El Supremo confirma la condena de 4,5 millones al Ayuntamiento de Cartagena por impedir una obra

Vista del antiguo cuartel de La Azohía. /J. M. Rodríguez / AGM
Vista del antiguo cuartel de La Azohía. / J. M. Rodríguez / AGM

El Consistorio debe indemnizar a dos empresas por anular su licencia de construcción de 24 pisos turísticos en La Azohía y dar uso público al solar

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

En el enésimo varapalo judicial al Ayuntamiento de Cartagena por la política urbanística de la etapa de gobierno del PP (1995-2015), el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que la institución municipal deberá indemnizar con 4,5 millones de euros a una promotora a la que anuló la licencia para construir 24 apartamentos turísticos en La Azohía. El Consistorio también cambió la calificación de la parcela de residencial a equipamiento público, para hacer una plaza, amparado en una petición vecinal.

El Ayuntamiento ha sido condenado, en los últimos años, al pago de 22,5 millones de euros por decisiones urbanísticas irregulares. La corporación afronta, entre otros, el pago, a plazos, de distintas cantidades por tres convenios urbanísticos, uno de ellos en El Vivero de La Manga (5,2 millones) y otro en Playa Paraíso (7 millones); y por expropiaciones en el casco histórico de Cartagena (1,5).

Respecto a La Azohía, En una resolución a la que tuvo acceso 'La Verdad' este viernes, la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Supremo acordó, con fecha de 28 de marzo, inadmitir el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento. En consecuencia, ratifica la sentencia dictada en junio de 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), que atendió las pretensiones presentadas por Apartamentos La Azohía S.L., anteriormente denominada Bulevar Infante, S.L.

El TSJ ratificó, a su vez, en su integridad una sentencia dictada en junio de 2017 por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena. Este condenó al Consistorio a pagar 3,4 millones de euros a las empresas afectadas por la anulación ilegal de la licencia de construcción de los apartamentos, previamente concedida por la Concejalía de Urbanismo y por la también irregular modificación el tipo de uso del suelo, a través de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 2012. Se da la circunstancia de que este plan fue anulado por el Tribunal Supremo en el año 2016, debido a defectos de forma y contenidos en el documento elaborado por el Ayuntamiento y aprobado por la Comunidad Autónoma. La supresión del Plan General mantiene sumido, desde entonces, al municipio en un frenazo urbanístico e industrial, que las dos administraciones han tratado sin éxito de resolver mediante distintas fórmulas legales.

Antiguo cuartel de la Guardia Civil

El Ejecutivo que encabeza como alcaldesa Ana Belén Castejón, del PSOE, tiene ahora sobre la mesa el problema de tener que abonar 3.189.315,91 euros a la sociedad Apartamentos La Azohía S.L. y 239.111,38 euros a Bulevar Infante, S.L., más los correspondientes intereses legales y las costas del proceso.

El Consistorio solo reconoció, en abril de 2015, el derecho de la primera de esas mercantiles a percibir 56.318 euros, en concepto de gastos vinculados a la licencia. Lo hizo a través de un decreto firmado por el entonces concejal de Urbanismo, Francisco Espejo, actual portavoz del Grupo Popular en la oposición.

El TSJ recordó que ya el juez de Cartagena reconoció el derecho de las empresas a un resarcimiento superior por el decreto de anulación de la licencia dictado en 2010 por el Ayuntamiento, que entonces tenía como concejal a Joaquín Segado, actual presidente del PP local y de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

El Ayuntamiento enumeró sin éxito, en su contestación a la demanda judicial ante el TSJ, «25 hechos que le llevan a la conclusión de que los promotores no tenían ninguna intención de comenzar las obras, pues la mayoría de los retrasos en la tramitación les son imputables a ellos». El juez local Andrés Montalbán ya concluyó, sin embargo, que no se sostiene el relato de la administración local respecto a la existencia de «una suerte de culpa de la víctima».

El TSJ mantuvo, además, la decisión de compensar a las sociedades por los daños y perjuicios sufridos por la modificación del uso del suelo introducida a través de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), aprobada inicialmente en octubre de 2008 –ya con Segado en Urbanismo– y definitivamente en julio de 2012. El Consistorio argumentó ante el TSJ que la anulación del Plan General por parte del Tribunal Supremo, en 2016, abrió la puerta a que las empresas recuperan la inversión realizada en la compra del suelo; o en caso de seguir adelante el Consistorio con la idea de destinar el suelo a equipamiento público, se beneficiaran del «instituto de la expropiación».

Sin embargo, el TSJ amparó a las afectadas en cuanto a que la recalificación urbanística, justificada por el gobierno del PP como un paso para atender la «demanda vecinal de construir una plaza pública» en el solar donde en su día estuvo el cuartel de la Guardia Civil, les ocasionó daños y les privó de obtener beneficios Donde el Ayuntamiento vio una «mera expectativa o sueño de ganancia», las inmobiliarias denunciaron consecuencias lesivas cuantificables. Mencionaron que el banco que les concedió un préstamo de 2,1 millones acabó ejecutando la garantía y quedándose con la parcela.

«Fue el Ayuntamiento el que, llegado un determinado momento, decidió retrasar de forma torticera y arbitraria el inicio de las obras, hasta que consiguió imposibilitarlas, todo ello de forma antijurídica», resumió la sentencia ahora ratificada. Lo que la Justicia ha rechazado durante todo este tiempo ha sido la pretensión de las demandantes de ser resarcidas por Segurcaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros.

No hubo delito

Las promotoras acudieron también a la vía penal. A través de una querella, forzaron un juicio por un presunto delito de prevaricación (por la supuesta expropiación ilegal) contra Segado; contra el exgerente y actual funcionario jefe del área de Urbanismo Jacinto Martínez Moncada; y contra funcionaria de esa área.

El Juzgado de Lo Penal 2 absolvió en octubre de 2017 a los tres y la Audiencia Provincial rechazó el recurso de los querellantes y de la Fiscalía. El Estado y la acusación particular renunció a seguir pleiteando.