Los sindicatos denunciarán al Ayuntamiento de Cartagena por suspender el convenio de los 1.300 funcionarios

El 2020 empieza en el Ayuntamiento de Cartagena con un grave conflicto laboral y de especial impacto político. Los cuatro sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Cartagena acordaron este jueves presentar una denuncia por vulneración de derechos fundamentales contra el Consistorio, por la decisión adoptada el lunes por la Junta de Gobierno Local de suspender de forma provisional el acuerdo de condiciones de trabajo de la plantilla, formada por unas 1.300 personas. UGT, SIME, CC OO y CSIF reaccionan así a la polémica medida del Ejecutivo que encabeza Ana Belén Castejón, basada en tres informes técnicos sobre el riesgo de que la corporación incurra en un déficit de 15 millones de euros en dos años por falta de ingresos para cubrir los crecientes gastos de personal previstos. Todo ello, en medio de un clima de «deterioro económico general» y de «incertidumbre política» a nivel nacional, según explicó Castejón.

En una reunión extraordinaria celebrada en el edificio administrativo San Miguel, los miembros de la Junta de Personal aprobaron «constituirse en comité de crisis ante la nota de prensa de la alcaldesa indicando que ha suspendido el Acuerdo de Condiciones de Trabajo», así como presentar «una denuncia judicial» contra el Ayuntamiento. En un comunicado, las centrales sindicales solicitaron asimismo «que la interlocución con el equipo de gobierno» sea a través de la regidora. Esto último supone un veto a la concejal que llevó a la Junta de Gobierno la propuesta de dejar en suspenso el pacto laboral firmado en abril con Castejón, cuando esta gobernaba en solitario con otros cinco concejales del PSOE: la responsable de Hacienda y Personal, Esperanza Nieto, del PP.

Los sindicatos, que designaron portavoz del comité de crisis a Juan Jesús Moreno (de UGT), ampliaron también sus batalla de esta Navidad contra el equipo de gobierno (formado por concejales expulsados del PSOE, por PP y por Ciudadanos) por no haber prorrogado el acuerdo de las horas extra. Así, convocaron para las 13.45 horas de este jueves una asamblea urgente de brigadas, «por las presiones recibidas en este colectivo» para que realicen servicios no ordinarios. También aseguraron que los trabajadores están sufriendo «presiones» por parte de los «responsables» de sus servicios para hacer estas horas y para realizar «cambios de turno». E insistieron en que el Ejecutivo rompió las «reglas de juego que suponía el acuerdo de horas del Régimen de Especial Dedicación (RED)».

Ya en Nochevieja, a raíz de la recomendación sindical de que no realizaran horas extra a partir de las 0 horas del 1 de enero, nueve agentes de la Policía Local rechazaron cubrir servicios no ordinarios. El comisario jefe del cuerpo, Emilio Juan Rodríguez, suplió estas vacantes con los siete inspectores (antiguos sargentos) recién ingresados en el Ayuntamiento, y él mismo se puso al frente del dispositivo. En las patrullas participó también, a modo de supervisión, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba.

Ahora, este edil afronta un problema mayor: garantizar el despliegue de funcionarios necesario para de la Cabalgata de Reyes, el próximo domingo. Castejón anunció para el 7 de enero la convocatoria de una Mesa General de Negociación, donde buscar una salida con los representantes de los empleados y salvar del recorte todos aquellos conceptos salariales y mejoras sociales que permitan las previsiones de ingresos. Sin embargo, el doble tijeretazo a las nóminas de la plantilla en la recta final de 2019 ha disparado el conflicto en plenas fiestas y arroja dudas sobre los acuerdos de la Junta Local de Seguridad (donde participa la Delegación del Gobierno) anunciados antes de Nochuebuena por el propio Ayuntamiento.

Torralba ha insistido en los últimos días en que el cumplimiento de la planificación está asegurado, pero ha admitido que sigue gestionando soluciones a esta crisis con los distintos servicios afectados, entre ellos el de Infraestructuras. En este último caso, la gestión corresponde a la edil del PP María Casajús. En cualquier caso, fuentes del Gobierno local rechazaron las acusaciones de «presiones» lanzadas por los sindicatos, y recordaron que las propias centrales de trabajadores reconocieron en una asamblea celebrada el 30 de diciembre que la Administración tiene herramientas legales para variar turnos de trabajo y hacer llamamientos por razones de interés público.

Precisamente, recordaron, el informe del interventor municipal sobre el Acuerdo de Condiciones de Trabajo recoge como uno de los motivos que permiten suspender aquel la «causa de grave de interés público». Por último, indicaron que el coste en horas extra se disparó en 2019 desde los 4,4 a los 7,3 millones de euros.