La jueza da carpetazo a la acusación de estafa de un despacho jurídico de Murcia contra su fundador
La instructora no ve engaño en la venta del negocio que el letrado Ricardo Ruiz hizo a Gálvez Abogados por 800.000 euros
El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha acabado dando carpetazo al pleito que libraban los principales socios fundadores de uno de los más exitosos despachos laboralistas de la Región, bautizado en su día como Ruiz Moreno y Gálvez Peñalver Abogados. En una resolución reciente, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la magistrada ordena el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta por los actuales socios del despacho, con Juan Antonio Gálvez como principal cabeza visible, contra quien fue su fundador, Ricardo Ruiz, por presuntos delitos de estafa y revelación de secretos de empresa.
Los querellantes explicaron en su denuncia que esa supuesta estafa, que la juez ahora descarta, se remontaba a las fechas finales de 2016, cuando Ruiz expuso en apariencia a su principal colaborador que pretendía ir preparando su jubilación, lo que se tradujo en un acuerdo para venderles –a Gálvez y a otro grupo de letrados de ese mismo gabinete– todo el negocio y la cartera de clientes por el precio de 800.000 euros. Una cantidad pagadera a lo largo de cuatro años, a razón de 17.000 euros mensuales (unos 200.000 euros al año), que supuestamente comenzaron a abonarse en enero de 2017.
Sostenían los querellantes que, alegando razones fiscales, Ruiz les pidió que el traspaso no se documentara como una venta del negocio, sino como meras retribuciones. A lo largo de los siguientes cuatro años, el fundador del gabinete legal habría venido recibiendo puntualmente esas cuantías, hasta completar la suma de 800.000 euros.
El problema surgió, según se plasmaba en la querella, a partir de septiembre de 2020 cuando, tras cobrar prácticamente la totalidad del precio pactado por la venta del negocio, Ruiz habría comenzado a negar el acuerdo y a dirigirse a sus antiguos clientes, intentando recuperarlos para su nuevo gabinete. En la querella se ofrecía incluso una relación de empresas que supuestamente recibieron el ofrecimiento de este conocido letrado laboralista para que le siguieran en su nueva etapa profesional, lo que habría conseguido en algunos casos.
Un cambio de opinión
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en un auto reciente, explica que la cuestión radical de este asunto consistía en determinar si Ruiz -que está representado por el penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz- tenía intención de engañar a su antiguo socio fingiendo alcanzar un acuerdo que no pensaba cumplir con el objeto de beneficiarse o, por el contrario, únicamente incurrió en un incumplimiento de contrato al cambiar de idea respecto a la jubilación que al parecer se había planteado. La instructora se decanta por esta segunda opción y concluye que Ruiz «cambió de opinión y quiso continuar ejerciendo el desempeño de un trabajo que afectaría a la cartera de clientes de la querellante».
La juez hace hincapié, no obstante, en que el acuerdo firmado entre las partes no resolvía si Ruiz podía seguir ejerciendo o si existía cláusula de exclusividad o de prohibición de concurrencia. Con estos argumentos, concluye que «no existe ningún indicio sobre la existencia de un engaño» y declara el sobreseimiento del caso. Contra esta resolución aún cabe recurso.
