Cerdá defiende la legalidad de su actuación en torno a la desaladora de Escombreras

El exconsejero de Agricultura y Agua del gobierno murciano Antonio Cerdá defendió este martes la legalidad de su gestión en torno a la desaladora de Escombreras al declarar como investigado en la causa abierta en un Juzgado de Instrucción de Murcia por las presuntas actividades ilícitas que se habrían cometido en la construcción y gestión de la misma.

Fuentes de la investigación han dicho que Cerdá ha manifestado que, en contra de lo sostenido por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), el Ente Público del Agua (EPA) que él mismo presidió y que tuvo un papel relevante en todo lo referido a la desalinizadora no se creó para eludir las obligaciones impuestas por la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Para Cerdá, se trataba de poner en marcha un organismo especialmente dedicado a la gestión del agua y contribuir así a las medidas implantadas por la administración regional para combatir el déficit hídrico que padece la Región de Murcia.

En su opinión, si en un momento determinado se acordó comprar con capital público las participaciones de las empresas privadas que habían promovido la construcción de esta planta, ubicada en el Valle de Escombreras, fue movidos por la idea de que la operación podía ser positiva en la gestión de los escasos recursos hídricos de la cuenca del Segura.

La declaración del que fuera consejero de Agricultura y Agua ha estado seguida por la de un segundo investigado, Amalio Garrido, que fue gerente del EPA desde octubre de 2005 hasta mayo de 2008, en que fue relevado por José Manuel Ferrer, que declarará el miércoles en la misma condición.

Estas citaciones, que continuarán el miércoles y en días posteriores, afectan a una quincena de investigados, entre personas físicas y representantes legales de las empresas que impulsaron la construcción de la desalinizadora y tienen su origen en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga los hechos.

Este órgano jurisdiccional, en una resolución dictada el pasado marzo, acordó levantar el secreto que pesaba sobre las diligencias judiciales, que habían sido incoadas en abril de 2016, y ordenó la toma declaración de estos investigados.

El auto adelantaba que los hechos habrían supuesto, presuntamente, un importante perjuicio para los fondos públicos, en beneficio del capital privado, y señalaba también que la querella presentada por la fiscalía apuntaba a la posible comisión, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, delitos societarios y falsedad documental.