Las oposiciones de auxiliar de biblioteca no se repetirán al no probarse las filtraciones

Aspirantes a la prueba de auxiliar de biblioteca durante el examen celebrado el 21 de julio./
Aspirantes a la prueba de auxiliar de biblioteca durante el examen celebrado el 21 de julio.

La comisión municipal concluye tras un mes y medio de investigación que el desarrollo de la prueba fue el correcto; solo admite incidencias «muy puntuales»

MANUEL MADRIDMurcia

El examen de la oposición para cubrir 19 puestos de auxiliar de biblioteca en el Ayuntamiento no se repetirá. La comisión municipal que investigaba presuntas irregularidades considera que «en términos generales la prueba se ha desarrollado correctamente». Así consta en el documento de conclusiones hecho público ayer, tras un mes y medio de deliberaciones. La comisión resuelve que el tribunal debe continuar el proceso selectivo de conformidad con lo establecido en la convocatoria hasta finalizar la selección. A partir de ahora queda baremar los méritos de los candidatos, publicar la lista de calificaciones definitivas y abrir un periodo de reclamaciones, que deberá resolverse en noviembre. Los aspirantes que consideren que se vulneraron sus derechos en la prueba podrán recurrir el proceso presentando recurso contencioso-administrativo.

Fuentes municipales confirmaron que en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento para 2015 se incluirán los 19 puestos de auxiliar que ahora se pretenden cubrir con bolsa de trabajo, por lo que habrá de nuevo oposiciones, a las que podrán presentarse los aspirantes que quieran, incluidos los 53 que han aprobado este concurso -al que se presentaron más de 3.000 personas- para formar parte de la bolsa de trabajo como interinos.

Satisfacción de los aprobados

La Plataforma de Aprobados expresó ayer su alegría por la decisión, enfatizando en que se reconocieran los derechos de los aprobados, y señaló que han sido tres meses «muy difíciles» en los que han tenido que aguantar presiones «de todo tipo».

La comisión hace constar que sus conclusiones se basan en «hechos demostrables», dejando al margen «impresiones o valoraciones subjetivas». «Siendo conocedores de que en muchos sectores existen dudas razonables sobre la realización de la prueba, también hemos tenido en cuenta los diversos intereses que están en juego: los de los opositores que han superado la prueba y tienen derecho a que se respeten sus derechos; los del Tribunal y personal que ha colaborado en la prueba, que tiene derecho a que se respete su trabajo y su honor, y los de los opositores que han presentado reclamaciones que tienen derecho a que estas sean atendidas y resueltas», dice el documento, donde se hace mención a la «ausencia de pruebas» que demuestren una filtración del contenido del examen tipo test.

«Calificaciones llamativas»

Los miembros de la comisión realizaron 36 entrevistas individuales solicitando la comparecencia voluntaria de los cinco miembros del tribunal calificador, de los colaboradores de dicho tribunal en la prueba realizada el 21 de julio, de los aspirantes aprobados y suspensos y de los funcionarios municipales del servicio de Bibliotecas cuyos hijos obtuvieron las tres mejores calificaciones (10, 9,6 y 9,5). El objetivo era «el esclarecimiento de las posibles filtraciones producidas en el citado proceso selectivo», de las que 'La Verdad' se hizo eco al día siguiente de la publicación de las calificaciones de las pruebas realizadas el 1 de agosto, «habida cuenta de lo llamativo de las tres primeras calificaciones del ejercicio tipo test, por su distancia respecto a la nota siguiente, y dándose la circunstancia de que estas notas corresponden a familiares de funcionarios del servicio de bibliotecas». La labor de la comisión, según se expone en el escrito, se centró en conocer si había habido filtraciones del examen y aclarar las incidencias denunciadas durante el plazo de reclamaciones. La comisión no tiene competencias legales para resolver las reclamaciones de los aspirantes, puesto que tanto el estudio como la resolución recae exclusivamente en el tribunal calificador designado por el alcalde, siendo el único órgano competente para ello en primera instancia y al que le corresponde garantizar la defensa de los derechos de los reclamantes.

Los integrantes de la comisión han sido Nuria Fuentes García-Lax, concejal de Seguridad y Recursos Humanos, que ejerció de presidenta; el concejal José Zapata, en representación del Grupo Municipal Socialista; Esther Herguedas, en representación del Grupo Municipal IU-Los Verdes; Rubén Serna, en representación del Grupo Municipal UPyD; el director de Personal, Juan Horcajada, y el director de la Oficina del Gobierno Municipal, Agustín Lázaro, como secretario de dicha comisión. Todos ellos quisieron agradecer ayer las aportaciones realizadas a la investigación, y la colaboración prestada por todos aquellos que voluntariamente, a requerimiento de la comisión o a petición propia, comparecieron en la misma y aportaron su testimonio.

Además de los testimonios personales, la comisión conoció las reclamaciones presentadas por distintos aspirantes, y estudió la documentación solicitada al tribunal calificador y aportada por éste, incluida en las actas de este órgano. En las sucesivas reuniones, los miembros de la Corporación obtuvieron «una visión global del proceso», tomaron el pulso de las opiniones de las personas implicadas desde todas las perspectivas, escucharon y recogieron quejas y dado el gran número de opiniones y visiones expresadas hicieron «una valoración objetiva» de las mismas.

«Todas las precauciones»

La comisión insiste en que se adoptaron «todas las precauciones necesarias en la custodia del ejercicio, sin que se hayan encontrado pruebas de ninguna filtración». En todo caso, a través de los testimonios recogidos, se ha podido constatar «la existencia de diversas incidencias acaecidas en la jornada del examen en relación con la prueba de catalogación, como identificación de datos personales, contestaciones de la prueba con lápiz o bolígrafo, realización de la misma en el reverso de la prueba facilitada». Según la comisión, estos hechos tuvieron carácter «muy puntual» y en la mayoría de las 38 aulas habilitadas «las pruebas se desarrollaron con absoluta normalidad y sin incidente alguno».

La comisión concluye que lo deseable hubiera sido que esas incidencias, que fueron subsanadas por el propio tribunal, no se hubieran producido; en cualquier caso, «han de tenerse en cuenta los incidentes producidos y la experiencia actual ha de servir para mejorar los procedimientos en futuros procesos selectivos».