Terrenos en la zona norte de Murcia. Vicente Vicéns/ AGM

El Ayuntamiento de Murcia dispone de 3 meses para trazar el plan de pago a Mamusa

Urbanismo eleva hasta casi 30 millones la cantidad a reembolsar a la promotora, al incluir los gastos de mantenimiento de los avales prestados

Martes, 17 de enero 2023, 01:39

Tres meses. Ese es el plazo legal con el que cuenta el Ayuntamiento de Murcia antes de que Mamusa pueda solicitar al juzgado de ... lo Contencioso correspondiente la ejecución del pago de los en torno a 30 millones, a cuyo abono obliga una reciente sentencia firme del Tribunal Supremo. Así lo señala el concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero, que eleva en unos diez millones las cantidades que la Administración municipal deberá devolver a la citada mercantil, en base a los fondos que fueron entregados a cuenta por esta para el desarrollo de uno de los convenios urbanísticos de la zona norte que nunca llegó a culminarse.

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Y es que, aunque fueron unos 19 los millones que Mamusa aportó al Consistorio para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de conexión a los sistemas generales, esta cuantía se deberá ver complementada no solo por el pago de los intereses correspondientes, sino también por el abono de los gastos que ha implicado, durante todos estos años, el mantenimiento de los avales bancarios prestados en su día.

Ante esta apremiante situación, que amenaza con poner en serios aprietos las arcas municipales, los responsables de distintos servicios celebraron ayer una cumbre interna para intentar trazar un plan de pagos que debe empezar por la búsqueda de los fondos necesarios. En este encuentro, participaron responsables de las áreas de Contabilidad, Tesorería, de la Oficina Económico-Presupuestaria y de Urbanismo. «En primer lugar, toca sentarse y ver qué hay en caja, con qué activos patrimoniales contamos y cómo se encuentra el fondo de contingencia», apunta Guerrero.

En la ejecución de una sentencia de este tipo no se puede proceder al embargo de los bienes demaniales o afectos a un uso público, o sea, un centro municipal o un jardín, por ejemplo. Pero sí se puede, por ejemplo, mirar hacia aquellos terrenos que la administración se queda como aprovechamiento lucrativo en una actuación urbanística, aquellos, por ejemplo, que el Ayuntamiento quería enajenar en las cuentas del pasado año para financiar inversiones.

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Y es que es al capítulo de inversiones al que habrá que apelar para lograr satisfacer esta deuda. No hay que olvidar que, en los Presupuestos de 2022, lo destinado a este capítulo rozaba los 40 millones. «Los principales proyectos ya presupuestados, sobre todo los vinculados a fondos europeos, no tienen por qué verse comprometidos, pero tendremos que proceder a la depuración de créditos relativos a inversiones de ejercicios anteriores sin ejecutar, para cambiar su destino y dedicar esas cantidades a estos pagos», subraya.

Una vez se tengan claras las vías de financiación y una propuesta de pago, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con Mamusa para negociar la aceptación de este posible plan, algo que se puede demorar algún mes. Si Mamusa no acepta, siempre le quedará a esta instar a la ejecución judicial.

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Un vía crucis judicial que puede seguir con la reclamación de más de 40 millones de Profusa y Lo Navarro

El vía crucis judicial, a cuenta de los convenios urbanísticos suscritos en la época de la alcaldía de Miguel Ángel Cámara, no acaba ni mucho menos con la sentencia del Tribunal Supremo del 'caso Mamusa'. Por un lado, la sentencia favorable al Consistorio ante las reclamaciones de las promotoras Martinsa Fadesa y Mediterráneo Hispa-Group puede acabar como un cierre en falso, ya que no solo sigue siendo recurrible en casación ante el Alto Tribunal, sino que, además, el fallo del Tribunal Superior de Justicia abre la puerta a que aparezca un nuevo recurrente, ya que la desestimación se produjo por «falta de legitimación», al no encontrarse los terrenos a nombre de ninguna de estas empresas.

Por otro lado, está en primera instancia la reclamación interpuesta por Lo Navarro y Profusa, con un montante de entre 40 y 50 millones, y que puede contar con un recorrido de varios años, si es que acaba llegando al Supremo. En otros tres convenios, como el de Manuel Nicolás, se tiene la esperanza de alcanzar acuerdos.

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