Una sentencia se pagará a plazos por falta de fondos municipales

El próximo gobierno local afrontará una deuda de 4,5 millones por la anulación de una licencia de 2006 a un complejo turístico en La Azohía

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLES

Quien se haga con el gobierno municipal después de las elecciones del 26 de mayo y abra la caja del Ayuntamiento para ver la liquidez de la que dispone se encontrará con más de veinte millones en cuentas pendientes generadas por una serie de reclamaciones urbanísticas y con tan poca liquidez que no tendrá más remedio que pagar la mayoría a plazos. Así lo entiende el equipo de gobierno de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que si repite se propone aplicar esa fórmula a una ultima deuda, ratificada por el Tribunal Supremo este año. Son 4,5 millones, sumadas las costas y los intereses, por una sentencia relativa al solar del antiguo cuartel de La Azohía. Los dueños del solar están dispuestos a negociar el cobro a plazos.

El último caso se remonta a diez años atrás, pero su judicialización por lo Contencioso ha prolongado su resolución diez años, por los posteriores recursos del Ayuntamiento a instancias judiciales superiores, hasta asumir la sentencia firme.

Apartamentos La Azohía SL pidió en 2006 licencia de obra para construir un edificio con 24 alojamientos turísticos en la parcela del antiguo cuartel. El permiso fue concedido, pero la obra no comenzó. El trámite se eternizó, entre requerimientos del Ayuntamiento para que la promotora concretara los pagos por la licencia y cumpliera determinados requisitos y sucesivos aplazamientos de la tira de cuerdas. Este término define la comprobación final de que el proyecto cumple con las condiciones del planeamiento y se adecua también a las de la parcela en cuestión. Ello exige una inspección in situ. Tal inspección nunca se produjo, pero Apartamentos La Azohía SL tuvo que asumir la anulación de la licencia por caducidad, debida a la supuesta inacción de la promotora.

Entre el momento de la concesión de la licencia y el del decreto de su caducidad, el Ayuntamiento había aprobado provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana, que cambiaba el uso del solar a equipamiento público.

La empresa llevó a los tribunales a Joaquín Segado, concejal de Urbanismo cuando sucedieron los hechos, y actual presidente del PP. También a Jacinto Martínez Moncada, gerente de Urbanismo. Los dos fueron absueltos de las acusaciones de prevaricación. Pero la reclamación patrimonial al Ayuntamiento fue a parar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena, que le dio la razón a la empresa. Lo mismo hizo el Tribunal Superior de Justicia de la Región. Por último, en abril, el Supremo inadmitió el último recurso municipal. Así adquirió firmeza la sentencia que obliga a pagar algo más de 4 millones de euros.

El Ayuntamiento no dispone de ese dinero. El superávit de 8,8 millones del año pasado ha permitido pagar otras deudas. Una sentencia anterior fija una indemnización de 5,5 millones por un convenio en La Manga, que también será abonada a plazos. Las reclamaciones por incumplimientos urbanísticos, la mayoría de cuando gobernaba el PP, ya ascienden a 32 millones de euros.