Las competencias de las pedanías de Murcia amenazan con generar el primer roce entre PSOE y Cs

Pero la cuestión de las pedanías encierra una planteamiento de mayor calado que podría generar controversias entre ambos socios de gobierno. Y es que se ha fijado para este otoño la recuperación de los trabajos para la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, aquel que rige el funcionamiento de dichas juntas. La necesidad de esta actualización, que se intenta abordar desde 2016, es compartida por toda la Corporación. Otra cosa distinta son los términos defendidos por unos y otros.

Es Cs quien ocupa la presidencia de la comisión responsable, según acordó, primero con el PP y ahora con el PSOE, en los distintos acuerdos de gobierno. Como ponentes, los naranjas han presentado un borrador, tutelado por Gómez, sobre el que pivotarán las negociaciones, un texto que propone un cambio de modelo en toda regla. Lo que se propone es diluir –al menos formalmente– la autonomía presupuestaria de las juntas municipales y el poder y margen de maniobra de los pedáneos para favorecer un mayor control y «el efectivo cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público», según justifica Gómez.

Esa 'dilución' surge al agrupar todos los barrios y pedanías en una docena de entidades territoriales conocidas como distritos. Este nivel administrativo y político ya existía en el reglamento actual, pero ahora se dotaría de importantes competencias presupuestarias: no solo aprobarían las cuentas e inversiones de las juntas municipales de las pedanías que los integran –a partir de las propuestas de dichas juntas–, sino que gestionarían directamente su aplicación. Esto ocurriría hasta el punto de que tendría que ser el presidente de dicho distrito –un edil designado por el alcalde– el que autorizara cualquier contrato menor, algo que ahora hacen los propios pedáneos hasta 5.000 euros –dando cuentas posteriormente– y la junta municipal, por encima de esa cantidad. Además, todo expediente administrativo de las juntas –incluidos los contratos– sería gestionado por un técnico adscrito al distrito correspondiente, de manera que, por ejemplo, a la hora de realizar una contratación, la junta expondría la necesidad para acabar recibiendo la propuesta de adjudicación, siempre que el servicio no esté cubierto por un contrato mayor de ámbito municipal.

«Los distritos no buscan restar autonomía, sino unificar los criterios de actuación de las juntas municipales y coordinarlas, así como dar capacidad de inversión a aquellas pedanías que no la tienen», defiende Gómez, señalando que la reforma de este reglamento debe salir adelante «sí o sí esta legislatura» y con una línea roja clara: «Debe ser un texto que cumpla la legislación y acabe con las malas prácticas y el clientelismo».

Preguntado al respecto, el PSOE ha declinado pronunciarse hasta el 30 de septiembre, final del plazo dado para que los grupos presenten sus propias propuestas, pero tarde o temprano tendrá que mostrar sus cartas. «El PSOE ya evitó debatir sobre esta cuestión en el Pleno municipal de julio ante una moción nuestra, pero nuestra impresión es que no les gusta esta propuesta y por eso han rehuido de momento el conflicto con Gómez», defiende el popular Marco Antonio Fernández, incidiendo en que «la reforma que se necesita no es esta, que recentraliza y resta agilidad a la resolución rápida de los problemas de los vecinos».

«Tenemos un sistema que, dada la idiosincrasia del municipio, funciona razonablemente bien; la prueba es que todos los partidos tienen pedáneos y todos actúan de una manera similar. Que un sistema pueda utilizarse mal, no quiere decir que se haga», zanja Fernández. En esa línea, Vox también advierte del riesgo de que una fiscalización extrema pueda paralizar la actividad en las pedanías. Podemos no se pronunciará hasta contar con un texto conjunto, que permita una «participación real».