El Supremo tumba definitivamente la revisión exprés del Plan General

En una providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal fechada el pasado día 14 de diciembre, los seis magistrados de la Sección Primera rechazan directamente, sin valoración alguna, los recursos de casación presentados por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena a la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, de abril, de anular por defectos de fondo la revisión urgente del Plan General de 2012, después de que éste fuera anulado en otra sentencia anterior.

A partir de ahora siguen adelante las otras dos vías para dotar al municipio de Cartagena de una normativa urbanística actualizada. Por una parte, la Comunidad Autónoma prepara unas normas transitorias basadas en el Plan General de 1987 -que es el que está vigente desde la anulación judicial del aprobado en 2012 por el equipo de gobierno que presidía Pilar Barreiro-. Con ellas se pretende evitar un parón urbanístico mientras no haya un Plan definitivo, con las consiguientes repercusiones económicas y sociales que tiene un bloqueo de esas características para el municipio. Por otro lado, el Ayuntamiento mantiene sus planes para realizar una revisión más exhaustiva del Plan General, que recoge un proceso de participación ciudadana más amplio y minucioso, coordinado todo ello por una empresa especializada. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y asociaciones como Anse, muy crítica con la gestión del suelo en el área del Mar Menor, han pedido empezar desde cero.

Ni siquiera en el Ayuntamiento tenían el convencimiento de que el TS pudiera darle la razón en su último cartucho judicial. Recurrió porque así lo decidió la pasada primavera el entonces alcalde y concejal de Urbanismo, José López, basándose en el criterio de los técnicos municipales y obviando el de sus socios de gobierno del PSOE, partidarios de interrumpir la batalla judicial tras dos fallos en contra.

A instancias de López, en mayo también se reunió la Mesa para la Revisión del Plan General con representantes de veintiún colectivos ciudadanos pero sin participación de otros muy críticos, como Anse. Tras el relevo en la alcaldía, el pasado junio, no ha habido progresos significativos en el seno de ese foro.

Los mayores avances se dan en las nomas transitorias, que tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Fomento creen que podrían entrar en vigor en el primer semestre de 2018, tras la revisión de alegaciones. Cuando lo haga, tendrá como efecto automático la suspensión durante dos años del Plan General de 1987. Entre tanto, el Ayuntamiento avanzará en la redacción de uno nuevo que acabe con la actual indefinición urbanística, cuya consecuencia es la paralización de proyectos de obra nueva y de ampliaciones industriales en Escombreras.