Urbanismo alega desconocimiento al aceptar un solar con residuos mineros

Esas son dos de las preguntas que ha venido a plantear la asociación Ecologistas en Acción a la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, que investiga la contaminación del colegio público San Ginés de la Jara, a propósito de los riesgos por metales pesados detectados en el solar conocido como Balsa San Agustín. Ecologistas, que presentó una denuncia contra el Consistorio y la empresa Portmán Golf, propietarios de la parcela a partes iguales, busca aclarar lo sucedido con esta «zona verde» en el expediente administrativo de la Unidad de Actuación 4 de Llano del Beal (UA4-Llano).

«La titularidad del depósito de residuos corresponde al Ayuntamiento y a Portmán Golf SL, por lo que la obligación de restauración corresponde a ambos. La titularidad del Ayuntamiento proviene de una cesión realizada en el año 2003 por la empresa Asfaltos Bituminosos SA [Asbisa], titular anterior, dentro de una actuación urbanística que se consolidó en 2007», explica Ecologistas al juzgado. En esta causa interviene también la Fiscalía.

En el escrito, al que ha accedido LA VERDAD, Ecologistas añade que «en el momento de la aprobación definitiva» del plan, eran de aplicación a disposiciones legales de ámbito nacional y europeo sobre residuos y suelos contaminados.

Ecologistas recuerda al juzgado que los vecinos recubrieron la balsa con una capa de tierra vegetal y plantaron árboles en la zona hace dos décadas. Y expone que la erosión del suelo por el viento y la lluvia convierte «este depósito de residuos peligrosos en un riesgo no apto para la salud de las personas y los ecosistemas» como «ha sido puesto de manifiesto en distintos informes y denuncias».

Entre otros estudios, cita los elaborados por el Ayuntamiento, por la Guardia Civil y por la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor. A raíz de una denuncia del edafólogo José Matías Peñas, quien colabora con Ecologistas, la Consejería de Medio Ambiente forzó a la de Educación a pavimentar el patio de la escuela, situado «a 10 metros».

Fuentes de la Concejalía de Urbanismo, que dirige la también alcaldesa Ana Belén Castejón, indicaron que la propiedad municipal ocupa 3.000 metros cuadrados en la UA-4 de Llano del Beal, «cuya gestión fue aprobada por la Junta de Gobierno Local en 2003, en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de 1987». Hace 16 años, gobernaba en solitario el PP, con Pilar Barreiro en la alcaldía. Ahora, los populares forman el Ejecutivo con los ediles expulsados del PSOE, entre ellos Castejón, y con Ciudadanos.

La parcela, indicaron en Urbanismo, «está clasificada como equipamiento y la elección por parte del gobierno de entonces se pudo deber a que, en aquel momento, el interés vecinal se centraba en la consolidación del Llano del Beal como núcleo de población». «La ubicación de esa zona se podría justificar por ser la más fácil para la unidad de actuación. No podría plantearse por el Este, al estar limitada por la rambla de Mendoza, y al Norte y el Oeste por estar el núcleo urbano», agregaron.

En la Concejalía aseguraron que, «en 2003, nadie determinó oficialmente que fueran suelos contaminados y, por tanto, no se evaluaron los riesgos generados por la presencia de metales pesados; de hecho, la balsa se restauró a finales de los años 90 con tierra vegetal y una repoblación». Por último, indicaron que «la balsa no está dentro del catálogo de instalaciones mineras de la Dirección General de Minas».

El Ayuntamiento ha gastado este año 5.600 euros en analizar la terrera y ha hallado riesgos por «contacto e ingestión accidental» de seis sustancias: cadmio, cromo, cobre, zinc, arsénico y plomo. Según fuentes de la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Cristina Mora (del PP), la restauración costará 120.000 euros. La previsión es vallar la zona la próxima semana y licitar las obras en breve.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente aseguraron que «el origen de la balsa y el hecho de si está catalogada como tal corresponden a la Dirección General de Minas». «Nosotros pedimos un estudio de riesgos para la zona urbana colindante, por el posible lixiviado y el transporte eólico», informaron. Y comentaron que, en el caso de Portmán Golf, esperan datos definitivos.

«No tenemos constancia de estos residuos, porque no provienen de ninguna balsa inventariada en la Dirección General», afirmaron en Minas. Ecologistas responde que los residuos proceden de la antigua mina Príncipe Alfonso, de Portmán Golf, y que el riesgo ha sido infravalorado, por no haber sido analizada toda la finca.