El Ayuntamiento de Murcia investigará unas 70 construcciones de dudosa legalidad
Huerta Viva denuncia que se puedan conceder los suministros de luz y agua sin que los dueños pidan licencia urbanística
«Construcciones levantadas en entornos BIC (zonas protegidas con la declaración de Bien de Interés Cultural), en suelo no urbanizable según el Plan General de ... Ordenación Urbana (PGOU) y que no cuentan con cartel informativo de licencia de obra». Son algunas de las situaciones que hacen saltar las alarmas de vecinos de Murcia, que han trasladado a la Asociación para la Recuperación de la Huerta de Murcia, Huerta Viva, unas 70 denuncias de viviendas y naves industriales salpicadas por el municipio –sobre todo en la periferia– que podrían ser ilegales. Así lo indicaron desde el colectivo conservacionista.
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«Hemos identificado viviendas en distintos estados de construcción, desde algunas en las que solo se han levantado los cimientos hasta otras ya terminadas y que se encuentran habitadas», señaló José Antonio Moreno Micol, portavoz de la asociación, sobre las denuncias de casos sospechosos que han recibido por parte de vecinos en enclaves de la Huerta como las pedanías de Casillas, Llano de Brujas, La Albatalía, La Arboleja, Rincón de Beniscornia, Guadalupe, Rincón de Seca, Aljucer, Era Alta, Nonduermas, La Raya y Puebla de Soto. Lo recoge un informe que presentarán en los próximos días al Ayuntamiento para que tome cartas en un asunto que, según asegura Moreno Micol, «no es algo puntual» en el municipio.
«Estudio pormenorizado»
Sobre la colaboración ciudadana para detectar estos casos que podrían incurrir en un delito urbanístico y de ordenación del territorio, desde la asociación explican que «hicimos un llamamiento para que los vecinos nos enviaran información sobre posibles construcciones ilegales en la Huerta y, casi un año después, hemos inventariado unas 70 edificaciones sospechosas de ilegalidad». A lo que añaden que «creemos que podría haber muchas más, si se realizara un estudio pormenorizado en todas las pedanías del municipio».
En este sentido, Moreno Micol indicó que no solo se trata de viviendas. «También hemos localizado naves que deberían estar en polígonos industriales, algunas de ellas ubicadas en suelos de máxima protección del río Segura, zonas altamente inundables e incluso en entornos BIC, protegidos por su valor cultural».
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«Una lacra del municipio»
Ante este panorama, que Huerta Viva define como «una lacra del municipio que se va extendiendo como consecuencia de una ineficaz disciplina urbanística del Ayuntamiento de Murcia», el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, aseguró que se investigará la legalidad de estas construcciones. Asimismo, resaltó que «el cuerpo de inspección urbanística incoa todos los expedientes de denuncias que llegan, tanto de la Policía Local como de particulares; y en los casos más gravosos de construcciones en suelo no urbanizable, se remiten a la Fiscalía». A lo que Navarro añadió que «Murcia es un municipio grande y las denuncias abarcan muchos aspectos, pero desde la Concejalía se tramita y se persigue todo».
«Sanciones de bulto»
Desde la asociación Huerta Viva también denunciaron que «estas edificaciones sospechosas de ser ilegales cuentan con luz y agua por la facilidad que dan las empresas responsables de estos suministros básicos para instalar tomas sin exigir la correspondiente licencia urbanística». Lo consideran «una mala praxis que fomenta la construcción ilegal».
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Respecto a las multas por construir sin licencia urbanística, Moreno Micol aseguró que «se ha incrementado el dinero proveniente de sanciones de bulto que se interponen a las construcciones ilegales, sobre todo cuando se encuentran próximas a concluir, ya que tienen un mayor valor de tasación para imponer la sanción». El portavoz de Huerta Viva añadió que estas edificaciones «se convierten en una buena fuente de ingresos para las arcas del Ayuntamiento».
Además, señaló a LA VERDAD que «es curioso que existe un buen número de expedientes, pero casi todos quedan paralizados en la vía administrativa. Por lo general, una vez pagada la multa, no se obliga a los propietarios al restablecimiento de la legalidad, acudiendo a la vía judicial, a no ser que en dichos expediente se personen vecinos perjudicados que sean capaces de llegar hasta el final, lo que supone un enorme desgaste».
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Son situaciones que, en su opinión, no solo «suponen un agravio comparativo respecto a los propietarios que llevan a cabo una construcción con su correspondiente licencia», sino que también implican «un tremendo deterioro del medio ambiente y la calidad del paisaje, contribuyendo a un urbanismo disperso, caótico e insostenible».
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