Aplican la Ley de Seguridad Ciudadana al cura de los desahucios por ocupar un banco

«Vamos a seguir luchando y haciendo las ocupaciones». Así de contundente se mostró ayer el cura Joaquín Sanchez, después de ser desalojado, junto a otros cinco miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de una sucursal bancaria de El Palmar por la Policía Nacional. Se enfrentan a una multa de hasta 600 euros por «ocupación», según estipula la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada por sus detractores 'ley mordaza'. Los implicados temen además ser imputados por la vía penal por los presuntos delitos de ocupación y de desobediencia civil.

Una decena de personas pertenecientes a la PAH se desplazaron en la mañana de ayer hasta una sucursal bancaria ubicada en la carretera de Mazarrón, en El Palmar, donde sucedieron los hechos. A las once de la mañana comenzaron las protestas en la entrada de la oficina, donde colocaron carteles reivindicativos y ondearon banderas con el lema 'Stop desahucios'. «Estabamos allí para presionar y negociar la dación en pago de una familia que está a punto de ser desahuciada», explicó Joaquín Sánchez. Se trata de una acción habitual de la PAH en aquellos casos en los que los afectados por las hipotecas intentan negociar con los responsables del banco antes de quedarse en la calle. En este caso, no hubo suerte y no fueron recibidos por los responsables de la entidad.

El problema surgió cuando la oficina iba a cerrar sus puertas a mediodía y seis manifestantes seguían en el interior. La Policía acudió a la llamada del banco, instó a los miembros de la PAH a abandonar la oficina y éstos se negaron. «Nos han detenido, nos iban a llevar a la comisaría de El Carmen, pero al final nos han identificado allí mismo y nos han imputado por ocupación de entidad pública», detalló Sánchez. El sacerdote y sus cinco compañeros de la PAH tendrán que esperar ahora a recibir una citación judicial para someterse a un juicio rápido. Se enfrentan a una sanción con multa de entre 100 y 600 euros por infracción leve, recogida en el artículo 37.7 de la Ley de Seguridad Ciudadana, y a una pena de multa de entre 3 y 6 meses, tipificada en el Código Penal. «Es la primera vez que pasa algo así, antes te identificaban y no pasaba nada. Se han dado prisa en aplicar la 'ley mordaza'», lamentó Sánchez.

«Le quitan la vida»

El cura de la PAH resaltó que los afectados por las hipotecas que resultaron imputados por la ocupación «son gente buena, con conciencia, solidaria, y por eso son castigados. Le quitan la vida a la gente».

La Ley de Seguridad Ciudadana establece en su artículo 37.7 como infracción leve «la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal». El Código Penal recoge en su artículo 557 el delito de ocupación, con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses; y en el artículo 556 el de desobediencia con penas de multa de 1 a 18 meses y penas de prisión de 3 meses a 1 año.