La juez archiva el caso sobre los ruidos en Pérez Casas por no hallar indicios de delito

Ana Martínez Vidal, Adela Martínez-Cachá y Juan Antonio Bernabé. /LV
Ana Martínez Vidal, Adela Martínez-Cachá y Juan Antonio Bernabé. / LV

El auto exculpa a los exconcejales Martínez Vidal, Martínez-Cachá y Bernabé porque no se les puede culpar de inacción con los bares

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Las diligencias penales abiertas por los ruidos en la calle Pérez Casas de Murcia, la 'zona cero' de la contaminación acústica en el municipio, acaban de ser archivadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, quien después de cinco años de investigación considera que no existen indicios suficientes de delito como para llevar a juicio a las dos antiguas concejalas que estaban imputadas, Ana Martínez Vidal y la hoy consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, como tampoco a ninguno de los propietarios de la docena de locales de ocio que han llegado a concentrarse en esa calle peatonal.

El procedimiento, iniciado por presuntos delitos de contaminación ambiental y prevaricación, tiene su origen en la denuncia presentada en 2013 por la comunidad de propietarios del Edificio Greco, a la que más tarde se sumó la del Edificio Españoleto. Los propietarios de viviendas en esa zona aseguraban llevar años padeciendo unos niveles de ruido insostenibles a causa de la proliferación de locales de ocio y de las aglomeraciones de clientes que generaban. Las molestias se extendían a las dificultades para transitar por esa calle y a los malos olores y la degradación de la zona a causa de los orines, los vómitos y hasta las peleas que se producían.

En su resolución, la juez Marín no niega que tal situación se haya producido. Al contrario, considera que «resulta innegable que ha existido un grave problema en la calle Bartolomé Pérez Casas, cuyos vecinos han soportado ruidos y molestias continuos». Esa afirmación se basa en la elevada concentración de locales en una calle de apenas diez metros de ancho, en la que además había autorizadas terrazas con capacidad para hasta 250 personas, a lo que hay que sumar el continuo trasiego de clientes de unos locales a otros.

Pese a ello, afirma que no existen indicios suficientes de delito ambiental debido, por un lado, «a que no se dispone de mediciones sonométricas que permitan determinar qué nivel de ruido se ha estado soportando ni durante cuánto tiempo, en concreto». Y, por otro lado, a que tampoco es posible conocer si esos ruidos «tenían su origen en uno o varios locales de ocio y en la música que emanaba de los mismos, en el tiempo en que funcionaron sin una correcta insonorización, o si dicho ruido provenía de la confluencia de gente».

Un riesgo no acreditado

Igualmente sostiene que no se ha acreditado que a causa de esos disturbios hubiera un grave riesgo para la salud de los vecinos, toda vez que los informes emitidos por el Instituto de Medicina Legal tras examinar a los afectados «no han constatado que hayan padecido daño corporal alguno».

Por lo que se refiere a la imputación de un delito de prevaricación administrativa, que los vecinos de esa calle atribuían a los exconcejales de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá; de Calidad Urbana e Infraestructuras, Ana Martínez Vidal, y de Urbanismo y Vivienda, Juan Antonio Bernabé Caballero, la magistrada tampoco aprecia que su actuación haya sido delictiva.

Así, señala que la proliferación de locales no puede ser considerada ilegal, pues ninguna norma impedía que se abrieran esos negocios y, además, en la actualidad todos ellos tienen legalizada su situación con informes técnicos favorables, como tampoco estaba vedado dar licencias para terrazas.

Pero lo más relevante es que la instructora, con el apoyo argumental del Ministerio Fiscal, considera que «no puede sostenerse que exista una inactividad o una falta de vigilancia (por parte de los antiguos responsables municipales) tan consciente, patente, clamorosa y arbitraria como para ser acreedora del delito de prevaricación indiciariamente atribuido a los investigados». Y todo ello al margen «de que su actuación no haya sido todo lo eficaz que hubiera sido deseable o de que las sanciones no hayan sido suficientes».

Como prueba de que no hubo inacción por parte de los antiguos concejales, reseña los expedientes y sanciones impuestas a los locales, las restricciones de horario a las terrazas, el aumento de inspecciones, los servicios policiales de vigilancia, las campañas de sensibilización...

El archivo de las diligencias aún no es firme, ya que cabe recurso.

 

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