La sentencia sobre El Vivero desata el temor a una oleada de reclamaciones a Urbanismo

Una mujer, ayer en los terrenos del Plan Parcial El Vivero, en la Manga del Mar Menor. / fotos: Antonio Gil / agm
Una mujer, ayer en los terrenos del Plan Parcial El Vivero, en la Manga del Mar Menor. / fotos: Antonio Gil / agm

El Ayuntamiento pagará 5,2 millones a la empresa que firmó el convenio urbanístico con Barreiro, al no ver opciones en un recurso

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA.

La sentencia que obliga al Ayuntamiento de Cartagena a pagar 5,2 millones de euros y unos 300.000 euros de intereses a la promotora inmobiliaria con la que firmó un convenio de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico en el Plan Parcial El Vivero, en La Manga, ha desatado el temor a que la institución reciba una oleada de reclamaciones administrativas y demandas judiciales. El Consistorio firmó decenas de acuerdos de gestión urbanística con empresas durante la etapa de gobierno del PP (1995-2015), y tanto la oposición política como fuentes municipales consultadas por 'La Verdad' manifestaron ayer su preocupación por la posibilidad de que la Corporación reciba una catarata de peticiones de indemnización millonarias.

A preguntas de este diario, el equipo de gobierno local anunció que el Ayuntamiento no recurrirá la resolución del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena que le condena a devolver el dinero cobrado en julio de 2005 a la mercantil Técnica de Inversiones Gamma SL. Esta acudió a los tribunales para solicitar la resolución del convenio firmado con Pilar Barreiro en la alcaldía y Agustín Guillén de concejal de Urbanismo, por no haber recibido los derechos urbanísticos prometidos en la zona donde las sociedades Portmán Golf y Herhospha promueven una urbanización de viviendas, apartamentos turísticos y hoteles junto al Mar Menor y las salinas de Marchamalo. Gamma, firma vinculada al conocido promotor cartagenero Mariano Roca Meroño -quien es consejero delegado de esta empresa y de Portmán Golf-, vio saldada una deuda de 2,5 millones de euros relativa a la antigua plaza de toros. Este 'agujero' databa de 1996, y según las fuentes consultadas el Ayuntamiento logró quedarse con la titularidad del coso y cobrar 2,7 millones en metálico a la promotora. A cambio, aceptó entregarle su parte de aprovechamiento en el mencionado desarrollo turístico de La Manga.

El Consistorio alegó ante el juez que el convenio no establece una fecha de ejecución, pero el magistrado dio la razón a Gamma. Entre otras cosas, la sentencia recoge que el Ayuntamiento ha incumplido su obligación de gestionar el suelo, en lugar de dejarlo todo en manos de la iniciativa privada; y que la Concejalía de Urbanismo admitió, en un informe, que por distintas circunstancias no hay expectativas de poder autorizar la urbanización «ni a corto ni a medio plazo».

Solo en 2005, hubo seis pactos con promotoras para impulsar proyectos privados en otras tantas zonas del Mar Menor

Negocian un fraccionamiento

«Los servicios jurídicos municipales nos han advertido de las escasas posibilidades de que un recurso prospere. La sentencia estima parcialmente la petición del Ayuntamiento de no hacer frente a la totalidad de los intereses y un recurso con pocas posibilidades de prosperar podría poner esto en peligro», explicaron ayer fuentes de la alcaldía.

El equipo de gobierno socialista, donde Ana Belén Castejón es alcaldesa y concejal de Urbanismo, quiso además «poner de manifiesto la nefasta política urbanística de los gobiernos del Partido Popular, que han lastrado durante toda la legislatura el desarrollo del municipio por su incapacidad para dejar aprobado un Plan General de Ordenación Urbana o, en su defecto, unas Normas Transitorias». «Por desgracia, la sentencia sobre El Vivero, unida a otras anteriores, van a costar a los contribuyentes una importante suma de dinero», lamentaron en el Ejecutivo. Y añadieron que está «negociando un plan de pagos a la empresa afectada», con el objetivo de «conseguir con ello plazos lo menos lesivos para el interés y la liquidez del Ayuntamiento de Cartagena».

Solo en 2005, el gobierno local del PP firmó más de una quincena de convenios urbanísticos. Según consta en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en la zona de la laguna salada hubo acuerdos con distintas empresas para llevar a cabo promociones de viviendas y otros inmuebles en El Vivero, Los Nietos, Islas Menores, Los Belones, Playa Paraíso y San Ginés de la Jara. En este último caso, se trata del megaproyecto Novo Carthago, que planteó levantar 6.000 viviendas, hoteles y campos de golf y cuya tramitación ha sido paralizada por el equipo de gobierno actual y está bajo investigación judicial por presunta corrupción por parte municipal y de la Comunidad Autónoma.

El Ayuntamiento también utilizó la fórmula del convenio en el litoral oeste, para La Azohía y El Mojón. También la aplicó en barrios como Los Barreros, Los Dolores y Santa Lucía.

Más

 

Fotos

Vídeos