Un convenio velará por evitar cortes de luz a 12.500 familias vulnerables

Ayuntamiento e Iberdrola refuerzan sus canales de comunicación con el fin de que no se produzca ni una sola suspensión del suministro por impago

David Gómez
DAVID GÓMEZ

La lentitud de la administración pública ha provocado que muchas de las 12.500 familias que se encuentran en situación de pobreza energética en el municipio -según los datos que maneja el Ayuntamiento- se hayan quedado en alguna ocasión sin suministro eléctrico en sus hogares. Y es que a veces los vecinos en riesgo de exclusión social no conseguían completar a tiempo el papeleo que tenían que realizar para acreditar su condición ante la compañía con la que tenían contratada la electricidad y evitar así que se les cortara el servicio por no pagar recibos. Aunque luego el suministro se restableciera, los días pasados a oscuras, y sin poder utilizar los electrodomésticos más básicos, no se los quitaba nadie.

Para impedir que se produzcan estas situaciones, y que nadie pase un solo día con velas en sus viviendas, el Consistorio e Iberdrola, que es la empresa con más clientes en la capital, han suscrito un nuevo convenio de colaboración, que fue ratificado hace una semana por la Junta de Gobierno y que estará en vigor durante todo este año 2019. El acuerdo, promovido por la Concejalía de Derechos Sociales, establece mecanismos de comunicación «ágiles y efectivos» entre ambas entidades para intervenir de forma más rápida en los casos en los que los clientes deudores se encuentren en situación de vulnerabilidad, para no dar lugar a que se produzcan impagos de facturas ni, como consecuencia de estos, cortes en el suministro.

El sistema de colaboración que establece el convenio comenzará cuando el Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, detecte el caso de una persona o familia en situación de pobreza energética, con serias dificultades para el pago periódico de sus facturas de luz. Estos deben cumplir una serie de requisitos establecidos en la ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales. Entonces se iniciará el trámite para determinar si esas personas puede resultar beneficiarias de una subvención destinada a la satisfacción de la deuda derivada del consumo eléctrico y/o del gas, cuyo resultado se comunicará de manera inmediata a Iberdrola, previa autorización del afectado, pues el documento aprobado por la Junta de Gobierno garantiza el cumplimiento a rajatabla de la normativa vigente de protección de datos.

Derechos Sociales quiere extender el acuerdo a otras suministradoras de electricidad y gas

Si el contrato de suministro eléctrico no está acogido al bono social, con el que las familias con mayores necesidades pagan un 30% menos, se tramitará esta solicitud para otorgarle la ayuda correspondiente, por ser considerado cliente vulnerable por los servicios sociales. En caso de que ya estuviese cortada la electricidad antes de recibir la comunicación, se reclamará de modo inmediato el restablecimiento del suministro, lo cual, por lo general, será posible dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de tal notificación.

Este acuerdo se enmarca en el Plan contra la Pobreza Energética e Hídrica que la concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Conchita Ruiz, elaboró a mediados de 2017. En el futuro se buscarán acuerdos similares con otras empresas suministradoras de electricidad y gas que operen en el término municipal de Murcia, como Endesa. Fuentes de Iberdrola aseguran, por su parte, que actualmente no se le corta la luz a nadie en el municipio, salvo en aquellas situaciones que se tenga fehaciente constancia de que se están cometiendo acciones fraudulentas.

El plan municipal señala que están en situación de pobreza energética las familias que destinan el 10% de sus ingresos domésticos al pago de las facturas de electricidad o de gas, los hogares que tienen dificultades para mantener una temperatura adecuada, los ciudadanos que no cuentan con liquidez económica suficiente para abonar los recibos en su plazo y aquellas viviendas que presentan humedades y goteras. En total, 12.500 en Murcia.