Técnicos nucleares admiten falta de control sobre los terrenos con posible radiactividad

El potencial riesgo radiactivo por la acumulación de residuos de fundición de plomo en la antigua parcela de Peñarroya, en Cartagena, y junto al Instituto Sierra Minera y el colegio de educación especial Enrique Viviente, en Cartagena, ha llevado ya a tres administraciones públicas a abrir otras tantas investigaciones. A las indagaciones realizadas por el Ayuntamiento cartagenero y por la Comunidad Autónoma se unirán las anunciadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Al igual que las autoridades municipales y regionales, que ordenaron inspecciones en las citadas zonas hace unos días, los responsables del organismo estatal estudiarán la situación de los terrenos, para evaluar los posibles peligros para la salud de varias poblaciones y para el medio ambiente. Respecto a los vecinos, por cercanía destacan la ciudad de Cartagena (en particular los barrios de Santa Lucía y Lo Campano, Llano del Beal), Estrecho de San Ginés, La Unión y Portmán. Respecto al entorno natural, puede haber transferencia de residuos hacia terrenos agrícolas, ramblas, acuíferos, el Mar Menor y el Mar Mediterráneo.

En todos los casos, las mencionadas entidades públicas han reaccionado ante las denuncias presentadas por el científico cartagenero José Matías Peñas, cuyos avisos de hace dos años sobre la presencia de metales pesados en los colegios públicos de Llano del Beal y Estrecho de San Ginés destaparon la necesidad de pavimentar los patios de ambos centros y adoptar otras medidas de prevención. En el Llano, la Consejería de Educación hormigonó el recinto en el verano de 2017 y en el del Estrecho, estudia hacerlo durante la Semana Santa.

En este contexto de reivindicación de soluciones para la contaminación dejada por los sectores industrial y minero, Peñas amplió ayer su denuncia sobre el abandono de residuos incluidos por la Unión Europea en el catálogo de materiales con radiactividad natural (suelos NORM, según sus siglas en inglés). En sendos escritos dirigidos al CSN -que le ha confirmado el inicio de actuaciones a través de la Subdirección de Protección Radiológica Ambiental) y a la Consejería de Medio Ambiente, el geógrafo ha reclamado una revisión inmediata de 52 emplazamientos «abandonados».

Se trata de la vieja fundición de Peñarroya y de 51 parcelas de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. Los titulares son empresas privadas, entre ellas Peñarroya y Portmán Golf, e instituciones, como la Autoridad Portuaria de Cartagena y Ferrocarril de Vía Estrecha (Feve) y la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Las dos primeras están integradas en el Ministerio de Fomento y la tercera, en el de Medio Ambiente.

La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (Astecsn) destacó la relevancia de las comunicaciones oficiales realizadas por Peñas. «Nos movemos en un ámbito falto de regulación, donde hay mucho camino por delante y en el que estas denuncias pueden resultar decisivas para la protección radiológica del público y del medio ambiente, y para determinar los alcances de las regulaciones futuras sobre los materiales NORM y Tenorm», aseguraron fuentes del colectivo a 'La Verdad'.

Añadieron que «estamos ante un problema no inventariado, al no existir un catálogo de suelos contaminados con radiactividad». Y señalaron que «la variedad de industrias extractivas o de procesado de minerales repartidas por la geografía española que han acumulado residuos radiactivos sin control no se conoce del todo, y requiere la realización de un catálogo exhaustivo». Pese a ello, lamentaron en Astecsn, «hasta el momento, no se ha dotado de recursos al CSN» para llevar a cabo esa labor.

«Como consecuencia, en el CSN no se han estudiado los residuos NORM de la fundición de plomo objeto de la denuncia remitida por José Matías Peñas», dejaron claro en esta agrupación de especialistas. Y, tras subrayar la necesidad de «valorar el riesgo radiológico», para lo que «habría que caracterizar esos terrenos», avisaron: «Hay que tener muy en cuenta que el riesgo de intoxicación puede resultar más elevado que el radiológico, y nada despreciable, por la particular toxicidad del plomo».

En las denuncias enviadas al Consejo, Peñas explica que dentro de los trabajos de investigación que realizó en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), donde se doctoró dentro un programa de minería, medio ambiente y desarrollo sostenible, identificó 52 depósitos de escorias de fundición de plomo.

Según sus datos, estos emplazamientos se extienden sobre 710.531 metros cuadrados, una superficie equivalente a 1.612.204 metros cúbicos y a un peso de 5.642.000 toneladas. De hecho, sostiene Peñas, «estos residuos están siendo dispersados a las aguas continentales y a la atmósfera, como consecuencia de la acción de los agentes erosivos agua y viento, lo que provoca la contaminación de los suelos y del aire envolvente, tanto de los entornos urbanos como de los núcleos urbanos 'stricto sensu'».

Estos focos de emisión de radionucleidos y de partículas PM10 y PM2.5 (derivadas de «los efluentes gaseosos de la termometalurgia del plomo» y compuestas por metales pesados y metaloides como plomo, cadmio, arsénico, zinc y manganeso) «generan una situación de riesgo potencial inadmisible para los ecosistemas y para la salud de las personas». Así lo advierte Peñas, quien hace hincapié en los posibles efectos «de la exposición crónica» a depósitos pendientes de sellar y restaurar desde hace más de 30 años.

En consecuencia, Peñas reclama aplicar el principio de precaución, recogido en el Artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y de la Directiva 2013/59/Euratom, sobre normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Como medida prioritaria, Peñas plantea «cubrir dichos residuos peligrosos con material inerte no contaminado».

Entre los materiales «abandonados» en Cartagena y La Unión, sostiene este científico, hay torio y uranio. Se da la circunstancia de que, en octubre pasado, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) incluyó a Cartagena entre los seis lugares de España afectados por residuos radiactivos, dado que en El Hondón hay Uranio -218. Es un elemento químico cuyo origen está en la actividad de fabricación de abonos y fertilizantes que tuvo hasta 2001 la fábrica Potasas y Derivados (Ercros).

En el caso de El Hondón, el Ayuntamiento trabaja en un proyecto de descontaminación y en el de Peñarroya, se ocupará la Autoridad Portuaria de Cartagena. Respecto a la inspección de esta última zona realizada el 15 de marzo, fuentes del Gobierno regional indicaron que técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente «observaron acumulaciones de materiales de colores negro y amarillo, con granulometría diferente y que el denunciante, presente en la visita, identificó como humos y escorias de fundición».

Añadieron que es «un material que puede quedar en el ámbito de la Directiva 2013/59 Euratom del Consejo de Seguridad Nuclear», y que por lo tanto, «se ha procedido a dar traslado del informe de inspección al CSN, para que informe sobre cómo se debe proceder para comprobar de qué tipo de materiales se trata». Asimismo, la Comunidad ha instado otra vez al propietario a «que lleve a cabo el vallado perimetral de la totalidad de la parcela, para impedir el acceso». Lo mismo reclamó hace meses al Ayuntamiento que haga en El Hondón, donde Ercros aún no ha iniciado las obras.