El Ayuntamiento no cobrará la tasa por apertura de nuevos negocios

El alcalde comunica las medidas a los comerciantes. /
El alcalde comunica las medidas a los comerciantes.

El Gobierno local asegura que «ninguna gran ciudad ha llegado tan lejos», y cree que ser zona franca ayudará a crear empleo y dinamizar el municipio

MANUEL MADRIDMurcia

El Gobierno municipal quiere dejar su impronta en el primer proyecto de ordenanzas fiscales que va a gestionar de cara al ejercicio 2016 y una de las primeras medidas anunciadas ayer por el alcalde, José Ballesta, y por el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, es la de declarar el municipio de Murcia zona libre de impuestos para abrir negocios. El Ayuntamiento no aplicará el próximo ejercicio la tasa de licencia municipal de actividades, una medida pionera en España, según Ballesta: «Ninguna gran ciudad ha llegado tan lejos y esperamos que esta medida sirva para atraer a grandes empresas y ayudar a los pequeños empresarios».

Unos 2.000 emprendedores solicitan cada año esta licencia municipal, que supone para el Ayuntamiento unos ingresos aproximados de 1,7 millones de euros. La supresión de esta tasa pretende conseguir que Murcia sea un municipio atractivo para invertir y establecer nuevas empresas. De esta forma, según explicó ayer el concejal Martínez-Oliva, «ningún emprendedor, empresario, autónomo o comerciante que quiera poner en marcha una actividad comercial en cualquier barrio o pedanía tendrá que hacer frente a este gasto, porque Murcia será, en 2016, una zona libre de impuestos para iniciar una actividad comercial o empresarial. Lo que queremos es que venga inversión a Murcia, que venga pequeño y mediano comercio, que se reactive la actividad comercial y demostrar también que con medidas fiscales es posible ayudar a la creación de empleo».

Esta tasa municipal de apertura de actividades existe en la mayoría de los ayuntamientos españoles y Murcia pretende con esta apuesta diferenciarse del resto de capitales.

El alcalde trasladó ayer a los portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento -José Ignacio Gras, del PSOE; Mario Gómez, de Ciudadanos; Alicia Morales, de Ahora Murcia, y Nacho Tornel, de Cambiemos- otras medidas fiscales que beneficiarán al conjunto de los murcianos, como por ejemplo la bajada del 2% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que supone que el Ayuntamiento dejará de ingresar por este concepto 2,4 millones de euros. En 2015 el Consistorio abarató el IBI un 3,75% en los cascos urbanos consolidados, tanto de la ciudad de Murcia como de las pedanías, por lo que en los últimos dos ejercicios «la bajada real del IBI ha sido en torno al 5,5%, y eso es mucho dinero, porque un punto de IBI en el padrón está en 1,4 millones de euros de ingresos municipales», según explicó el edil Martínez-Oliva, que es partidario de que la mejoría de la economía repercuta en los ciudadanos.

A esta bajada del IBI del 2% para 2016 hay que añadir otra medida que tendrá repercusiones tanto para los ciudadanos como para los empresarios. Se trata de la decisión del Consistorio de solicitar al Ministerio de Hacienda que en el caso del municipio no aplique el coeficiente del 10% de subida en los valores catastrales para 2016. Esta medida representará un ahorro de 2,1 millones de euros para los contribuyentes. Según Martínez-Oliva, la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, estaba subiendo los valores catastrales a razón del 10% anual, lo que obligaba a los ayuntamientos a aplicar esa cantidad en la base de cálculo del impuesto.

Para compensar esa subida las administraciones locales bajaban el tipo impositivo. «Nosotros este año directamente hemos renunciado», señaló el edil, «por lo tanto los valores catastrales no van a subir, y eso no solo supone una bajada real del impuesto sino una incidencia directa sobre otros tributos como el IRPF y el impuesto de Plusvalías, cuya base se calcula sobre el valor catastral». Por tanto, aunque en teoría se congelarán en 2016 las Plusvalías, Martínez-Oliva afirma que «habrá en realidad una bajada importante, porque la base de cálculo del impuesto se podía haber incrementado un 10% y no lo vamos a hacer».

Alivio para la venta ambulante

Con carácter general, el resto de impuestos municipales, como el sello del coche, se verán congelados en 2016, al igual que la mayoría de tasas y precios públicos. No obstante, el Gobierno municipal anunció ayer otras medidas fiscales novedosas que afectan a otros colectivos importantes, como es el caso de los vendedores ambulantes. En 2016 se reducirá la tasa de aprovechamiento especial o utilización privativa de los mercadillos semanales, bajando un euro las tarifas mensuales por metro lineal del puesto. «Esto quiere decir que los mercaderes que tienen 10 metros pasarán a pagar 10 euros menos al día», apuntó Martínez-Oliva. La Concejalía calcula que el ahorro al cabo de un año rondará los 200.000 euros y afectará a los 2.416 contribuyentes que pagan este concepto.

Otras «pequeñas cosicas» previstas para 2016 son medidas de justicia social, como señaló ayer el responsable de Hacienda. Por ejemplo, la supresión de la tasa por prestación de servicios urbanísticos a entidades sin ánimo de lucro que presenten un servicio de carácter social, básico o esencial, y la supresión de la tasa por expedición de certificados municipales de servicios sociales necesarios para acreditar la posible situación de dificultad económica o social. Cada año se expiden unos 350 certificados de esta naturaleza, que tienen un coste de 30 euros, según el edil.

Evitar zanjas innecesarias

Por último, se creará una nueva tasa dirigida a las empresas comercializadoras de servicios electrónicos por usar canalizaciones municipales. Esta medida tiene un objetivo recaudatorio, pero también evitar zanjas innecesarias en las aceras y calzadas.

Por otro lado, el Consistorio no reclamará a los contribuyentes que quieran solicitar beneficios fiscales que demuestren que no tienen deudas con la administración, ya que esa información la obtendrán directamente los funcionarios cruzando los datos. Hasta ahora se le exigía al ciudadano que aportara documentación.

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