Clamor en el TSJ ante los daños económicos y sociales por la falta de medios en la Justicia

Aspecto del salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia, ayer, durante el acto de apertura del Año Judicial. / Javier Carrión / AGM
Aspecto del salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia, ayer, durante el acto de apertura del Año Judicial. / Javier Carrión / AGM

Pasqual del Riquelme cifra las pérdidas en unos 1.500 millones de euros al año y reclama a los partidos un pacto para exigir mejoras en Madrid

Julián Mollejo
JULIÁN MOLLEJO

Los partidos políticos y sus responsables, que ocupaban las primeras filas del salón de actos de la Ciudad de la Justicia en Murcia, fueron ayer el blanco de las principales críticas y reivindicaciones oídas en el acto de apertura del Año Judicial a causa de la falta de medios que acumula desde hace años la administración de Justicia en la Región.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pascual del Riquelme, explicó en su discurso que la Región necesitaría 27 nuevas unidades judiciales para equipararse a la dotación media nacional y advirtió de que esta infradotación y el atasco judicial que genera «tiene efectos reales y directos sobre los ciudadanos» y «pasa una enorme factura a la economía regional», que el propio magistrado cifró en unos 1.500 millones de euros al año.

Perjucicios para la Región

1.500
millones de euros al año sería el impacto negativo que en la economía regional provoca un sistema judicial ineficaz, según el presidente del TSJ. Es la misma cantidad aproximadamente que la Comunidad Autónoma dedica anualmente a costear la educación.
114
millones de euros es el dinero retenido en cuentas de depósito de los tribunales de la Región de Murcia, en su mayor parte procedente de fianzas, una cantidad que, si la administración de Justicia fuera más eficiente, podría incorporarse al flujo económico natural y generar riqueza.
11
meses puede tardar de media un comerciante de Cartagena en obtener sentencia a su reclamación de una deuda contra un cliente, según el TSJ, frente a los cinco meses que tarda en resolverse la misma reclamación en el País Vasco o los seis meses en Galicia y Extremadura.

A pesar de la carencia de medios humanos, técnicos y de instalaciones, Pasqual del Riquelme resaltó que en la Región se resolvieron en 2018 un total de 185.846 litigios, un 1,2% más que en el ejercicio anterior, lo que sitúa los tribunales murcianos entre los más productivos de España.

No obstante, el presidente del TSJ relató una serie de casos reales en los que los ciudadanos de la Región han de esperar entre el doble y el triple de tiempo para obtener satisfacción de los órganos judiciales en comparación con otras comunidades. «Cuando la administración de Justicia no atiende en tiempo razonable las demandas de los ciudadanos, se resiente indefectiblemente la calidad de nuestro sistema democrático y se resquebrajan los niveles de cohesión social», indicó.

Aludió también a perjuicios concretos que «un mal funcionamiento de la Justicia» produce en la economía regional, como la pérdida de atractivo para las inversiones y la merma de la competitividad empresarial; reduce la disponibilidad de crédito y lastra la oferta de viviendas en el mercado de alquiler.

Pascual del Riquelme aprovechó la presencia en el acto de numerosos representantes de los partidos políticos, encabezados por el presidente regional, Fernando López Miras, para darles un toque de atención por esta reivindicación que, a pesar de su insistencia durante los últimos años, no ha sido atendida aún. Por ello exigió «una implicación coordinada y programada de todas las instancias políticas, económicas y sociales para reclamar en Madrid lo que, también en Justicia, nos corresponde», una iniciativa que el magistrado concretó en un pacto regional por la Justicia.

Quince fiscales más

También el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, aludió en su intervención a la carencia de medios en el Ministerio Público y su incidencia en el trabajo de sus integrantes, sobre todo tras la reforma legal que impuso un plazo limitado para la investigación de delitos de presunta corrupción, y que ha dado lugar al archivo de diversos casos tras superarse dicho plazo. Una situación que Díaz Manzanera ha indicado que esta «generando una vergonzante sensación de impunidad».

«Faltan al menos unos quince fiscales para equipararnos a la media nacional. Y, en cuanto a funcionarios, la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España», agregó Díaz Manzanera, para quien «la situación política que existe a nivel nacional, al no mantenerse un gobierno estable, no ayuda» a resolver este problema.

Los políticos recogen el guante e iniciarán los contactos la próxima semana

La propuesta de articular un pacto regional por la Justicia «que permita oír la voz de la Región en Madrid» para reclamar mejoras urgentes para este servicio, lanzada ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, durante la apertura del Año Judicial, fue asumida inmediatamente por los representantes de los partidos políticos presentes en el acto, según pudo constatar 'La Verdad' de cada uno de ellos. El presidente regional, Fernando López Miras, anunció que su Gobierno convocará la próxima semana a los grupos con representación parlamentaria para dar los primeros pasos, y el líder del PSOE murciano, Diego Conesa, expresó su disposición al comentar que la mejora de los medios a disposición de la Justicia regional es uno de sus principales objetivos. También se mostró a favor el secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, al igual que el portavoz de Cs en la Asamblea, Juan José Molina, quien declaró que su partido «siempre ha estado en este tipo de acuerdos, porque la Región en estos asuntos tiene más fuerza si habla con una voz única».