El TSJ anula parte de la condena al Ayuntamiento por una empleada del Museo Ramón Gaya

EFEMURCIA.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha estimado en parte el recurso del Ayuntamiento y anulado la parte de la sentencia de un juzgado que declaró que hubo cesión ilegal de una empleada del Museo Ramón Gaya y lo condenó a indemnizarla con 12.000 euros por vulnerar derechos fundamentales.

Un juzgado de lo social declaró probado que la demandante había sido contratada por una empresa de servicios y desarrollaba su actividad en el museo, donde realizaba funciones de publicidad y preparación de catálogos.

Para el juez, existía una relación laboral con el Consistorio, ya que la desarrollaba bajo las órdenes de personal municipal y con material del ayuntamiento, por lo que declaró cesión ilegal de mano de obra y lo condenó a considerarla personal laboral fijo con la responsabilidad de jefa de programas.

También condenó al Ayuntamiento, a la empresa de servicios que la contrató y a la fundación del museo a pagarle 46.650 euros por los salarios devengados y no cobrados, que ahora la Sala de la Social mantiene pero rebaja a 31.475.

Comenta que el Ayuntamiento no tuvo intención de vulnerar sus derechos a la integridad moral, pues tan pronto pudo consignar presupuestariamente lo debido, se lo pagó, al tiempo que incluyó su puesto en la plantilla municipal.