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Obreros, en un edificio en construcción en el centro de Cartagena. pedro martínez / agm
El PSOE exige a Miras aprobar por fin las reglas urbanísticas

El PSOE exige a Miras aprobar por fin las reglas urbanísticas

Los socialistas denuncian el bloqueo de inversiones por valor de 130 millones y el Gobierno regional trata de dar encaje legal a las normas transitorias

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Miércoles, 26 de septiembre 2018, 01:27

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El PSOE de Cartagena exigió ayer al Gobierno regional, del PP, que apruebe «de una vez por todas» las normas transitorias, un conjunto de reglas urbanísticas que supliría al Plan General de 1987 durante dos años, mientras el Ayuntamiento avanza en la redacción de un nuevo Plan. Los socialistas recordaron que el bloqueo generado por la anulación judicial del Plan General de 2012, que obligó a reinstaurar la normativa de hace tres décadas, y el retraso de la Comunidad Autónoma en dar el visto bueno a una normativa provisional mantiene bloqueados proyectos empresariales por valor de 130 millones de euros.

«Llevan demasiado tiempo sin dar respuesta a las necesidades de los cartageneros, por lo que deben dejar de jugar con nuestros intereses y ponerse a trabajar», denunció el portavoz de la Ejecutiva socialista local, Manuel Mora. Quien se convertirá en los próximos días en concejal, en sustitución de Francisco Aznar -que pasará a ser responsable de Educación en la Delegación del Gobierno- reclamó al Ejecutivo de Fernando López Miras que desatasque las normas, para permitir la construcción de viviendas y desarrollos industriales en suelos urbanos consolidados.

Mora anunció que su partido ha solicitado al Grupo Parlamentario Socialista que registre una interpelación en la Asamblea Regional de Murcia dirigida al consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, para que explique qué «no ha cumplido su compromiso» de aprobar estas normas en verano.

La expansión industrial de Escombreras es uno de los puntos de conflicto, por el impacto medioambiental

Fuentes del Gobierno autonómico respondieron que este tiene la obligación de autorizar un documento «con las máximas garantías legales», para evitar que los tribunales vuelvan a dar un varapalo.

Discrepancias jurídicas

Las fuentes autonómicas consultadas indicaron que en la Comunidad «hay quien considera» que la regulación puede tramitarse como «norma» y quienes entienden que se trata de un nuevo plan, por la obligación de cumplir determinadas exigencias medioambientales. El choque se da entre la Consejería de Fomento y la de Medio Ambiente, con los servicios jurídicos de por medio. El equipo de López Miras ha pedido un informe al Consejo Jurídico de la Región. Uno de los principales escollos es la instalación de nuevas industrias en Escombreras.

La Administración regional no quiere nuevos sobresaltos, pues la Justicia no solo tumbó el Plan General de 2012, sino que también declaró ilegal la reforma 'exprés' del Plan aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. En el primer caso, el pleito fue ganado por el empresario Tomás Olivo; y en el segundo, por la empresa Cecop, propietaria de terrenos en Los Urrutias y que logró anular el acuerdo adoptado por el gobierno local de coalición entre PSOE y MC, con apoyo de PP y Ciudadanos. Solo Podemos se opuso.

Tras el último revés judicial, el Ayuntamiento optó por una doble vía: iniciar los trámites para redactar un nuevo plan y promover una norma provisional, que exige el visto bueno de la Comunidad.

Sepes da «facilidades» para construir la ZAL en Los Camachos

El director general de Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo del Ministerio de Fomento), Alejandro Soler, se ha comprometido a dar «facilidades» a la Comunidad Autónoma para la compra de terrenos en el polígono Los Camachos, de cara a construir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena. Según informó ayer Sepes, en la reunión del lunes en Madrid con el consejero regional de Fomento, Patricio Valverde, Soler planteó una compraventa en «un amplio plazo». El alto cargo estatal respondió a Valverde, quien acusó al Gobierno de España de estar «retrasando sin razones la firma del convenio» que dejó cerrado el equipo de Rajoy. Según Soler, el consejero alegó que la Comunidad «no tiene posibilidades económicas para adquirir ningún compromiso concreto de hacerse con el suelo». Aun así, Soler aceptó firmar un convenio para incorporarse a urbanizar, a medida que los empresarios adquieran parcelas. Sepes exige, por ello, a Valverde que no use su propia «incapacidad» para «atacar al Gobierno de España.

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