El PSOE exige a Miras unas normas transitorias al margen de la ley de Aceleración Empresarial

Ana Belén Castejón. /A. Gil/ AGM
Ana Belén Castejón. / A. Gil/ AGM

Castejón y Joaquín López acusan al PP y al Gobierno regional de usar las reglas urbanísticas para generar inseguridad municipal y beneficiar a Noelia Arroyo

Gregorio Mármol
GREGORIO MÁRMOL

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, exigió ayer al Gobierno regional que apruebe las normas transitorias urbanísticas al margen de la futura ley de Aceleración Empresarial, que mañana saldrá adelante en la Asamblea. Además, junto con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, acusó al Ejecutivo de Fernando López Miras y al PP de instrumentalizar las instituciones con el fin de generar inseguridad jurídica al Ayuntamiento y favorecer los intereses de la candidata del PP a la alcaldía, la consejera Noelia Arroyo.

En una comparecencia pública conjunta, López consideró un «disparate» que el Gobierno tenga paralizada la aprobación de esas normas mientras el PP y Ciudadanos introducen una enmienda «inconstitucional» sobre esa materia en la ley de Aceleración Empresarial que ambos partidos aprobarán mañana. El compromiso de San Esteban con el Ayuntamiento de Cartagena era tenerlas antes del verano con el fin de no bloquear inversiones urbanísticas e industriales, valoradas en 130 millones de euros, mientras se elabora un nuevo plan general de ordenación urbana. En la actualidad, en Cartagena está vigente el de 1987, tras la anulación judicial en 2016 del aprobado cuatro años, siendo alcaldesa la popular Pilar Barreiro.

«No aceptamos chantajes de nadie», avisó López al PP, al que también acusó de utilizar al Consejo Jurídico de la Región. Recordó que el Gobierno de López Miras pidió este verano un informe a ese órgano consultivo sobre las normas transitorias, encargo que está «paralizado». El PSOE ha pedido explicaciones por ello al Consejo Jurídico, del que López aseguró que «está siendo utilizado de manera irresponsable por PP y Cs».

El PSOE registró ayer una petición al Gobierno regional para que apruebe las normas transitorias. Castejón recordó que el consejero de Fomento, Patricio Valverde, se comprometió a aprobarlas antes del verano, sin tener en cuenta que su impacto ambiental debía ser evaluado previamente. Como no se ha hecho así, ese es el motivo, según la alcaldesa, por el que técnicos y jurídicos de la Comunidad se niegan a firmarlas antes de remitirlas al Consejo de Gobierno para su aprobación.

López avanzó que mañana pedirá la votación nominal de la ley de Aceleración Empresarial para que quienes la apoyen no se puedan amparar en el voto general ante las posibles responsabilidades, incluidas las patrimoniales, que puede ocasionar aprobar la norma que PSOE y Podemos pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Además, Castejón subrayó la posibilidad de que los permisos aprobados por el Ayuntamiento al amparo de esa ley puedan ser declarados nulos si la norma es declarada inconstitucional y se preguntó si el Gobierno regional asumirá las indemnizaciones a los afectados.

PP: «Que nos den las gracias»

El portavoz del PP en la Asamblea, Víctor Manuel Martínez, hizo una lectura totalmente distinta de la situación y pidió a Castejón que dé «las gracias» a los populares por «desatascar» un problema que «ella ha sido incapaz de solucionar».

Pese a que los informes jurídicos del Parlamento lo cuestionan, Martínez insistió en que la enmienda incorporada por su partido y Cs a la ley de Aceleración Empresarial otorga al Gobierno regional el marco jurídico para aprobar las normas transitorias de Cartagena y le «da la seguridad jurídica que necesita». Los cartageneros y quienes quieran invertir «tienen que saber que el PSOE y Ana Belén Castejón ponen trabas al desarrollo de la ciudad, al crecimiento y a quienes impulsan proyectos empresariales», dijo.

Los municipios piden tener voz en la nueva norma regional

La Federación de Municipios de la Región de Murcia pidió ayer que la negociación de ley de Aceleración Empresarial se abra a los sectores implicados, especialmente a los ayuntamientos, para mejorarla. En un comunicado, destacó que es una norma «lo suficientemente compleja como para contar con la perspectiva municipal». Además, afectará al urbanismo, medio ambiente, infraestructuras y comercio local, temas en los que los ayuntamientos tienen competencias. «Pero no se ha contado con nuestra opinión, que consideramos fundamental en un ejercicio de lealtad institucional, transparencia y participación», según el presidente de la Federación y alcalde de Lorquí, el socialista Joaquín Hernández.

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