Una comisión interrogará a funcionarios, aprobados y suspensos en la oposición

Una comisión municipal compuesta por representantes de los cuatro grupos políticos (PP, PSOE, IU-Verdes y UPyD), de los sindicatos (Junta de Personal) y de la Plataforma de Aprobados estudiará, con asesoramiento de Agustín Lázaro, nuevo director de la Oficina de Gobierno Local, todas las reclamaciones y quejas relacionadas con la oposición-concurso para cubrir 19 puestos de auxiliar de biblioteca. El proceso selectivo ha sido paralizado mientras no se resuelvan las dudas suscitadas por presuntas irregularidades en la celebración del examen y en la realización y corrección de las pruebas, así como por sospechas de filtración tras conocerse que los hijos de dos funcionarios de bibliotecas lograron las tres mejores notas -10, 9,6 y 9,5-.

La primera reunión se celebrará la primera semana de septiembre y la concejal de Personal y portavoz del Equipo de Gobierno, Nuria Fuentes, insistió en que para esclarecer hasta la última duda la comisión será el marco adecuado para «interrogar» a los miembros del tribunal calificador, a los funcionarios cuestionados -Pedro Antonio Jiménez, coordinador de la Red de Bibliotecas, y Ana Milanés, jefa de gestión del servicio-, a opositores aprobados y suspensos, y a cualquier otra persona o entidad que haya podido presentar reclamaciones. La decisión de levantar la suspensión del concurso o la anulación se adoptará en base al análisis de toda esa información. «Todos hemos podido pensar que no se ha hecho bien y hay que despejar esas dudas. Vamos a intentar hacer lo mejor para todos, que es buscar la verdad», subrayó Fuentes en una rueda de prensa en el Edificio Moneo, en la que compareció aparantemente tranquila y sin papeles ante una decena de medios.

«Tranquilidad al ciudadano»

Durante todo el mes de agosto, «e incluso los primeros días de septiembre», estará abierto el plazo para presentar reclamaciones o impugnaciones a las actas de notas publicadas el 1 de agosto en la web del Ayuntamiento. «Si todo está bien hecho, ojalá que sea así, se dará por válida la oposición y se terminará, y en el caso de que haya habido irregularidades, cosas incorrectas, se depurán las responsabilidades corresponda a quien corresponda», reiteró la portavoz municipal, que interpretó la invitación a los grupos políticos a que formen parte de esta comisión como un ejercicio de responsabilidad y transparencia. «No queremos que nadie piense que aquí se iba a hacer una investigación cerrada, privada, por parte de Personal, entre funcionarios, con las dudas que se podrían generar que esto al final se libre entre funcionarios y que unos tapen a otros. Lo mejor es que esté todo el mundo, que todo el que ha cuestionado este procedimiento esté representado, y estando ahí tendrán derecho a preguntar y a llamar a quien quieran, interrogar a quien corresponda, y sacaremos conclusiones entre todos. Eso es lo que va a dar tranquilidad al ciudadano».

Fuentes lamentó que se esté generando sombras sobre un tribunal de funcionarios que debe ser independiente, pero agregó que «si no ha pasado nada los funcionarios son los primeros que deben estar interesados en que todo se esclarezca. Y si ha habido irregularidades no podemos mirar para un lado y hacer como si nada».

Cuatro miembros del tribunal -Marisa Ferao, Carmen Durán, Ángeles Gil y Marita Funes; solo faltó la secretaria, Isabel Fernández- acudieron ayer a primera hora a hablar con la edil popular para ofrecer su versión y aportarle información para demostrar la limpieza del concurso, pero Fuentes, tras recibirlas, les hizo saber que «no quería que me diesen información personalmente a mí ni que me diesen documentación a mí, porque si damos el paso de crear una comisión no es de recibo que me den solo a mí las explicaciones. Ellas lo han entendido y colaborarán en todo lo que se les pregunte en la comisión».

En su intervención, la edil popular aclaró que la Concejalía de Personal había registrado por escrito 6 reclamaciones cuando el PSOE empezó a denunciar posibles irregularidades a los pocos días del examen (21 de julio), y que en la víspera de la publicación de las notas, «solo habíamos recibido 16 quejas de 3.300 personas que se inscribieron. Es una cifra que entra dentro de la normalidad, y ahora estamos en periodo de alegaciones otra vez e invitamos a quien lo desee a que reclame porque se mirará todo».

La portavoz municipal confesó que espera ansiosamente que se convoque la comisión: «Estoy deseando preguntar un montón de cosas. Como a todo el mundo, me llama enormemente la atención que de las tres mejores notas, dos correspondan a hijos de jefes de bibliotecas», así como las calificaciones que obtuvieron, ya que «pasamos de 10, 9,6 y 9,5 a un 7». Pero tiene constancia de que hay hijos de funcionarios que han suspendido la prueba, así como trabajadores que han pasado por el mismo servicio, ya sea por contratos de Colaboración Social, o por contratos de las empresas que lo han gestionado en los últimos años: «Unos han aprobado y otros han suspendido. Hay de todo y nos consta».

Fuentes mencionó que el alcalde, Miguel Ángel Cámara, opina «exactamente lo mismo que yo, igual que el resto del equipo de gobierno, que esto es en beneficio de todos y nadie debe tomárselo como un ataque».

El Ayuntamiento está buscando, en paralelo, una solución para que el servicio de Bibliotecas no se vea afectado por la paralización en la selección de personal, que tenía previsto incorporarse entre finales de septiembre y principios de octubre.