaborar el plan del centro para tal fin

«La formación y la prevención nos ha parecido fundamental, y seguro que se nos han quedado muchas cosas en el tintero», afirma una de las representantes de los grupos parlamentarios. Aunque lo realmente importante «es que la Región contará con un instrumento para luchar contra la violencia de género que servirá para todos los gobiernos, independientemente de su color político», señaló.

Tipos de violencia y acoso

Fuera de las aulas también se incidirá en las campañas de sensibilización, «fomentando la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública, incidiendo en los patrones y valores culturales». De este modo, la Comunidad Autónoma desarrollará «campañas de prevención de la violencia de género y fomento de la igualdad para favorecer la concienciación ciudadana». Las campañas -contra el juguete sexista o las agresiones sexuales, por ejemplo-, estarán dirigidas «tanto a la ciudadanía en general como a colectivos específicos, prestando atención a mujeres en especial situación de vulnerabilidad, adolescentes y hombres», para lograr su implicación en el rechazo y prevención de esta lacra. Se divulgarán «todos los tipos de violencia y acoso que se ejercen sobre las mujeres», además de dar a conocer que «la violencia machista es un delito público que todo el mundo debe denunciar». También campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes, incidiendo en el ciberacoso y en la prevención de las relaciones tóxicas. Los hombres también serán destinatarios específicos de políticas de igualdad y prevención de la violencia, «habilitando cauces de atención a comportamientos de violencia potencial».

El texto prevé la creación del agente de Policía Local especializado en atención a las víctimas

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer, también realizará a partir del año que viene «diagnósticos especiales» para colectivos vulnerables, con implicación de los mismos, identificando las dificultades y desventajas que experimentan diferentes tipos de mujeres, que enumera el texto acordado por los grupos políticos: «Las que viven y trabajan en el ámbito rural; mujeres con discapacidad; inmigrantes; las que ejercen la prostitución; de la tercera edad; exreclusas; viudas; embarazadas; mujeres a cargo de familias monoparentales; paradas de larga duración; y las que desean retornar al mundo laboral tras abandonarlo por el cuidado de la familia, entre otras».

Tipos de violencia y acoso

El Pacto, que también viene a mejorar (o a poner en marcha) muchos de los mecanismos de los que ya disponen las administraciones locales y regionales, también pone el foco en la protección de las víctimas. Enseñando a defenderse, por un lado, con la «elaboración de un programa de difusión de técnicas de autoprotección y defensa personal para las personas en programas de violencia de género y para quien lo solicite a través de los centros de atención a las víctimas (Cavis)». Por otro, habilitando «procedimientos específicos de actuación para las mujeres que, por diversas causas, retiran la denuncia», y «para el acompañamiento personalizado a las víctimas durante todo el proceso (antes, durante y después de la denuncia), y en todas las actuaciones o situaciones por las que tenga que atravesar», según se recoge en el texto. De hecho, el Pacto promueve «sistematizar el seguimiento de las mujeres atendidas en los recursos especializados de acogida inmediata y los centros de atención». También contempla el acuerdo «facilitar a las víctimas que no cuenten con los recursos económicos suficientes, y cuyo riesgo sea elevado, un recurso de acogida seguro, inmediato y eficaz, habilitando una bolsa de viviendas con los ayuntamientos para alquiler social».

El documento recoge actuaciones para las mujeres que retiran la denuncia

El documento recoge la necesidad de «garantizar la atención especializada en los recursos de carácter asistencial». Ya en el ámbito sanitario, el acuerdo alcanzado incluye la implantación de un sistema de envío directo de partes médicos al juzgado desde los servicios de urgencias y desde los centros de Atención Primaria. Asimismo, el Pacto pretende «desarrollar una atención sanitaria integral para las víctimas y menores a su cargo mediante la creación y establecimiento de equipos multidisciplinares que tengan como objetivo la asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres».

Todos los funcionarios

Además de impulsar la figura del policía local especializado en violencia de género, en la negociación se consideró «muy importante» la formación de los especialistas que «acompañan a la víctima durante todo el proceso», según las mismas fuentes. La formación contra la violencia de género, de hecho, se extenderá en todos los ámbitos. Desde «todo el personal de la Función Pública y al servicio de la administración autonómica, profesorado, orientadores y otro personal de los centros de educación infantil, primaria y secundaria, a inspectores de educación y otros profesionales técnicos de la Consejería de Educación, pasando por profesionales de atención primaria, técnicos y representantes políticos de los ayuntamientos».

El pacto, que también recoge diferentes medidas de actuación en el ámbito laboral, contempla además la creación de diferentes organismos para dar cobertura y seguimiento al cumplimiento del acuerdo. Uno de estos organismos es el Observatorio de Igualdad y Violencia de Género de la Región de Murcia, como establece la Ley 7/2007. Además, también se creará una unidad en el Centro Regional de Estadística de la Consejería de Hacienda para extraer los datos relacionados con la violencia de género y la situación de mujeres y hombres en la Región; una Mesa de Coordinación con responsables políticos y técnicos de los 45 municipios; y también una Comisión de Seguimiento cuyo objetivo será «seguir adaptando las respuestas que ofrece el pacto, que no está cerrado, a las necesidades de la realidad».

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