Cerco a las lanchas en las que viaja el hachís a la costa de la Región de Murcia
Las pesquisas de Guardia Civil y Aduanas destapan las andanzas de una red, asentada en San Javier, dedicada a trasladar alijos en 'narcolanchas'
ALICIA NEGRE
Domingo, 26 de febrero 2023, 23:46
La incautación del gran alijo es normalmente el premio final. Tras meses de pesquisas y seguimientos, los investigadores destapan una pila de fardos y, con ella, la recompensa a su esfuerzo. Pero esta historia sucede al revés. Arranca por el final. Comienza en la noche del 21 de noviembre de 2021 cuando la Guardia Civil detectó una 'goma', junto a Isla Grosa, en San Javier, con el buche lleno de resina de hachís. Hasta 3.100 kilos de esta droga rumbo al puerto de Tomás Maestre que acabaron en la patrullera junto a los dos únicos detenidos en ese golpe: los jóvenes que tripulaban la barcaza.
Este golpe, lejos de ser el final del caso, se convirtió en el hilo del que los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) del Instituto Armado y de Vigilancia Aduanera comenzaron a tirar para desenmarañar los entresijos de una organización supuestamente dedicada a la introducción de grandes cargas de hachís en narcolanchas por La Manga y otras zonas de la costa de la Región. Las pesquisas, que los agentes desplegaron de forma secreta durante meses, culminaron la pasada semana con la detención de siete hombres en San Javier y Cartagena presuntamente relacionados con esta organización. Cinco de ellos ingresaron en prisión.
Una Fiat Ducato blanca
El primer objetivo de los agentes fueron las cámaras de seguridad del puerto Dos Mares, en La Manga, donde estaba atracada la embarcación que fue interceptada cargada con el hachís. Esas imágenes ofrecieron las primeras pistas del caso en forma de vehículos: un Seat Ibiza negro y una Fiat Ducato blanca. Ambos habían sido contratados en una empresa de alquiler de coches de Cartagena y hasta allí se desplazaron los agentes para seguir el curso de un hilo que les iría, poco a poco, ofreciendo respuestas. En la empresa de alquiler de coches los guardias escucharon, por primera vez, el nombre de Miguel V., 'El Mochuelo', uno de los presuntos integrantes de la organización. Comprobaron, además, que, tras devolver la furgoneta, ésta tenía un fuerte olor a gasolina, por lo que sospechan que sirvió para trasladar el combustible necesario.
El EDOA advierte de que se incrementan los alijos en la costa de la Región debido a la lucha contra el 'narco' en el Estrecho
La vigilancia de este primer sospechoso acabó poniendo a los agentes tras la pista de otro de los nombres clave en esta trama: José A.R., 'El Lute'. Las pesquisas de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera sobre este vecino de Cartagena destaparon, según se refiere en el atestado trasmitido al juez instructor, su relación con el propietario de la embarcación en la que se descubrieron los 3.100 kilos de resina de hachís.
Las vigilancias de sus idas y venidas permitieron, además, a los investigadores localizar una empresa de automoción de la diputación cartagenera de Santa Ana que supuestamente estaba siendo utilizada por la red como tapadera y escondite para preparar y acondicionar las embarcaciones antes de su botadura.
Un nexo de años atrás
Los seguimientos y 'pinchazos' telefónicos desplegados durante estos meses facilitaron, asimismo, que los agentes establecieran un nuevo vínculo que resultaría crucial para acabar de desenmarañar la trama. Los agentes relacionaron a 'El Lute' con Mostapha M., otro de los detenidos en este golpe. Ambos fueron detenidos por la Policía Nacional –junto a un tercero– en marzo de 2010 en la playa de la localidad almeriense de San Juan de Terreros por su supuesta implicación con un alijo de hachís –cuya introducción fue frustrada– en una embarcación.
La Guardia Civil relaciona, además, a ambos con otro presunto alijo de hachís que, sospechan, fue desembarcado en el puerto de Los Urrutias en la madrugada del 1 de julio de 2021. Ese día las cámaras captaron varias veces un coche que en aquella fecha era propiedad de 'El Lute' y otro que figuraba a nombre de una empresa administrada por Mostapha M. y su mujer.
En el transcurso de esta investigación, que permaneció meses bajo secreto de sumario, los agentes también siguieron la pista a 'El Lute' y 'El Mochuelo' en el viaje que realizaron a una nave que Mostapha tiene en una localidad de Jaén. El presunto objetivo de ese viaje era «ir a por agua», como se conoce en la jerga el dotarse de combustible para asumir el viaje de las 'narcolanchas'. Realizado ese viaje, los guardias decomisaron, en la sede de la empresa de la diputación cartagenera de Santa Ana, 142 garrafas de 25 litros de gasolina y una embarcación neumática semirrígda de 14 metros de eslora y con tres motores fueraborda.
El EDOA, en su atestado, al que LA VERDAD ha tenido acceso, explica que, en los últimos meses, fruto del esfuerzo que se está realizando en la zona del Estrecho y el campo de Gibraltar para batallar con los 'narcos', que tratan de introducir alijos de drogas desde Marruecos, éstos están desplazando su actividad a otros puntos de la costa española. Advierte de que se está experimentando un incremento de alijos en la costa de la Región, Almería y Granada. Para muestra, un botón. Las 'narcolanchas' y todo el negocio que generan a su alrededor ya no son algo exclusivo de las costas andaluzas y los investigadores batallan duro para poner cerco a las redes que buscan llenarse los bolsillos con el ir y venir de las 'gomas'.
Las defensas reclaman la libertad provisional de los acusados
Los abogados defensores de los siete presuntos integrantes de esta banda que ingresaron en prisión reclamarán su libertad provisional alegando que «ya no existe ningún peligro para la investigación, de la que ya se ha levantado el secreto, riesgo de fuga o de reiteración delictiva por cuanto se trata de personas sin ningún tipo de antecedente penal o policial». Los letrados Pablo Martínez y Ángel Parra se encargan de la defensa de tres de los procesados en esta causa, en la que también están personados otros abogados, como Antonio Casado y Francisco Belda. Lamentan que se imponga prisión provisional a acusados, comos sus clientes, que cuentan con una familia y un trabajo que acredita el arraigo. «Estamos ante un asunto de gran complejidad y extensión, en el que primero se incautó la droga y luego se ha realizado la investigación», recalca Pablo Martínez. «Primero debemos descubrir cómo se intervino ese hachís y después analizar si existen pruebas que relacionen a nuestros clientes con esa sustancia».
