Refuerzo en la oficina del IMAS para acabar con la lista de espera en discapacidad

La superación de los plazos máximos establecidos por la ley para la evaluación de cada persona y para la resolución de su expediente, tres y seis meses respectivamente, ha llevado a la consejera, Violante Tomás, a dar instrucciones para atajar esta situación. Se trata de mejorar uno de los ámbitos «más sensibles de la política social, considerada prioritaria por el Gobierno regional» de Fernando López Miras, en palabras de Tomás.

La Unidad de Valoración y Orientación de Cartagena se verá reforzada con la presencia, un día más por semana, de un médico especialista. Además, todos los huecos que queden libres en las agendas, por aplazamiento de citas previas por parte de los usuarios, serán cubiertos para atender a otros usuarios.

Con estas dos acciones, y otras que puedan adoptarse si es necesario, la Comunidad Autónoma confía en ponerse al día en el cumplimiento de la normativa. Uno de los retos que se ha marcado la consejera, según dijo a 'La Verdad', es acabar con el actual tiempo de espera para evaluaciones, situado en cuatro meses y medio, uno y medio por encima del tope fijado por la administración.

Según los datos facilitados por la Familia e Igualdad de Oportunidades, la oficina local del IMAS (ubicada en la Alameda de San Antón) valoró el año pasado 4.152 solicitudes de discapacidad en Cartagena, de las cuales 3.985 «ya tienen su dictamen y están resueltas». Del conjunto de peticiones, 2.223 corresponden a valoraciones iniciales, 1.221 a agravamientos y 708 a revisiones por finalización del plazo. En las resoluciones, 2.145 fueron por el primer concepto, 1.159 por el segundo y 671 por el tercero.

En los casos donde, pasados seis meses desde el inicio del expediente, hay silencio administrativo, este opera en sentido negativo para el ciudadano. La Comunidad aplica una norma del año 2002.

La consejera anunció que la Comunidad está ultimando la redacción de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Región de Murcia; el Decreto de Atención Temprana a niños de hasta seis años con trastornos del desarrollo; y la Ley de Servicios Sociales, que incluirá el reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad.