El TSJ suspende el derribo parcial de la cárcel, para evitar daños irreparables

La cárcel de San Antón, en una imagen de archivo. / antonio gil / agm
La cárcel de San Antón, en una imagen de archivo. / antonio gil / agm

Atiende la solicitud del Ayuntamiento, que pidió a la Comunidad incluir el pabellón de reclusos entre los bienes del penal de San Antón protegidos

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha ordenado suspender el derribo parcial de la cárcel de San Antón, hasta decidir si estima o no el recurso presentado por el Ayuntamiento de Cartagena para incluir el pabellón de reclusos entre los elementos del edificio catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).

En un auto al que accedió ayer 'La Verdad', la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del TSJ argumenta que, si no atendiera la petición de aplazar la demolición, esta haría «ineficaz» el recurso. Si las máquinas echaran abajo el pabellón, como pretende la empresa propietaria del Hospital Perpetuo Socorro para construir un aparcamiento de vehículos, ya no quedaría construcción que proteger. Por lo tanto, el tribunal manda esperar a que haya una sentencia que resuelva el fondo del asunto: si la Comunidad Autónoma, y en concreto la Consejería de Cultura, debe incorporar al Bien de Interés Cultural de la cárcel (inaugurada en 1935) la zona donde estaban los reos, hasta el cierre del penal en 2002.

La representación jurídica del Ayuntamiento advirtió al TSJ de que la concesión de la licencia urbanística de derribo, solicitada por el hospital privado, es un acto reglado. En consecuencia, solo los magistrados podían impedir que la propietaria obtuviera el permiso para tirar un elemento que el Consistorio considera de valor. La Comunidad Autónoma no se opuso a la medida de cautela planteada por la institución local, previo impulso del gobierno de Ana Belén Castejón (del PSOE). Y el TSJ ha accedido a adoptarla.

La empresa sanitaria, que compró el complejo al Estado a principios del año 2017 por 563.500 euros, alegó que el Ayuntamiento no recurrió la autorización de derribo dictada por la Dirección General de Bienes Culturales. El Perpetuo también expuso que el pabellón no tenía ningún tipo de «afectación cultural» cuando lo adquirió, y que tampoco ha recibido ninguna protección cultural por parte de las administraciones regional ni local; y que solo cuando planteó la demolición, el Consistorio reaccionó instando a inventariar el bien.

La corporación local replicó que, en un primer expediente de declaración de BIC, que quedó sin efecto por caducidad, la propia Comunidad metió el pabellón de la discordia entre los elementos que debían seguir en pie en San Antón.