Celaá cambiará su reforma con propuestas del Consejo Escolar y de las autonomías

La consejera de Educación, a la derecha en primer plano, durante la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra Isabel Celaá, en el centro de la imagen. / efe
La consejera de Educación, a la derecha en primer plano, durante la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra Isabel Celaá, en el centro de la imagen. / efe

El 'no' definitivo del PP condena a la ministra a lograr el respaldo de los nacionalistas y Podemos para aprobar la nueva ley educativa

A. TORICES y FUENSANTA CARRERES MADRID.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, completó ayer el último trámite preceptivo para que el Consejo de Ministros pueda aprobar en breve y de manera definitiva el proyecto de nueva ley de educación. Antes, la ministra modificará el actual anteproyecto para incorporar parte de las enmiendas que le han presentado los gobiernos autonómicos y la comunidad educativa -representada en el Consejo Escolar del Estado-, según se comprometió ayer con los consejeros del ramo, a los que reunió en conferencia sectorial para exponerles su reforma legislativa.

La idea del Ejecutivo es remitir el proyecto de ley en febrero al Congreso para que tramite la que sería la octava ley educativa de la democracia, que, en caso de ser aprobada, derogará la Lomce de Juan Ignacio Wert -solo apoyada en 2013 por el PP- y modernizará la última ley educativa socialista, la LOE de 2006.

Todos los consejeros de Educación hicieron ayer una valoración positiva del borrador de reforma gubernamental salvo los cinco del PP -Murcia, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Madrid-, que lo descalificaron por completo, ratificaron que el 'no' de su partido es definitivo y que cuando el proyecto llegue al Congreso presentarán una enmienda a la totalidad con su propia ley alternativa. Solo ven una reforma «ideológica» del gusto de los independentistas que rebaja la exigencia y limita la capacidad de elección de los padres: «Una chapuza cósmica» y «una vuelta al pasado».

Martínez-Cachá denunció que supone «una vulneración flagrante de la libertad de los padres para elegir centro y modelo»

El respaldo a la norma de las ocho autonomías gobernadas por el PSOE fue total y las cuatro vinculadas a formaciones nacionalistas, País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias, dejaron la puerta abierta a negociar su apoyo siempre que se respeten sus propuestas. El 'no' rotundo del PP, sumado a la negativa a respaldar una reforma educativa sin amplio consenso ya anticipada por Ciudadanos, condena a Celaá a conseguir el apoyo parlamentario de al menos la misma mayoría coyuntural que permitió el desalojo de La Moncloa de Mariano Rajoy -Podemos, PNV, ERC y PDeCAT- si quiere lograr los 176 escaños que se necesitan para aprobar una ley orgánica, como es el caso. Unidos Podemos ya ha avisado al Gobierno de que, ahora, no cuenta con sus votos. Le exige la Religión fuera del horario escolar y liquidar los conciertos con centros privados en Bachillerato y FP.

Entre las voces en contra, se escuchó en Madrid la de la consejera de Educación murciana, Adela Martínez Cachá, quien denunció «la imposición de un modelo fracasado y una vuelta al pasado», y lamentó que «este proyecto de ley recupera la LOE, con la que se alcanzaron las cifras más altas de fracaso escolar y abandono educativo».

Martínez Cachá criticó que el Gobierno central «pretende dar una mayor autonomía a las comunidades autónomas en materia educativa; no queremos 17 sistemas educativos diferentes en nuestro país». El texto «solo sirve para complacer a independentistas y a populistas; se quiere volver al sistema anterior, en el que se deja a las comunidades autónomas el control sobre la lengua, de manera que no se garantiza el dominio absoluto del castellano». Además, denunció que el texto de la reforma «supone una vulneración flagrante de la libertad de los padres y madres respecto a la capacidad de elección de centro y al modelo educativo que quieren para sus hijos. Defendemos el derecho de las familias que demandan que sus hijos cursen la asignatura de Religión, que en nuestra comunidad cursan cerca del 70% de alumnos, y lo hacen porque así lo eligen ellos o sus familias en total libertad».

El anteproyecto de reforma incluye medidas como dejar la asignatura de Religión fuera de la nota media, incluir una nueva materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, devolver la obligatoriedad de Filosofía y permitir que un estudiante obtenga el título de Bachillerato con una asignatura suspensa. El borrador también elimina la «demanda social» como criterio para la planificación escolar, una medida rechazada por los centros concertados porque, entienden, limitará sus posibilidades de crecimiento.

Las comunidades gobernadas por el PP también tildaron de «disparate» la propuesta «al por mayor» de Vox de devolver competencias de Educación tras el encuentro.