Mas de un centenar de detenidos por crear contratos falsos a extranjeros ilegales en Murcia y otras provincias

La Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante desarticularon un presunto entramado criminal cuya actividad principal consistía en el favorecimiento de la inmigración ilegal. Entre los responsables destacó como cabecilla un hombre español de 74 años. Los ahora detenidos creaban falsos contratos de trabajo a cambio de elevadas sumas de dinero que exigían a los extranjeros implicados en diferentes provincias, una de ellas, Murcia.

El inicio de la investigación se remonta a principios del año 2022. En ese momento un ciudadano de origen argelino puso en conocimiento de la Policía Nacional una serie de hechos de carácter delictivo. Esta persona abonó la cantidad de 3.500 euros a un «empresario» para que este, a cambio, le proporcionase un contrato de trabajo y le diera de alta en la Seguridad Social.

Los contratos obtenidos por los ciudadanos extranjeros ilícitamente eran utilizados posteriormente para la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en su modalidad de arraigo social. Con ello, por lo tanto, se podría conseguir regularizar la situación en España ilícitamente.

Al hilo de esta primera denuncia se localizaron, al menos, otras cuatro víctimas más, también argelinas, que del mismo modo habían pagado por contratos ficticios con diferentes empresas. Siguiendo las pistas se pudo dar con el presunto cabecilla del entramado criminal y se comprobó que actuaba con los administradores de varias empresas, por lo que valiéndose de la personalidad jurídica de estas, vendía los citados contratos por cantidades comprendidas entre los 1.000 y los 6.000 euros a cada persona. La organización se componía asimismo de otros individuos extranjeros que realizaban la función de intermediarios y se encargaban del proceso de captación.

Durante la investigación se analizaron más de 150 expedientes en los que se emplearon contratos con hasta ocho diferentes empresas relacionadas con la organización criminal, que solicitaban la apertura de dichos expedientes en diversas Oficinas de Extranjería repartidas por las provincias de Alicante, Murcia, Toledo, Huesca, A Coruña y Navarra.

Las pesquisas llevaron a los investigadores a la comprobación de los emplazamientos que figuraban en los contratos, resultando que las direcciones eran inexistentes, pertenecían a locales abandonadas, negocios cerrados, descampados, urbanizaciones privadas o bien bloques de pisos residenciales sin actividad económica. Todo ello evidenciaba claramente la ilegalidad de las contrataciones.

Una vez acumulados todos los indicios y pruebas, los agentes consiguieron alumbrar el modo de proceder de la organización criminal investigada. Esta se enriquecía a costa de la necesidad de los inmigrantes que precisan regularizar su situación. Los agentes procedieron entonces a la primera fase de explotación en agosto de 2023, si bien, se produjeron más detenciones en los meses posteriores, entre el mismo año 2023 y el 2024.

Durante la investigación se realizaron un total de 110 detenciones, 83 varones y 27 mujeres. Entre los delitos cometidos se encuentran el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (concretamente el de facilitación de la inmigración irregular), falsedad documental, estafa, fraude a la Seguridad Social e incluso delito contra la seguridad vial. También se investigan ocho empresas utilizadas para llevar a cabo las contrataciones fraudulentas y se detuvo a nueve de sus administradores.

Se calcula que el rango medio de dinero exigido al inmigrante por cada contratación fraudulenta estaría entre los 2.500 y 3.500 euros, pudiendo obtener un beneficio estimado de casi un millón de euros (980.000€) dicha organización criminal desarticulada. Enumerando los diferentes países de los que son originarios los detenidos, se encuentran Argelia, Marruecos, España, Colombia, Ecuador, Bangladesh y Polonia.

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