La situación desesperada de 17 trabajadores en Murcia: siete meses en la calle, sin dinero y en el centro de una 'guerra'

Su angustia comenzó en marzo, aunque los síntomas los notaron mucho antes. La empresa de Garaje León se acogió durante toda la pandemia al ERTE por causa de fuerza mayor al que muchas otras se adhirieron. Pero esta vía de escape facilitada por el Gobierno se esfumó al mismo tiempo que finalizaron las prórrogas de este mecanismo el pasado mes de marzo. Fue en ese momento cuando Garaje León se apuntó a un ERTE ETOP, es decir, por causas económicas. Y a él mandaron únicamente a Susana García y a sus 16 compañeros que hoy ven en esta decisión una «discriminación» y que supuso el momento en el que la incertidumbre entró en sus vidas.

Es la pesadilla más larga que han vivido y aún no parece tener final. Tal y como cuentan la afectada y el abogado de todos ellos, Antonio Huertas, la empresa tramitó el ERTE «mal en fecha y forma. Así lo deja claro el informe negativo que emite un inspector de trabajo -al que ha tenido acceso LA VERDAD-, que esgrime que se produce un fraude de ley y abuso de poder por multitud de razones (no existe negociación previa, no se atienden peticiones de los trabajadores, no se aporta la documentación necesaria...). Este informe llega a la Dirección General de Trabajo, que traslada al SEPE sus conclusiones y avisa de que no debe abonar el pago. Finalmente, este asunto llega al TSJ, que ahora debe dictaminar si lo tramitado por la empresa se ajusta a derecho y es el SEPE el que se tiene que hacer cargo o si, por el contrario, no es así y es Garaje León el que debe readmitir a los empleados y hacer frente al pago atrasado de todos sus sueldos».

LA VERDAD se puso en contacto con la empresa, que no quiso hacer declaraciones al respecto y que se remite a lo que dictamine la Justicia.

Marzo queda lejos para todos, pero mucho más para estas diecisiete familias que no ven ningún ingreso en su cuenta desde entonces, cuando entraba la primavera. «Somos familias con muchos niños pequeños, hipotecas y, literalmente, no podemos más y ya no sabemos a quién pedir ayuda. Familiares y amigos se han volcado, pero todo tiene un límite. Psicológicamente estamos destrozados. Tomamos ansiolíticos para aguantar el día y para poder dormir», cuenta Susana. Le han robado el sueño y, prácticamente, sus vidas desde hace siete meses. La amargura y el cansancio que contienen su voz traspasan el teléfono. «No sabemos lo que vamos a aguantar. Estamos en la cuerda floja», añade.

Igual de delicada es la situación que atraviesan Ramón Miguel Muelas y José Antonio Ríos, otros dos compañeros que llevan más de 200 días viendo cómo su dinero no llega y su esperanza se agota. El primero de ellos lleva «varios meses en tratamiento con psiquiatras y psicólogos». A José Antonio le da vergüenza hablar. No sabe ni cómo expresar lo que están viviendo él y sus hijos pequeños. «Comemos gracias a mis padres», reconoce.

La oscuridad del túnel que atraviesan parecía tener final hace escasos días tras tantos 'kilómetros' con la lengua fuera y el bolsillo vacío. El 18 de octubre era la fecha en la que se celebraba el juicio que dictaminaría quién debe devolverle a estas diecisiete familias lo que le han «robado». Pero no. Las esperanzas, otra vez hechas añicos. La empresa solicitó el aplazamiento de la vista y tendrán que esperar, al menos, hasta el próximo 24 de noviembre. «Es un jarro de agua fría. Nos han vuelto a hundir en la miseria», lamenta.

Aún queda casi un mes. Ninguno de los 17 trabajadores confía en que sea el final. Ya no se fían. Lo ven como un sueño y llevan demasiado tiempo sin despertar de su pesadilla. Ninguno de ellos tampoco tiene idea de cómo pagar los recibos del banco o de qué forma llenar la nevera. No lo saben porque no pueden planearlo. Tienen que ponerse en manos de esos ángeles de la guarda que llevan siete meses manteniéndolos a flote. Las fuerzas se agotan y las ayudas hace tiempo que lo hicieron. «Lo único que nos queda es ir a San Esteban a tocarle la puerta a López Miras para que nos de algo de comer. Somos un número. No estamos tratados ni como personas ni como familias. No sabemos hasta dónde vamos a llegar», avisa.