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Jueves, 7 de marzo 2019, 03:36
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El polémico paso a nivel de Santiago el Mayor se cerrará para el tráfico rodado a partir del 16 de marzo con el fin de que puedan continuar las obras de soterramiento de las vías. Cinco días después, el cruce sobre las vías quedará totalmente clausurado y tampoco podrán pasar los peatones, según informó ayer el concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez Oliva, a raíz de una comunicación que recibió del Ministerio de Fomento. Es competencia del Ayuntamiento de Murcia arbitrar los servicios alternativos de transporte, los desvíos y los cambios de tráfico en la zona.
La clausura del paso a nivel estará coordinada con el cierre de la línea férrea desde Murcia con Cartagena y Alicante, que durará unas tres semanas, para instalar los nuevos enclavamientos. A partir del 21 de marzo se abrirá la pasarela peatonal. El Ministerio de Fomento prevé que el cierre dure ocho meses aproximadamente; después quedará expedita la zona, con las vías soterradas.
Las obras para la entrada del AVE en Murcia dependen del lote que aún tiene que adjudicar Adif para completar el soterramiento desde la estación hasta Barriomar y Nonduermas. En este sentido, el equipo de gobierno municipal se llevó ayer una sorpresa poco agradable, ya que recibió una comunicación de Adif en la que apremia al Ayuntamiento para que informe sobre el nuevo convenio antes de las 11 horas de mañana viernes. Dicho convenio ha sido adaptado a la reforma de la Ley del Sector Público, como adelantó 'La Verdad', y ahora tienen que informar los socios de la entidad Murcia Alta Velocidad; un requisito previo para que Adif pueda adjudicar las obras, cuya fecha todavía se desconoce.
El concejal Martínez Oliva expresó ayer su malestar con este proceder de Adif, y criticó que la sociedad estatal «le ha metido un gol al Ayuntamiento». Teme que se le quiera imputar ahora un retraso al Consistorio murciano, cuando la responsabilidad es totalmente de Adif. «Ellos han tenido cuatro meses para reaccionar y adaptar el convenio, con el retraso que eso ha provocado, y sin embargo ahora pretenden que el Ayuntamiento informe en menos de 48 horas sobre la adenda de ese convenio, presentando las alegaciones o los comentarios que considere pertinentes. No es de recibo», dijo.
El concejal indicó que el Consistorio debe proceder de una forma totalmente ajustada a la ley, puesto que hay que solicitar informes a los servicios jurídicos municipales, a la intervención y a la oficina de planificación económica, para que se pronuncien sobre los cambios introducidos para la financiación de las obras y la modificación de las condiciones de pago. Considera que no existe tiempo material para recabar estos informes antes de las 11 horas de mañana, y que el Ayuntamiento no puede exponerse a hacer un dictamen a vuelapluma con tanta urgencia y sin unas bases jurídicas sólidas.
La Consejería de Fomento también tendrá que informar sobre la nueva adenda, en su calidad de socio. Los órganos de gobierno de Adif le darán posteriormente el visto bueno al borrador definitivo. La intención de la sociedad estatal es adjudicar el lote de obras lo antes posible -está actuando contra reloj-, pero la inminencia del contrato a la que alude últimamente el delegado del Gobierno es algo relativo.
Los tres miembros de la Sociedad Murcia Alta Velocidad tienen que ratificar la adenda del convenio, una vez que ha quedado desbloqueado con el real decreto ley del Consejo de Ministros. En el caso del Ayuntamiento, una vez que el borrador esté completamente perfilado, se debe convocar un Pleno municipal extraordinario para aprobarlo, algo que no se hace de la noche a la mañana si no existen los informes previos y preceptivos de los servicios jurídicos, la intervención y la oficina de planificación económica. Una vez que el Pleno lo autorice -si no hay problemas-, el expediente será devuelto a Adif para que adjudique las obras.
Eduardo Martínez Oliva explicó que el equipo de gobierno municipal es el primer interesado en que se ejecuten las obras del soterramiento, pero considera que el delegado del Gobierno y Adif deben ser más transparentes a la hora de informar sobre todos los trámites que quedan pendientes.
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