Cerdá echa las culpas del agujero de la desaladora a la crisis económica

Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura y Agua de varios gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, abrió ayer la ronda de comparecencias de los investigados en las diligencias sobre la gestión de la desalinizadora de Escombreras, denominadas policialmente 'caso La Sal'. Aunque aseguró que no quería eludir sus responsabilidades en este asunto, con el que se investiga una supuesta malversación multimillonaria, pero que de cualquier forma ha acabado siendo una operación ruinosa para las arcas públicas, Cerdá explicó que sus muchas obligaciones públicas le impedían estar «en el día a día» de la gestión del Ente Público del Agua (EPA) y, más concretamente, de la planta desalobradora.

Fuentes próximas a esta investigación judicial señalaron que el exconsejero explicó que el EPA funcionaba de forma casi autónoma, mediante una orden de delegación de funciones dictada por la Consejería, y que quien se encargaba de las decisiones diarias era el gerente, en clara referencia a la labor desempeñada por el también imputado Amalio Garrido. Igualmente señaló que la marcha de ese ente público era supervisada continuamente por el Consejo de Administración, del que formaban parte representantes de varias consejerías, incluida la de Hacienda, y puso como prueba el hecho de que existen cerca de treinta actas levantadas sobre estas reuniones.

A preguntas, primero, de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, y seguidamente de la fiscal María Isabel Neira, el antiguo alto cargo de Valcárcel indicó que el EPA se creó «siguiendo directrices políticas» y un mandato de la Asamblea Rdegional, con el objetivo de facilitar caudales a los municipios de la Región. De esa forma se podrían garantizar los abastecimientos para los nuevos desarrollos urbanísticos, que se estaban encontrando con los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por no tener garantizado el suministro de agua.

En esa línea, siempre según las fuentes mencionadas, explicó que todas las decisiones se adoptaron por Consejo de Gobierno y que estaban avaladas por informes de los servicios jurídicos, que en ningún momento se habrían quedado al margen de este proyecto y que no habrían puesto «tacha alguna».

Cerdá aseguró que la planta desalobradora se proyectó con el propósito de que fuera autosuficiente desde un punto de vista financiero, ya que estaba previsto que se sufragara con los fondos aportados por los ayuntamientos a cambio de los caudales que iban a recibir. Sin embargo, señaló que con la llegada de la crisis económica todo se fue al traste, ya que los proyectos urbanísticos acabaron por no desarrollarse y ello acabó con la demanda de caudales prevista. «Hubo un daño en cadena», vino a manifestar.

En base a toda esa argumentación, el investigado rechazó que se hubiera orquestado algún tipo de plan delictivo para saquear las arcas de la Administración regional, como se sospecha desde la Fiscalía Superior de la Región. No en vano, en estas diligencias se investigan las razones por las que desde la Consejería de Agricultura se asumieron compromisos de pago de 600 millones de euros por la explotación de la planta durante 25 años, incluyendo una cláusula que obliga a realizar tal desembolso aunque no se produjera caudal alguno de agua.

Los presuntos delitos investigados en las diligencias del 'caso La Sal' son los de prevaricación, falsedad documental, delito societario, fraude, malversación de caudales e insolvencia punible, entre otros.