La Sierra Minera pide paso

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, está ultimando la aprobación del decreto de medidas urgentes del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam), una estrategia de sellado y revegetación de más de ochenta antiguos depósitos. Este programa público-privado, cuyo presupuesto es de 85 millones de euros, abarcará 10 años.

Para este 2019, hay reservados 4 millones de euros, con los que se prevé actuar en El Descargador, escombrera situada frente al Instituto Sierra Minera de La Unión, y propiedad de Portmán Golf. También en el conjunto El Lirio, cerca de la urbanización La Manga Club, en el paraje cartagenero de Los Belones, y cuyo dueño es un fondo de inversión de Islandia. Si los propietarios actuales o anteriores de las balsas no pagan las obras, lo hará la Comunidad y les pasará la factura.

La polémica envuelve la elección de esta última zona, que se llevará 3,5 millones de las arcas públicas. La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de la Sierra Minera y la Asociación de Vecinos de Llano del Beal han pedido dar prioridad a balsas ubicadas cerca de esta última localidad de Cartagena. Piden participar en las decisiones y consideran una amenaza continua viejas explotaciones como La Paz, donde «simplemente pasaron las palas a roturar una de las zonas más potencialmente tóxicas». También mencionan La Pobrecita, Lucrecia, Mendigorría, San Antonio y La Pagana, en las que, advierten, no ha habido ningún tipo de actuación de restauración» pese a las leyes nacionales y europeas.

Los residentes califican de «vergonzosa» la situación de la antigua Balsa Jenny, cuya restauración por parte autonómica está «inacabada, con lo que sigue contaminando el emplazamiento». Añaden que se dispersan sustancias peligrosas para la salud», por efecto del viento y la lluvia.

La Comunidad está a la espera de los resultados de un estudio epidemiológico de salud y otro sobre la calidad del aire, que incluye la posible presencia de metales pesados. Pronto habrá además esultados sobre unos sondeos efectuados en los terrenos de Jenny. El traslado de la tonelada de residuos que amenazaba con sepultar el pueblo, en 2005, sigue bajo investigación judicial. La Fiscalía advierte indicios de presunto delito ambiental por parte de la empresa Portmán Golf y de la Comunidad, que además podría haber incurrido en prevaricación por omitir su deber de exigir la revegetación durante una década. La compañía afirma haber culminado la clausura y reforestación de la corta Los Blancos, que acoge los restos, e insta a archivar la causa.

El diputado de Podemos Andrés Pedreño ha solicitado la comparecencia del consejero, Javier Celdrán, en la Asamblea para que explique los criterios empleados para actuar en El Lirio. Ve un posible intento de favorecer planes de expansión urbanística de la empresa que gestiona el 'resort', Inmogolf, S.L. «En 2010 -dice Pedreño-, la Dirección General de Minas emitió un informe que certifica la estabilidad de esa balsa, por lo que no vemos la urgencia de actuar allí y de hacerlo con una cantidad de dinero tan alta».

Medio Ambiente se remite al «criterio de los técnicos de Minas» y señala que El Descargador y El Lirio forman parte de las más de veinte balsas incluidas en un inventario del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El precedente de actuación regional está en Mazarrón, en el depósito San Cristóbal, donde la inversión ha superado los 1,2 millones.

Como preludio al Prasam, Portmán Golf está llevando a cabo trabajos de consolidación de la terrera Brunita, en La Unión. Siguiendo las directrices de Minas y de Medio Ambiente, la empresa propietaria está integrando los taludes en el paisaje. Con maquinaria, suaviza las pendientes, hasta un desnivel del 30%. En la empresa destacan que la zona «tiene residuos de extracción, no materiales contaminados».