La vida «pendiente de un hilo» de los vecinos desalojados de Barriomar

«Vivo aquí desde que me casé, pero mi mujer ya residía en esta casa con su familia», explicó ayer, días antes de que pasen a conocer de mano de los técnicos de Adif las condiciones de su desalojo. O, al menos, eso es lo que esperan todos, tener la información de la que ahora carecen. Están citados a partir del 24 de mayo en el centro Puertas de Castilla de Murcia.

«Nadie se ha dignado a venir a vernos, a conocer cada una de nuestras historias, porque somos personas, no un número de expediente», comentó, un sentimiento compartido por el resto de los afectados. Y todos ellos también dudan de que su marcha sea solo por tres años. «Nos piden abandonar nuestras casas, ¿y qué hago con todas mis cosas? No me las voy a poder llevar y son mi vida», lamentó. Ángel y Carmen tienen otra preocupación que no les deja dormir. La escritura de la casa tiene 103 años y en ella figuran 58 metros cuadrados de superficie, pero ahora tienen muchos más. «Si nos van a pagar por eso, no vamos a tener para un alquiler ni para el resto de los gastos, y yo acabo de gastarme 15.000 euros en un arreglo», comentó.

Al igual que el resto de los vecinos afectados, hubieran agradecido el apoyo de trabajadores sociales para ayudarles a sobrellevar lo que les supone abandonar sus casas. «Mi mujer llora a todas horas, y no es la única».

Si algo quieren dejar claro estos vecinos es que no se les puede meter a todos en el mismo saco. «Nosotros vivimos aquí y somos realmente afectados, el resto son propietarios de solares o viviendas heredadas pero que residen en otros lugares», apuntó Carmelo Vera, que vive en el número 35 de la misma calle y tiene 83 años. Algo que suscribió Sebastián Sardina, de 75 años y viudo desde hace poco, que vive «con el corazón encogido» desde que supo que se tenía que ir de su casa.

Carmelo reivindicó ayuda para encontrar un piso cerca, lo que les permitiría mantener los vínculos que tienen con esta zona del barrio. «Para nosotros salir es la muerte, porque mi mujer tiene alzhéimer y ya empieza a desorientarse; aquí tengo vecinos que me pueden echar una mano».

No es el único caso en el que un miembro de la familia sufre esta enfermedad. También está presente en las vidas de Pedro Marcos, hijo de Juan 'El barbero', y Encarnación Alarcón, de 78 y 70 años, respectivamente, que viven con una de sus hijas. Además, tuvieron que adaptar las escaleras de su casa con un silla eléctrica para que Encarnación pudiera acceder al segundo piso. Otra inversión que ha mermado sus ahorros.

Laura, la hija, teme que cambiar a su padre de barrio acelere más una enfermedad que está empezando a mostrar su cara. «Ya uno no sabe si no sería mejor que nos expropiaran del todo para poder comenzar de nuevo; porque ahora mis padres no paran de darle vueltas a lo que se van a llevar o dejar aquí; qué va a pasar con la casa cuando no estemos... Con esta incertidumbre no se puede vivir, estamos pendientes de un hilo».

Luis Martínez y Carmen Alarcón tampoco se imaginan vivir en una casa distinta a la que han ocupado durante más de 30 años, situada en el número 99. «La tenemos totalmente acondicionada para mi hija, que tiene 25 años y un 99% de invalidez; por su enfermedad chilla mucho y no podemos meterla en un piso». Les gustaría quedarse mientras duren las obras, porque la vivienda «está totalmente reforzada con vigas y por muchas máquinas que metan, no se va a caer», subrayó, convencida, Carmen.

Ellos, al igual que otros afectados, se han puesto en manos de un abogado para que defienda sus intereses, un dinero que, en opinión de Susana, otra de las vecinas, se podrían haber ahorrado «si Adif nos hubiera explicado bien todo». Los vecinos se negaron a que les utilicen los políticos de uno u otro signo como armas arrojadizas, y denunciaron «el mal trato» que han sufrido, sobre todo por la falta de información. «¿Qué les habría costado venir aquí y reunirse con todos, y quitarles a estas personas, en su mayoría muy mayores, esa ansiedad que no les deja vivir?», se preguntó Susana.

Pero no son los únicos que ven su futuro muy complicado. José María y Ángel tienen alquilados el bar Virgen de la Purísima y la panadería Paqui, respectivamente. Ambos viven de sus negocios y la única alternativa que tienen es cerrar. Del bar depende casi toda la familia de José María y de Ángel, que hace pocos meses se quedó con un negocio en el que había trabajado como empleado 41 años. «He invertido 20.000 euros en su mejora, todo el paro que me correspondía», comenta, y se pregunta qué pasará con sus clientes mayores que viven en barriadas cercanas, a los que llevan el pan «y lo que necesitan; dependen de nosotros».