El CES critica la falta de dinero para la protección de espacios naturales en el nuevo plan del Altiplano
El órgano consultivo de la Comunidad cree necesario establecer más ayudas para los agricultores de zonas esteparias y señala la «falta de transparencia» durante la tramitación del proyecto
El plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano, que acumula un retraso en su aprobación de doce años, está más cerca de ponerse en marcha tras recibir el visto bueno del Consejo Económico y Social. El órgano consultivo del Gobierno regional ha emitido un dictamen favorable, pero donde también pone reparos a la Consejería de Medio Ambiente por diversos motivos, entre ellos la falta de financiación para las medidas que se pretenden implantar. El documento viene a regular los usos permitidos en todas las áreas de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Yecla y Jumilla, en concreto, sobre 17.946,96 hectáreas.
La gestión de estos espacios se reflejaría en 37 acciones pendientes que abarcarían desde la adquisición de terrenos forestales o agrícolas hasta el seguimiento con censos de la fauna y la flora local, análisis de los efectos del cambio climático, restauración de arenales, conservación del Monte Arabí, mantenimiento de barbechos o cuidado de las zonas esteparias. El presupuesto total para estas medidas, que se ejecutarían a lo largo de seis años, llega a los 6,5 millones de euros, pero Medio Ambiente suma a esta cuenta otros 6,8 millones que ya están fijados en el plan rector que regula el Parque Regional de la Sierra del Carche, documento que se integrará en el nuevo proyecto.
Frente a esta previsión económica de la Consejería, la institución dirigida por José Antonio Corbacho señala que esa cantidad global que supera los 13 millones de euros es «claramente insuficiente», sobre todo en lo que se refiere a la compra de parcelas privadas (400.000 euros) en zonas protegidas y por la falta de compensación económica para los agricultores con explotaciones de secano cerealista en las estepas de Yecla, que tienen prohibido transformarlas a regadío o a secano de arbolado. La PAC tiene una línea financiera que contempla una ayuda para preservar las zonas agrarias con aves esteparias en la Región de Murcia, pero el CES cree que se debería ampliar esa dotación por las restricciones planteadas al sector primario en áreas de Red Natura 2000.
La queja por la falta de transparencia en la tramitación del plan viene al hilo de lo anterior, ya que el CES desvela que no se respondió a las alegaciones de la patronal Croem y la organización agraria COAG, lo que motivó el voto en contra de ambas entidades al plan en el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente. Junto con esto, subraya que «hubiera sido conveniente reforzar la información pública en el ámbito local del territorio afectado», implicando más a los ayuntamientos de Yecla y Jumilla.
El órgano consultivo incide en que «se debería estudiar y programar detalladamente las ayudas y compensaciones adecuadas a los agricultores afectados» (un tercio de la superficie del plan es agrícola), mientras que, respecto a la adquisición de fincas, concluye que es «imprescindible la elaboración de una estrategia regional que establezca los criterios que permitan disponer de una planificación adecuada» para las compra de terrenos por parte de la Administración regional, «así como de las actuaciones de custodia del territorio» en los espacios protegidos de la Región de Murcia.
A su vez, el Consejo pide incluir en el plan una mejor coordinación normativa de los documentos que rigen las actividades en el Monte Arabí y la Sierra de las Salinas, aspecto que regula la ley regional de Ordenación y Protección del Territorio. El CES reclama a Medio Ambiente establecer un plazo de medio año para formar la comisión de participación prevista en los espacios de Red Natura 2000 del Altiplano, dado «los precedentes de retrasos en la constitución» de estos órganos en otros espacios protegidos.
Permisos y prohibiciones
El plan de gestión integral contempla las sierras de las Salinas, el Carche, el Buey, el Serral, las estepas de Yecla y el Monte Arabí. El documento establece la obligación de solicitar una autorización ambiental, previa evaluación, para cualquier obra o actividad que cambie el uso del suelo y elimine la cubierta vegetal. Sin embargo, sólo sería necesaria realizar una comunicación previa para la transformación de cultivos de secano a regadío en espacios protegidos de la Sierra del Buey, de la Sierra del Serral y de la Sierra de Salinas. La Consejería ha flexibilizado la prohibición de nuevas explotaciones de ganadería intensiva y permitirá su instalación si pasan una evaluación ambiental, y solo será necesario una comunicación previa para ampliar las explotaciones ya existentes, aceptando así las alegaciones del sector primario.
Medio Ambiente sí rechazó, por otro lado, levantar la prohibición a los cultivo de regadíos para que se implanten en la ZEPA 'Estepas de Yecla', donde habitan especies protegidas que también llevan años esperando el plan de recuperación de las aves esteparias. Esta decisión ha sido criticada por «organizaciones socioeconómicas y numerosos particulares», ya que en otras zonas esteparias como los Llanos del Cagitán (plan de gestión del Noroeste) este cambio no está prohibido. La Consejería también ha rebajado las exigencias para permitir la escalada en el Monte Arabí.
El plan para las zonas protegidas del Altiplano es uno de los seis documentos que esperan su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia tras más de una década de retrasos: Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de Las Cabras; Saladares del Guadalentín; El Valle y Carrascoy; Costa Occidental de la Región y Sierras de Cartagena.
