El TSJ tumba otra vez la declaración de la Sierra Minera como Bien de Interés Cultural

La resolución, que la Comunidad recurrirá ante el Supremo, amenaza la efectividad de medidas de conservación y recuperación de decenas de elementos del paisaje minero, como castilletes, casas de máquinas, chimeneas y hornos por parte de los propietarios y, de forma subsidiaria, de la Administración.

En una sentencia que lleva fecha de 5 de noviembre, y a la que ha tenido acceso 'La Verdad', la Sala de Lo Contencioso Administrativo del TSJ ha estimado el recurso que presentó el año pasado la empresa Fermín Martínez García e Hijos SL, propietaria de terrenos en la zona y a cuya acción se sumó la mercantil Emasa Empresa Constructora SA. Esta última es propiedad del conocido constructor y promotor de centros comerciales Tomás Olivo, quien tiene interpuesto otro recurso y quien hace tres años destacó por conseguir, en este mismo tribunal, la anulación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Cartagena. El Supremo confirmó este fallo en 2016, cuyos efectos en los ámbitos de la construcción y de la industria aún tratan de paliar la Comunidad y el Ayuntamiento.

Los magistrados del caso de la Sierra Minera han anulado, ahora, el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 7 de octubre de 2015, por el que este órgano declaró BIC la Sierra Minera, con la categoría de sitio histórico. Con el visto bueno de los técnicos, el Ejecutivo regional, entonces con Pedro Antonio Sánchez de presidente y Noelia Arroyo de consejera de Cultura, dio el último paso al expediente que inició el 5 de noviembre de 2012 la Dirección General de Bienes Culturales. En esta última fecha, el presidente era Ramón Luis Valcárcel y el consejero, Pedro Alberto Cruz.

El tribunal considera que la decisión vulneró el artículo 9.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985), pues antes de incoar un nuevo expediente la Comunidad debió esperar tres años, a contar desde la sentencia por la que el TSJ anuló, en octubre de 2010, la declaración de BIC. Esta resolución fue ratificada, incluso, en julio de 2012 por el Supremo, que desestimó el recurso de la Comunidad y recordó que la lentitud autonómica llevó a que el expediente de catalogación del BIC caducara el 3 de julio de 2006. Cuando un día después, el 4 de julio de aquel año, la administración dio el paso necesario para dar el máximo blindaje cultural legal a la Sierra Minera, ya era tarde.

Fuentes del Gobierno regional destacaron ayer que la nueva sentencia del TSJ señala un aspecto «formal, que no de contenido», puesto que no cuestiona ni el criterio de delimitar la Sierra como conjunto histórico, en lugar de catalogar cada elemento de forma individualizada, ni que concurran los requisitos legales para proteger la zona en su integridad. La Consejería de Cultura, que dirige Miriam Guardiola, mostró asimismo su confianza en que el Supremo acabe dándole la razón, y recordó que, entre tanto, el BIC sigue activo a todos los efectos.

En este departamento subrayaron que, en los tres últimos años, esta catalogación ha permitido avanzar sobre todos estos aspectos: la lucha contra el expolio, con la detención de los ladrones y la localización de los bienes robados por parte de los equipos Roca de la Guardia Civil; la realización de un inventario de elementos de valor, en cooperación con la Fundación Sierra Minera; el diseño de intervenciones de consolidación y restauración, de la mano de los propietarios de los bienes; y la difusión de los valores de la Sierra. En Cultura se refirieron también a la declaración específica de BIC del malacate minero de madera de Cantera Emilia , propiedad de Portmán Golf.

Una asignatura pendiente es obligar a los dueños de las antiguas explotaciones a abrir a las visitas de los ciudadanos sus instalaciones. Deben hacerlo al menos cuatro veces al mes y de forma gratuita, como ha aprobado la Asamblea Regional.