Seis colectivos piden más espacios y servicios en la Ciudad de la Justicia de Cartagena

El listado de propuestas, al que ha accedido LA VERDAD, agrupa al Colegio de Abogados de Cartagena, el Colegio de Procuradores, la Asociación de Graduados Sociales, la Cámara de Comercio, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC) y la Federación de Asociaciones de Vecinos.

En el caso de los letrados, el colegio cuyo decano es Ángel Méndez pide una Sala de Abogados «en condiciones, con conexión Wifi a internet, puestos de ordenador suficientes, una sala de juntas, salas compartimentadas para reuniones de letrados con clientes, espacio para una fotocopiadora, taquillas, un puesto para un trabajador del Colegio de Abogados, un armario para togas y un mostrador para cuadernillos del turno de oficio». También apunta que «sería conveniente incluso, dada la lejanía con el Colegio de Abogados», cuya sede está en la calle Reina Victoria, «poder disponer de sitio para atender y resolver dudas de beneficiarios de Justicia Gratuita».

Asimismo, los abogados quieren que las salas de vistas dispongan de «enchufes para ordenador y Wifi -y/o cable- en cada puesto de estrados» y que tengan «suficiente espacio». También reclaman «una sala especial para juicios con jurado y para macrojuicios»; y «salas de espera separadas, y con varios accesos, para los casos en que no deban coincidir distintas partes, como establece la legislación procesal».

En tercer lugar, los letrados apuntan la conveniencia de tener tres o cuatro salas de mediación. Y quieren que en el juzgado de guardia los abogados tengan un despacho o dependencia con mesa y ordenador, para trabajar en igualdad de condiciones que el Misterio Fiscal y analizar con tranquilidad los atestados, rellenar cuadernillos de Justicia Gratuita, etcétera».

También solicitan una sala de víctimas de violencia contra la mujer, para que cada presunta víctima «goce de la intimidad requerida por su situación». «No puede ocurrir que cuando el abogado está hablando con una víctima, haya dos o tres víctimas más oyendo todo lo sufrido por la anterior», advierten.

Estos profesionales califican también de «imprescindible» que haya un número suficiente de locutorios para poder hablar con los detenidos. «En la actualidad, los letrados tenemos que hacer cola para poder cumplir con nuestra misión», indican en referencia al Palacio de Justicia, situado en la calle Ángel Bruna.

Por último, el Colegio de Abogados pide una oficina de víctimas, adaptada para hacer videoconferencias con las salas de vistas, para que víctimas y agresores no compartan estancias; y un salón de actos para citas institucionales y de formación de funcionarios y de profesionales.

El Colegio de Procuradores, cuyo presidente es Alejandro Lozano, plantea que haya «una amplia sala, de unos 100 a 120 metros cuadrados, con Wifi y preparada para adaptar hasta 20 puestos de ordenador; una sala de juntas para reuniones, y espacio para una fotocopiadora, taquillas, un puesto para un trabajador del Colegio y un armario para togas».

La Asociación de Graduados Sociales, que preside José Moreno, aspira a disponer también de una sala «acondicionada para poder mantener las reuniones necesarias con otros compañeros, con letrados y con clientes». Allí podrían «negociar y, en su caso, conciliar antes de la celebración de los juicios».

La patronal COEC, cuya presidenta es Ana Correa, propone habilitar varias salas de reuniones dentro, suficientes enchufes para ordenadores, teléfonos móviles y otros equipos; servicios de reprografía e informática accesibles, para «poder realizar todos los trámites que fueran oportunos o poder paliar cualquier deficiencia documental».

De forma conjunta, la plataforma cartagenera realiza sugerencias sobre previsiones de espacio, edificación y exteriores. Respecto las características de los inmuebles, la plataforma (que forma la Mesa de la Justicia junto a los grupos políticos municipales y varios representantes judiciales), señalan que «si hay zonas amplias de tránsito, deben estar convenientemente dotadas de bancos, sombra y arbolado». Además, para fomentar la conciliación entre la vida profesional y familiar, proponen «la adecuación de una sala de lactancia y de una ludoteca o guardería, que pueda ser utilizada tanto por el personal funcionario como por los profesionales».

También juzgan adecuado que haya suficientes líneas de ascensores, que la arquitectura sea sostenible, cumplir todas las garantías de accesibilidad, para evitar problemas de movilidad; instalar una cafetería de uso, como mínimo, por parte de funcionarios y profesionales, eventualmente abierta al público y «preferiblemente con zonas de interior y de exterior». Por último, solicitan que el Ministerio de Justicia proyecte suficiente espacio para el aparcamiento de vehículos, y que este sea gratuito para funcionarios y profesionales colegiados; y que en las zonas de tránsito haya «amplios espacios abiertos con sombra, bancos y una gran zona verde». No pasa por alto la importancia de «habilitar comunicaciones fluidas, con líneas de autobuses, espacios para carril bici y patinetes, aceras suficientemente accesibles y carreteras perfectamente señalizadas».

Los componentes del Manifiesto por la Justicia advierten sobre la Ciudad de la Justicia de que «el edificio no debe tener un espacio tan limitado como el actual Palacio de Justicia». Debe reservar espacio para albergar nuevos órganos que se creen y que son «imprescindibles para poder tener una Administración de Justicia de calidad».

En este punto, recuerdan «las necesidades acuciantes de nuevas unidades judiciales: un Instancia, un Instrucción, un Social, un Juzgado de Menores y un nuevo magistrado para dividir la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia en las jurisdicciones civil y penal». También afirman que es «imprescindible, igualmente, una Delegación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que debe tener un espacio habilitado en la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena».

Asimismo, subrayan que «Cartagena y su comarca tiene más población que dos tercios de las capitales de provincia de España y no puede disponer de menos servicios judiciales que las mismas por el hecho de no serlo».

«Hemos de ser capaces de solucionar la infradotación histórica en términos de infraestructuras judiciales que sufre nuestra ciudadanía», reclaman. En el escrito remitido al Ayuntamiento por las seis entidades del Manifiesto, la Asociación de Graduados Sociales insiste en su reivindicación de que el Ministerio reserve espacio en el futuro campus para dos juzgados de Lo Social más. Los tres actuales se quedan cortos ante «el incremento de procesos» laborales por la crisis económica.

En paralelo, la plataforma ha llamado a que el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma colaboren para abrir cuanto antes sedes provisionales de nuevos juzgados, mientras se construye la Ciudad de la Justicia. El Mercantil abrió el lunes en el Palacio de Molina, cedido por el Consistorio.