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Agustín Alonso, en el centro, camino de los juzgados en abril de 2016. Antonio Gil / AGM
El presunto desfalco en Puerta Nueva acerca al banquillo a cuatro directivos

El presunto desfalco en Puerta Nueva acerca al banquillo a cuatro directivos

La juez les acusa de insolvencia punible y de apropiación indebida en la empresa que gestionó el proyecto municipal del barrio universitario

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Domingo, 27 de mayo 2018, 08:54

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Cerca del banquillo de los acusados, por los presuntos delitos de insolvencia punible y apropiación indebida. Así están cuatro directivos de Residencial Puerta Nueva Cartagena SA, respecto a quienes el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad acaba de dictar auto de procedimiento abreviado por su gestión en el proyecto municipal de construcción del barrio universitario (oficialmente Plan Especial de Reforma Interior -PERI- CA4 Universidad).

En una resolución que lleva fecha de 14 de mayo, y que equivale al auto de procesamiento, la magistrada María Dolores Parra da por finalizada la fase de instrucción de una causa abierta por una querella de la Fiscalía. A ésta se dirigió, previamente, en 2014 la Sociedad Municipal Casco Antiguo para denunciar un aparente desfalco de 9,2 millones de euros en la compañía. Ese 'agujero', sumado al hecho de que la mercantil está en situación de concurso voluntario de acreedores desde 2014, han impedido que el citado ente público cobre una deuda de 2 millones de euros por plusvalías urbanísticas.

  • Empresa Residencial Puerta Nueva Cartagena SA, ganadora del concurso público de proyecto de reconstrucción del barrio universitario (PERI CA-4 Universidad»).

  • Procesados Jesús Espelosín, Antonio José Lleó, Agustín Alonso y Santiago López.

  • Importe de los préstamos no devueltos 9,2 millones de euros.

El impago fue detectado por Hacienda durante una inspección y desvelado por el concejal de MC José López, quien instó desde la oposición a Casco Antiguo a denunciar.

Préstamos entre sociedades

La juez explica en su escrito, al que ha accedido 'La Verdad', que, entre el 5 de julio de 2005 y el 13 de diciembre de 2007, Puerta Nueva «efectuó una serie de préstamos a sus tres socios -es decir a Mistral Inversiones, Medi Valencia y Sethome Construcción y Promoción-, por un total, respectivamente, de 1.840.000 euros, 3.680.000 euros y 3.680.000 euros». Y añade que «la devolución de estos préstamos habría de hacerse mediante vencimientos aplazados, entre los días 15 de diciembre de 2010 y 15 de diciembre de 2012».

Sin embargo, señala la magistrada, «ninguna de las prestatarias devolvió las cantidades percibidas, si bien mediante contrato de fecha 1 de marzo de 2011 Mistral Inversiones SL cedió a Residencial Puerta Nueva Cartagena SA ciertos créditos que ostentaba frente a sus filiales Narkanda Gestión SL, Atalia Grupo Patrimonial SL y Grupo Zima 2010 SL, por un importe total de 1.900.613.,34 euros». «Ahora bien -concluye la juez-, éstas últimas devinieron a concurso de acreedores o liquidación, y ninguna ha abonado su débito».

La instructora apunta también que el capital manejado por la promotora procedía de créditos concedidos «para la promoción urbanística» por la antigua Cajamurcia, y que parte de las viviendas acabaron sin vender. Esta deuda acabó en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) o 'banco malo', que según los datos del Juzgado de Lo Mercantil 1 de Madrid es titular de una garantía hipotecaria de 10,8 millones de euros asociada a un edificio y de un crédito privilegiado especial de 5,6 millones. En total, 16,4 millones de euros por la exposición de Cajamurcia al 'ladrillo tóxico'.

Para la jueza, los hechos tendrían como responsables a Jesús Espelosín y Antonio José Lleó, consejeros delegados mancomunados de Puerta Nueva y administradores, respectivamente, de Sethome y de Medivalencia (llamada luego Cartagena de Gestión de Levante SL). También identifica a Agustín Alonso, consejero delegado mancomunado de Puerta Nueva y legal representante de Aljama Tres Inversiones SL, entidad administradora única de Mistral; así como a Santiago López, consejero de Puerta Nueva y consejero delegado de Sethome.

Espelosín fue concejal de Urbanismo de Madrid por el PSOE. Y Agustín Alonso es hermano del exalcalde de Cartagena y exgerente de la promotora del barrio José Antonio Alonso, y está imputado junto al antiguo regidor (artífice del PERI desde la alcaldía) y diputado nacional en el 'caso Púnica'. En esta causa de presunta corrupción también está siendo investigada la senadora del Grupo Mixto Pilar Barreiro, amiga del expolítico y quien era alcaldesa por el PP cuando el Ayuntamiento adjudicó el concurso público en 2002. El Consistorio ejerce la acusación particular en 'Púnica' y en Puerta Nueva.

En la etapa de Barreiro

En 2016, Espelosín y Lleó admitieron en el juzgado que Puerta Nueva otorgó préstamos por importe de 9,2 millones de euros, sin garantías de cobro, a tres sociedades integradas en esa sociedad. Afirmaron que las mercantiles receptoras del dinero fueron solventes hasta la llegada de la crisis inmobiliaria. Agustín Alonso y Santiago López, según fuentes judiciales, dijeron que los fondos fueron repartidos en un momento de liquidez, para reforzar actividades comerciales.

Según fuentes judiciales, la apropiación indebida habría consistido en que los préstamos no fueron destinados al objeto social de la promotora, que era exclusivamente el desarrollo del plan urbanístico, sino a un reparto encubierto de beneficios justificado como inversiones inmobiliarias. Los créditos fueron concedidos en una etapa en que Barreiro formaba parte del Consejo de Administración de Puerta Nueva, en representación municipal.

La jueza ha pedido a la Fiscalía y las acusaciones que soliciten la apertura del juicio oral -que sería en un jugado de lo Penal-, el sobreseimiento o practicar diligencias complementarias. Espelosín ha presentado ya un recurso, donde insta a anular la resolución y archivar la causa, «al no tener los hechos fijados ningún tipo de relevancia jurídico-penal».

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