Piden nueve años de cárcel para un policía acusado de formar parte de una banda de narcos en Murcia

La fiscalía considera que el agente policial era el hombre de de confianza del líder

La Fiscalía Antidroga de Murcia ha pedido nueve años de prisión y multas que suman 10.080 euros para Ricardo V.H., conocido por Richy, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) al que acusa de pertenecer, presuntamente, a una banda de narcotraficantes que lideraba Enrique Antonio C.S. y a la que estaban vinculadas otras 26 personas.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, reclaman para este último penas que suman trece años y ocho meses de prisión y dos multas por un importe total de 5.460 euros.

El ministerio público considera que el agente policial era el hombre de de confianza de Enrique Antonio C.S., hasta el punto de que en una de las interceptaciones telefónicas se escucha decir a este que «aquí no mando yo, mandamos los dos; una mano lava la otra».

Según la acusación, este policía se encargaba de gestionar la parte operativa de las plantaciones de marihuana que se habían realizado en varios chalés alquilados por la organización y en los que se encontraron grandes cantidades de la citada sustancia.

Además, habría asumido la compra de los materiales para dichas instalaciones de cultivo de droga y la ejecución de obras en los inmuebles para adaptarlos a ese fin.

Chivatazos

Finalmente, también le atribuye un delito de revelación de secretos al exponer que, supuestamente, se aprovechó de su profesión para facilitar a la banda datos que resultaban de interés para la misma, como operaciones policiales en marcha, existencia de órdenes de detención o requisitorias.

Según la fiscalía, que acusa por un total de doce delitos, habían montado una organización, que comenzó a ser investigada en 2013, cuyo objetivo era el de conseguir un cultivo permanente de marihuana, para lo cual dispuso de un gran potencial económico, que calcula que pudo ascender a 40.000 euros por cada uno de los chalés dedicados al mismo.

Entre los chalés arrendados por la organización figura uno, ubicado en la pedanía murciana de El Esparragal, residencia del líder de la banda, en el que vivía con su pareja sentimental, Lucilene A., también acusada por estos hechos, y que era dedicado también a reuniones colectivas de integrantes de la misma.

La Fiscalía Antidroga acusa también por una falta de lesiones, que atribuye a Enrique Antonio C.S., al que responsabiliza de la paliza que dos desconocidos propinaron a otro acusado, José S.M., cuando este, por diferencias económicas, acudió a uno de los chalés para sustraer lo que hubiera de valor en el mismo.

Entre los delitos figuran también los de defraudación de fluido eléctrico y de agua, por los enganches ilegales que hicieron a las redes de suministro.

Tras la presentación del escrito de acusación, serán ahora las defensas las que presenten los suyos; entre ellas figura la que ostenta el letrado murciano Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que defiende a varios de los denunciados.