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Ramón Madrid, Fernando López Miras, Juan Marín y Lucas Jiménez. Vicente Vicéns / AGM

El cierre del Trasvase acabaría con más de 43.000 puestos de trabajo en la Región

Un estudio de la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas alerta de que supondría una merma de la producción de 870 millones de euros

Jueves, 29 de julio 2021, 13:42

El impacto que tendría un hipotético cierre del Trasvase Tajo-Segura en la economía y el empleo de la Región sería demoledor, según las conclusiones del estudio científico realizado por la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas, la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena (UPCT), dirigido por el investigador José Daniel Buendía. El informe alerta de que el cierre del Trasvase supondría la desaparición de más de 43.000 empleos, una pérdida de producción de 1.740 millones de euros y una reducción del Valor Añadido Bruto (VAB) de 802 millones de euros. En un escenario menos drástico, y en el caso de que las transferencias de agua se redujeran a la mitad, la economía regional perderá 21.575 empleos, sufrirá una merma de producción de 870 millones de euros anuales y una caída del VAB de 400 millones.

El estudio está basado en metodología 'input-output', lo que permite extraer resultados «precisos y exactos» con respecto a la medición de la relevancia económica de cualquier actividad y realizar estimaciones del impacto económico que pueden generar 'shocks' de naturaleza económica, social o ambiental, como podría ser la supresión del Trasvase. El informe plantea dos escenarios alternativos sobre la disponibilidad de agua trasvasable. El primero contempla la reducción del 50% del volumen trasvasable del agua disponible en la actualidad, que tiene un impacto estimado en la producción de la pérdida de 870 millones de euros, una caída del valor añadido de algo más de 400 millones de euros y un descenso de 21.575 empleos.

El segundo escenario se basa en la hipótesis extrema de reducción del 100% del volumen de agua trasvasable para regadío, lo que implicaría una pérdida de producción de 1.740 millones de euros, una reducción del VAB de 802 millones de euros y una reducción de 43.151 empleos.

Las conclusiones del estudio, presentado este jueves en la patronal Croem, justo unos días después de que el Gobierno central haya modificado las reglas de explotación del Trasvase, destacan que el peso que tiene la agricultura regional respecto a España ha aumentado desde el 3,5% de 2010 hasta el 4,5% en 2019. También ha mejorada la dimensión del empleo agrario regional en el conjunto nacional, pasando del 7,8% en 2010 al 8,1% en 2019.

Según las conclusiones del estudio, las ramas agrarias vinculadas al agua trasvasada son los cereales y otros cultivos extensivos, horticultura, frutas frescas, cítricos y vitivinicultura, olivar y otros cultivos leñosos. Las hortalizas obtienen un valor de producción de 882 millones de euros; las frutas frescas, 508 millones; y los cítricos, 440 millones, «cifras que permiten considerar estas actividades muy competitivas y determinantes para la generación de renta y empleo en la Región». Las actividades agrarias mantienen 65.595 empleos, un 12,8% del empleo regional.

Las actividades agrarias concentran el 12,8% del empleo, según el informe dirigido por el investigador José Daniel Buendía

La presentación del informe concentró este jueves en la Croem a los representantes de los regantes y los productores, quienes junto al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, cerraron filas en la defensa del Trasvase e insistieron en su denuncia por la reducción de los caudales. López Miras destacó que la reciente reforma de las reglas de explotación del Tajo-Segura aprobada por el Consejo de Ministros «es una estocada de muerte al Trasvase, pero ni nos van a callar ni nos van a parar».

Para el presidente de Proexport, Juan Marín, «las cifras son concluyentes, y dejan clara la importancia de la infraestructura vital, que lleva años aportando riqueza y bienestar». El presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, anunció que utilizará los argumentos planteados «en las alegaciones que estamos preparando en el esprint final de la planificación. Es un momento histórico y es importante que la sociedad civil se posicione con respecto a medidas políticas».

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