Los tres partidos buscan cómo fusionar programas que chocan en urbanismo y política comercial

Obras de Sor Francisca Armendáriz, retomadas hace unos días. / J. M. R.
Obras de Sor Francisca Armendáriz, retomadas hace unos días. / J. M. R.

El Ejecutivo afronta el reto de gestionar las diferencias sobre Novo Carthago, el nuevo Plan General y el horario de las grandes superficies

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

Concejales y asesores de los tres partidos que integran el nuevo Gobierno local empezaron ayer la labor de encaje de bolillos de fusionar en un plan de acción sus distintos programas electorales, más allá de las grandes declaraciones de intenciones del acuerdo para los próximos cuatro años. Miembros de los equipos municipales de PP, PSOE y Ciudadanos, todos ellos con experiencia en la última legislatura, iniciaron la compleja criba de promesas en materias como urbanismo, comercio y servicios al ciudadano.

Entre los retos del Ejecutivo tricolor están mantener la unidad de acción en la Junta de Gobierno, que le concede amplias competencias en la Ley de Grandes Ciudades, y la mayoría absoluta de catorce votos en el Pleno. El primer órgano estará integrado por nueve concejales: la alcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE); la vicealcaldesa, Noelia Arroyo (PP); y los siete concejales delegados de área.

Uno de los asuntos que pueden generar discrepancias, pues así ocurrió en el anterior mandato, es el macroproyecto urbanístico Novo Carthago. Los socialistas paralizaron la tramitación del expediente administrativo para la construcción de 6.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor, mientras la Justicia resuelve la causa abierta de presunta corrupción en la reclificación de terrenos protegidos. Hay imputados varios exconsejeros y otros altos cargos regionales del PP y funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Acabar las obras iniciadas y licitar las de las cuentas participativas son dos de las tareas urgentes, junto a impulsar el Plan Rambla

El anterior gobierno, del PSOE, pidió al Gobierno autónomico, que podría continuar en manos del PP con el apoyo de Cs, que solicitara un informe al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Pero, según fuentes de esta institución, por ahora no ha recibido ninguna solicitud sobre este asunto.

Reclamación millonaria

Los populares, que apoyaron la reclasificación de los suelos con Pilar Barreiro en la alcaldía, criticaron el bloqueo aprobado por Castejón, ante el riesgo de tener que pagar una indemnización de hasta 30 millones de euros a la promotora de la urbanización, Hansa Urbana. MC pretendía desbloquear el expediente desde su ahora frustrado gobierno en minoría, hasta disponer del informe del Consejo Jurídico.

En conexión con el tema anterior, la nueva corporación debe elaborar el nuevo Plan General Municipal de Ordenación Urbana. Los tres partidos ahora aliados, al igual que MC, impulsaron dos reformas parciales de la normativa, tras la anulación del Plan General de 2012 en los tribunales. Pero el fracaso judicial y administrativo de ambas estrategias, a las que solo se opuso Podemos, abocó a la apertura de un proceso de redacción de un Plan desde cero, en el que está por ver si Castejón, que se ha reservado el área de Urbanismo, cederá ante vecinos y ecologistas para recuperar el grado de protección que la ribera tenía en 1987.

Hasta ahora, el PSOE ha combinado un discurso de blindaje de la laguna y de impulso regional de una moratoria urbanística, con la negativa a negociar con empresas que tienen derechos consolidados, para evitar edificaciones. Ejemplos son un hotel en Los Urrutias y un complejo de viviendas en Playa Paraíso.

Otra de las cuestiones controvertidas es la posible modificación de la normativa que permite la apertura extraordinaria de comercios los domingos en las áreas de afluencia turística. Mientras los socialistas dejaron abierta la puerta a alguna restricción de la actividad de las grandes superficies (El Corte Inglés y Espacio Mediterráneo), por petición del comercio tradicional y del sindicato CC OO, PP y Cs defendieron la regulación actual, para mantener decenas de puestos de trabajo.

Presión en Madrid y Murcia

A corto plazo hay tareas urgentes como acabar infraestructuras, como la remodelación del Parque Sauces y la construcción de la plaza en Sor Francisca Armendáriz (Monte Sacro). También está pendiente la licitación de las obras del programa de presupuestos participativos de 2019. Y queda por dar el empujón definitivo a las obras del Plan Rambla, a través del vial definitivo que unirá el estadio Cartagonova con el Palacio de Deportes. Los trabajos corresponden al promotor Tomás Olivo, dueño de las mercantiles Emasa y Cartagena Parque, y el objetivo es haber cumplido con el convenio urbanístico en la fecha tope de octubre de 2020.

Asimismo, el equipo de gobierno tendrá que decidir si elabora un proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para lo que queda de año, teniendo en cuenta que tiene garantizada su aprobación en el Pleno, o si se centra en preparar el del próximo ejercicio. En la actualidad, está prrorrogado el de 2018.

En cuanto a los proyectos estratégicos que dependen de otras administraciones, los socialistas serán clave para presionar en Madrid al Gobierno central para avanzar en la llegada del AVE y en las ayudas para excavar el Anfiteatro. Y populares y Cs serán, si al final se entienden a nivel autonómico, la llave para que el Gobierno regional abra cuanto antes el servicio de Hemodinámica las 24 horas en el Hospital Santa Lucía y dé prioridad a la zona de actividades logísticas de Los Camachos (ZAL), la reforma de la Casa del Niño y del Cine Central y la descontaminación de la Sierra Minera y del Hondón.