Una nueva norma permitirá a la Policía Local de Murcia decomisar el dinero que reúnan los gorrillas

Un gorrilla, controlado ayer por un policía, que en virtud de una próxima ordenanza podría intervenir todo el dinero que obtengan con esa actividad./ alfonso durán / agm
Un gorrilla, controlado ayer por un policía, que en virtud de una próxima ordenanza podría intervenir todo el dinero que obtengan con esa actividad. / alfonso durán / agm

La Concejalía de Seguridad Ciudadana trabaja en una ordenanza que ponga freno a los aparcacoches

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

«Vamos a actuar para evitar males mayores y que se complique la convivencia. Hay un problema y el Ayuntamiento no se puede quedar de brazos cruzados». Este fue el argumento que empleó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Martínez-Oliva, para anunciar que los técnicos de su departamento están trabajando en el borrador de una nueva ordenanza.

En concreto, el texto pondrá el foco en la actividad irregular que desarrollan los aparcacoches, comúnmente conocidos como gorrillas. El documento recogerá una serie de medidas para actuar contra este colectivo «que crece cada día», lamentó el edil. Una de las principales novedades que introducirá la norma es que dará luz verde a la Policía Local para que pueda decomisar el dinero que los aparcacoches obtengan de realizar su actividad. Las cantidades que recojan los agentes tendrán como destino entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales.

De igual manera, la ordenanza posibilitará que los policías incauten cualquier objeto que los gorrillas obtengan como contraprestación por su actividad. También les serán retirados las herramientas que empleen para hacer su 'trabajo'. Se refiere el texto municipal, por ejemplo, a las esponjas o líquido limpiador con el que muchos aparcacoches se ofrecen para dar brillo a las lunas de los vehículos. Estos utensilios, pasados dos meses desde que exista una resolución firme, serán destruidos o entregados a entidades sociales para su reutilización.

La previsión del equipo de gobierno es que el texto vaya al Pleno de septiembre y entre en vigor durante octubre

El equipo de gobierno también trabaja para recrudecer las sanciones económicas. El documento recoge tres rangos en función de la gravedad que revista el comportamiento del infractor. Las faltas leves contemplan multas de 750 euros. En el caso de las graves, la cuantía se incrementa entre los 751 y los 1.500. Además, las sanciones muy graves supondrán el pago de multas que oscilarán entre los 1.501 y los 3.000 euros.

El texto está en la actualidad a expensas de que los servicios jurídicos municipales expidan el preceptivo informe. Las consideraciones que se recojan en el mismo serán incluidas en la ordenanza.

El ejecutivo local se está inspirando en normativas similares vigentes en ciudades como Alicante, Sevilla y Burgos

La previsión del concejal Martínez-Oliva es que la aprobación inicial del documento se pueda incluir en el orden del día del Pleno ordinario de septiembre. Antes, desde el equipo de gobierno darán traslado de su contenido a los distintos grupos políticos. Tras pasar por el Pleno, el documento se someterá a exposición pública durante un periodo de treinta días. Después, la ordenanza deberá volver a ir a la siguiente sesión plenaria, por lo que en la Concejalía confían que pueda entrar en vigor durante el mes de octubre.

El borrador en el que trabajan los técnicos del Ayuntamiento está teniendo en consideración el contenido de textos similares que están vigentes en otras ciudades como Alicante, Sevilla, Burgos, Valencia, Barcelona y Madrid. También están revisando lo que dice sobre la materia el documento modelo aprobado en 2018 por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Autoridad judicial

Con la aplicación de la nueva normativa, el desempeño de la Policía constará de tres pasos. El primero será informar al gorrilla de que está cometiendo una actividad ilegal y emplazarle a que deje de practicarla. Los agentes también suministrarán información sobre los recursos sociales que ofrece el Consistorio para favorecer la inclusión de los aparcacoches y su cambio de rumbo.

Si el infractor no depone su actividad y persiste en ella, el siguiente paso que darán los policías será el de interponer una denuncia, que acarreará una sanción económica. Otra de las novedades de la ordenanza es que abre la puerta a que los agentes puedan remitir al individuo infractor a la autoridad judicial competente para que responda por un delito de desobediencia.

Martínez-Oliva señaló que «en el mes que llevo como responsable de seguridad, el 70% de las visitas que he recibido han sido para hablar de problemas derivados de los gorrillas». También explicó que «todos los días firmo unas 16 sanciones por la actividad de los aparcacoches con multas de hasta 601 euros».

En la actualidad, para actuar contra este colectivo, la única herramienta legal que existe es la Ley de Seguridad Vial. «Por eso, es importante que tengamos una ordenanza específica que ampare la actuación policial y establezca las conductas prohibidas y su régimen sancionador», aclaró el concejal.

Clamor vecinal

Martínez-Oliva admitió que el entorno de actuación de los gorrillas se amplía cada semana. «En todos los barrios hay dos o tres calles en las que están presentes», detalló, aunque reconoció que «donde tienen mayor incidencia es en la zona del centro».

Muchas quejas de los vecinos vienen por el hecho de que los aparcacoches se sitúen en vías en las que es necesario abonar la ORA para aparcar. «Te obligan a pagar dos veces por lo mismo», se quejó ayer Ramón López, que vive en San Esteban, lugar en el que los gorrillas realizan su 'trabajo' todos los días.

Los casos de violencia también es otro tema que exaspera a los ciudadanos. Uno de los episodios con mayor repercusión se produjo a comienzos de julio cuando una mujer de treinta años y embarazada fue pateada por un aparcacoches porque la vecina se negó a darle dinero por dejar su vehículo en Ronda de Garay.

Las peleas entre los propios gorrillas también están a la orden del día. En junio dos de ellos se liaron a golpes en el barrio de Vistabella y en el entorno del Mercado de Verónicas también son habituales los conflictos. «Cuando quedan pocos sitios libres, se agolpan y se pegan entre ellos para estar cerca del hueco e intentar conseguir una moneda», relató ayer a 'La Verdad' Amparo García, vecina de San Pedro.