La restauración de escombreras ilegales de Cartagena se estanca en la Administración y los juzgados
Un depósito de San Isidro recibe tierras a pesar del expediente por la falta de licencia y hay decenas de miles de toneladas de residuos en otras zonas
Varios parajes del municipio de Cartagena siguen tomados por miles de toneladas de residuos de la construcción, restos de la excavación de áridos y materiales ... contaminantes como amianto y pintura sin que las administraciones local, autonómica y estatal, así como la Justicia, tomen medidas eficaces para acabar con los vertidos, retirar los desechos y restaurar los terrenos, según cada caso. Algunos ejemplos son Los Segados, San Isidro y Santa Lucía.
Las denuncias interpuestas por vecinos, asociaciones ecologistas y agentes de la Policía Local y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han desembocado, en los últimos años, en la apertura de expedientes sancionadores, órdenes de suspensión de actividad, precinto de parcelas, denuncias ante la Fiscalía e incluso apertura de diligencias penales en los juzgados por presuntos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Sin embargo, distintas zonas afectadas por actividades irregulares, protagonizadas según las autoridades por particulares y empresas dedicadas al transporte de residuos y al alquiler de contenedores de obra, continúan a la espera de soluciones. Y ello afecta a espacios cercanos a ramblas, como la de Benipila; a entornos forestales, como el Barranco del Feo; y a núcleos habitados.
El Ayuntamiento dicta una orden de «suspensión inmediata de la actividad» en San Isidro y da parte a la Comunidad y la CHS
Entre los casos más recientes que ilustran la incapacidad de las entidades públicas para atajar estos problemas está el vertedero clandestino del paraje de La Toma, en San Isidro.
Residuos junto a la rambla
El Ayuntamiento dictó en 2019 una orden de suspensión de actividad, tras detectar en septiembre la Unidad de Calidad de Vida y Medio Ambiente de la Policía Local la presencia de un gran agujero, de unos seis metros de altura, donde habían sido arrojados todo tipo de residuos: desde hormigón a ladrillos, pasando por tejas, cerámica, plásticos, metales y otros materiales de demolición. El depósito de estos desechos sin la correspondiente licencia desembocó en una orden de interrupción forzosa de la actividad y en el precinto de las instalaciones, que según los agentes abarcaban unos 13.000 metros cuadrados (dentro de una parcela de 150.000) y alcanzaban ya una altura de unos seis metros. Ya en febrero de ese año, el Seprona había levantado acta sobre la reconversión de un antiguo vertedero de inertes, que entre otras cosas acogió tierras excavadas para construir la autopista Cartagena-Vera, en una escombrera de «residuos de la demolición de edificios» cubiertos con tierra para ocultarlos.
La Fiscalía espera que el Juzgado de Instrucción 2 decida ya si lleva a juicio a las empresas denunciadas en 2018 en Los Segados
Pues bien, como comprobó el lunes LA VERDAD, más de tres años después, persiste la entrada y salida de camiones a la finca, así como la descarga de tierra. Fuentes del gobierno municipal indicaron a que «la tramitación del expediente sancionador sigue su curso y que, recientemente, el departamento de Disciplina Ambiental, del área de Urbanismo y Medio Ambiente, pidió la suspensión inmediata de la actividad». También dio diez días al interesado para que aporte documentación y «ha dado traslado [de la resolución] a los organizamos competentes, que son la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General de Ganadería y la Confederación Hidrográfica del Segura».
Destrucción de flora protegida
Sobre los dos primeros organismos, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente señalaron que este es un asunto de «competencia municipal». En el Ayuntamiento insistieron en que sí lo es, en lo relativo a la licencia. En la CHS no hubo respuesta.
Sobre la escombrera de Los Segados, las denuncias presentadas en 2018 por el Consistorio y por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) contra tres empresas de transporte está a la espera de una resolución del Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena. Fuentes del Ministerio Público indicaron que, desde hace cerca de dos años, esperan que este órgano decida si archiva las diligencias penales o abre juicio oral por la acumulación de unas 45.000 toneladas de residuos junto a la rambla de Benipila en este paraje rural, situado entre Los Dolores y La Aljorra.
Respecto al área de Santa Lucía, el Juzgado de Lo Penal 1 de Cartagena y la Fiscalía han hecho un nuevo intento de forzar la ejecución de la sentencia que, previa denuncia de ANSE, le llevó en 2016 a condenar a un empresario a acometer la restauración ambiental de la zona donde amplió sin licencia la cantera El Corral. Las obras destruyeron flora protegida. Y, tras la condena, el industrial se declaró insolvente a la hora de pagar los 195.000 euros que cuesta rehabilitar la zona.
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