Urbanismo blinda contra los derribos 78 edificios de Murcia con valor arquitectónico
Las licencias quedan suspendidas hasta que se decida sobre su inclusión en el catálogo municipal de inmuebles protegidos
La protección de 78 edificios de Murcia, que gozan de valor histórico o arquitectónico, da un nuevo paso. La Concejalía de Urbanismo acaba de comunicar que las licencias para demoliciones y otros tipos de intervenciones que puedan suponer una alteración de esos inmuebles de interés quedan suspendidas al menos durante un año. En ese tiempo, solo se permitirá acometer obras que ayuden a garantizar la conservación, salubridad y ornato público de los conjuntos incluidos en los expedientes.
La medida supone seguir adelante con las tres modificaciones del plan urbano (marcadas con los números 144, 145 y 146) que el Ayuntamiento ha empezado a tramitar con vistas a inventariar esas casi 80 edificaciones, que se encuentran repartidas por el barrio del Carmen (11), el distrito Centro Oeste (23), en los barrios de San Antolín, San Pedro y Santa Catalina, y el área Centro Este (44), en el entorno de la Catedral, Santa Eulalia y San Juan.
La mayoría de las construcciones seleccionadas pertenecen a la arquitectura que se erigió en el siglo XX, aunque también figuran viviendas burguesas y de tipología más tradicional de finales del XVIII y del XIX. Casi todas son de propiedad privada; en el listado aparecen bloques residenciales, sedes de organismos oficiales y hasta algún alojamiento hotelero. A partir de ahora, el procedimiento avanzará con la solicitud de informes a otros organismos y entidades, y con la apertura de un periodo para la presentación de alegaciones.
Los tres expedientes en marcha recogen las características técnicas de los edificios (estructuras, cubiertas y fachadas), el estado de conservación que presentan y a qué grado de protección aspiran, según su ubicación y sus valores históricos y culturales. El edil de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, confía en no agotar el plazo de un año que se ha dado y espera que la tramitación pueda completarse en seis meses, aunque dependerá de las alegaciones que lleguen al Consistorio.
