El TSJ da la razón al Ayuntamiento de Murcia ante una demanda de 8,1 millones por los convenios de la zona norte

El TSJ toma así una dirección distinta en su su fallo a la de la sentencia del 'caso Mamusa', por la que sí se condenó al Ayuntamiento -tampoco de manera firme- al pago de 19 millones de euros, y respalda las tesis del PP de que el Ayuntamiento puede solventar a su favor buena parte de las reclamaciones aún pendientes de las promotoras de estos convenios.

En sus razonamientos, la reciente sentencia del TSJ rechaza la legitimación de Visionaria SL para ejercer la acción por la naturaleza jurídica especial del aval prestado por la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo. Esta garantía fue ejecutada después de que el Consistorio exigiera en 2010 el pago pactado a realizar tras la aprobación definitiva del respectivo plan parcial, cifrado en 6,75 millones y que se correspondía con en torno al 25% de los 28,7 millones fijados como compensación a la Administración local por el aumento de la edificabilidad. Ya entonces la mercantil intentó eludir el abono de esta cantidad, detalla la resolución, «al haberse puesto de manifiesto varios aspectos que podían condicionar la aprobación» de este instrumento urbanístico.

De hecho, este plan parcial fue anulado posteriormente por sentencia judicial en 2015. Sin embargo, la última resolución del TSJ considera que esta anulación no es causa suficiente para entender que se ha incumplido el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y un grupo de empresas, en el que se incluye tanto la entidad recurrente como las sociedades Urbamur 2003 y Obralia del Sureste SL.

De hecho la resolución, en sus fundamentos jurídicos, señala, por una parte, que el plan parcial fue anulado por la omisión de un necesario informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre la disponibilidad de recursos hídricos «que es imputable tanto a la mercantil como al Ayuntamiento», según la Sala. Por otra, la sentencia considera que «la recurrente estaba obligada al pago en virtud del convenio y este continuaba vigente, ya que no se ha instado a su nulidad, ni su resolución, exigiendo únicamente el reintegro de la cantidad correspondiente» que debía entregarse tras la aprobación definitiva del plan parcial posteriormente anulado.

Asimismo, el tribunal apunta que Visionaria SL defendió, «como promotora», la legalidad del plan anulado durante el proceso contencioso-administrativo que dio lugar a su decaimiento «y no hizo alegaciones sobre el informe de la CHS». Finalmente se concluye que «aún es posible subsanar el defecto advertido y culminar así el referido proceso, correspondiendo a la promotora, como impulsora del convenio, realizar los actos que en su condición le incumban». Así, se rechaza que haya habido un enriquecimiento injusto mediante el ingreso de estos 8,1 millones, ya que «parece posible la aprobación de un nuevo plan parcial».