«Si es mi casa, ¿por qué tengo que esperar un año para recuperarla?»

Después de dejar atrás su piso en Patiño para mudarse al de su pareja, Pilar decidió que lo mejor que podía hacer con esa vivienda era amueblarla y alquilarla. Primero fue a una pareja de estudiantes; posteriormente, a un matrimonio; y, finalmente, a dos chicos jóvenes. Siete inquilinos con los que no tuvieron ningún problema.

Nada les hacía prever que uno de esos alquileres podía terminar con su cocina desguarnecida de electrodomésticos, la puerta de uno de los baños pintarrajeada con espray o los somieres de las camas destrozados. Tanto es así que, cuando se puso en contacto con ellos, en el mes de febrero, la mujer del matrimonio que terminaría arrasando su casa, solo pudieron pensar que se trataba de «una madre de familia currante». Una impresión que no fue tan positiva al conocer al marido, del que notaron «algo en sus formas» que les dio «mala espina», aunque lo atribuyeron a sus propios prejuicios.

Sin embargo, ya en los primeros meses comenzaron a sucederse las mentiras de esta familia del Progreso. Así, aunque en un principio les dijeron que tenían un hijo y el piso solo contaba con dos habitaciones, Pilar y Eduardo se enteraron de que el matrimonio tenía tres vástagos, de 6, 10 y 16 años. En esta línea, a partir del mes de junio, comenzaron a llegar a su piso las notificaciones por impago de los suministros de la vivienda alquilada. Además, las cuotas mensuales llegaban con retraso y siempre faltaban entre 10 y 20 euros.

«Nuestra impresión es que nos estaban probando para ver cómo ibamos a reaccionar nosotros ante el impago del alquiler», explica Eduardo mientras se acomoda en un sofá que entró en esta vivienda en perfectas condiciones y ahora se encuentra sin patas. Al margen de este tipo de desperfectos, que se observan en la ausencia de embellecedores en la mayoría de enchufes o de cortinas que una vez cubrieron las ventanas de las habitaciones, el ambiente que se respira en el piso es opresivo y nace de una mezcla entre humo de tabaco y aceite refrito, ya que también rompieron la campana extractora de la cocina.

A lo largo del verano, la relación entre propietarios e inquilinos no paró de tensarse: «Cuando yo le llamaba para avisarle de los retrasos, él se ponía violento y me llamaba loca. Me decía que no nos debía nada y que si nosotros íbamos por las malas, él tenía las de ganar», explica Pilar. Una amenaza que cumplió en el mes de octubre, cuando esta joven pareja se encontró con la pérdida de empleo de Pilar, unos meses atrás, y sin el dinero del alquiler, ya que la familia alquilada dejó de pagar.

Al principio las excusas se cimentaban en la pérdida de trabajo del marido, que supuestamente tuvo que vender la empresa de energía solar que dirigía, una sociedad que más tarde descubrieron que nunca había tenido actividad, según los datos del registro mercantil. Incluso llegaron a firmar un documento con estos inquilinos, por el cual se comprometían a salir del piso en octubre. Una promesa que no cumplieron y una sensación de impotencia que no paraba de crecer en esta joven pareja: «Cuando nosotros alquilamos el piso, pensamos que el único riesgo que corríamos era no cobrar un mes o dos, pero al ver que no podíamos echarlos porque hay que seguir un procedimiento judicial nos dimos cuenta del calvario que teníamos por delante», reconoce Eduardo.

Después de varios ultimátums y una larga sucesión de promesas incumplidas, la pareja decidió llevar el caso a los juzgados a finales de diciembre para iniciar lo que Eduardo define como «un nuevo calvario». El primer obstáculo de esta prueba de resistencia llegó antes del inicio del proceso judicial, ya que los demandantes en este tipo de situaciones están obligados a enviar un burofax que debe entregarse de forma presencial en el piso ocupado, un procedimiento que se alargó durante un mes, ya que no conseguían ponerse en contacto con el matrimonio instalado en este piso de Patiño.

«La situación era desesperante. Si es mi casa y tengo un contrato que les obliga a irse si no pagan, ¿por qué tengo que esperar un año para recuperla?», insiste Eduardo, al que su abogado le aseguró que el proceso podía alargarse entre seis meses y un año. Además, las quejas de los vecinos del inmueble no paraban de llegar, ya que la familia «tenía muchas discusiones en las que se decían barbaridades y el hijo mayor organizaba fiestas cuando se quedaba solo». No obstante, los propietarios del edificio no se atrevían a enfrentarse con el cabeza de esta problemática familia. «Cuando se enteraba de las quejas, salía al patio de luces y gritaba que los iba a matar a todos», señala Pilar.

A pesar de todo, los inquilinos no se opusieron a la demanda y la fecha de lanzamiento se fijó para el 10 de abril. El calvario estaba cerca de acabar hasta que la joven pareja se volvió a encontrar con el muro de la burocracia: «El juzgado tiene que notificar el lanzamiento a los inquilinos de forma presencial y, aunque consiguió notificárselo al marido, también tenía que comunicárselo a la mujer, ya que su nombre figuraba en el contrato», explica Eduardo. Así, un día antes del desalojo, la pareja conoció que este se había cancelado al no poder contactar con ella.

«¿Cómo es posible que esto se permita? En ningún momento han intentado defenderse, solo han alargado los plazos para vivir el máximo tiempo posible aquí sin pagar nada», se plantea Eduardo visiblemente indignado. Gracias a este tipo de argucias, los inquilinos consiguieron aguantar en el piso tres meses más, hasta el 23 de julio.

A la segunda fue la vencida y, cuando los propietarios ya veían el final del tormento, llegó lo peor. Con los ojos enrojecidos y después de un profundo suspiro, Eduardo no tiene palabras para definir la sensación que recorrió su cuerpo cuando abrió la puerta de su casa: «La impresión es terrorífica. Aunque te lo puedas imaginar, no te lo crees hasta que lo ves. Se te viene el mundo encima y tienes una sensación de impotencia que no puedo describir porque hemos intentado dar todos los pasos para que esto no suceda y no lo hemos podido evitar».

Acompañados por la secretaria judicial, agentes de la Policía Local de Murcia, un abogado y un procurador, Eduardo y Pilar recorrieron su vivienda vacía, ya que los inquilinos se marcharon antes, para encontrarse los destrozos y vacíos que esta familia con tres hijos provocó. No quedaba ni rastro de varias electrodomésticos de la cocina, ni de la television y parte del mobiliario del salón. El hedor que desprendía la vivienda era nauseabundo, y los muebles que sobrevivieron al desvalijamiento se encontraban en tal estado que la secretaria judicial les dijo que lo tiraran todo y empezaran de cero.

Hablando en cifras, los muebles y electrodomésticos robados están valorados en 6.000 euros, y los daños en la casa ascienden a 3.000 euros. Un total de 9.000 euros a los que todavía deben añadir los gastos del abogado, el procurador y el servicio de cámaras de vigilancia que se han visto obligados a instalar para que no vuelvan a entrar, ya que si lo hacen y transcurren 24 horas se verían obligados a volver a iniciar todo el procedimiento.

Una vez superado el duelo incial y con un largo camino todavía por recorrer, ya que demandaron a este matrimonio por los daños en la vivienda y los impagos, lo que queda en Eduardo y Pilar es la indignación por todas las cosas que se podrían mejorar en este tipo de casos. Desde la ayuda que los inquilinos recibieron por parte de los servicios sociales mientras no pagaban hasta la dilación con la que estos procedimientos se resuelven por cuestiones como las notificicaciones presenciales que contempla la ley.

«Ahora queda que termine todo. Queremos sacar los muebles, tirarlos, pintar la casa y ya veremos qué hacemos con ella», sentencia Eduardo, que, después de diez meses de «desgaste personal, profesional y de pareja», por fin comienza a divisar el final de esta larga carrera de obstáculos.