Portmán Golf recibe siete multas por no sellar y revegetar los residuos de la Balsa Jenny

Bajo la lupa de la Fiscalía, de un juzgado, de la Asamblea Regional y de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, la Comunidad trata de poner coto a la pasividad de Portmán Golf en el paraje de El Sabinar. Busca atajar los riesgos para la salud de los vecinos de Estrecho de San Ginés, para un acuífero, para los suelos agrícolas y para el Mar Menor

En febrero de 2017, Medio Ambiente decidió imponer multas coercitivas sucesivas y automáticas a la compañía hasta que esta acreditara «la finalización de las actuaciones del proyecto de sellado y restauración ambiental del depósito de estériles mineros» y se pudiera declarar la «clausura del depósito y el inicio del Plan de Vigilancia Ambiental o Programa de postcierre». En agosto, los técnicos constataron la instalación de una balsa de recogida de aguas de lluvia, recibieron documentos sobre la reforestación y advirtieron la falta de un vallado o de una puerta de control.

Hasta que la empresa no cumpla con exigencias como garantizar el control de acuíferos y la estabilidad de la terrera, Medio Ambiente le pondrá multas automáticas -hasta catorce- cada mes e irá informando al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena. Este investiga un presunto delito ambiental. La primera sanción de la Dirección General de Medio Ambiente data de septiembre de 2013, cuatro meses después una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

En medio de recursos administrativos y cambios de proyectos, la Dirección General de Minas detectó en 2016 que la empresa no había empleado filitas de canteras autorizadas para cubrir los residuos mineros. La administración elevó la presión sobre la empresa, tras intervenir la Fiscalía. Esta vio una «amenaza grave para la salud de las personas y para el medio ambiente» e instó a dar «alta prioridad» a la clausura.

El estudio, que realizaron el Seprona, la Unidad Técnica de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid certificó altísimos riesgos para la salud y el medio ambiente. El informe señala que, pese al carácter tóxico y peligroso de los residuos, el vertedero no fue impermeabilizado y los estériles estuvieron a la intemperie una década.

Según el Ministerio Público, «se ha generado un riesgo muy alto de afección de espacios protegidos de la Red Natura 2002», recoge el informe. Y apunta, concretamente a los Lugares de Interés Comunitario (LIC) cercanos a la corta Espacios abiertos e Islas del Mar Menor y Calblanque, Monte de las cenizas y Peña del Águila, «por la erosión eólica del material contaminado superficial». La evaluación cita también a los 700 vecinos de Estrecho de San Ginés, y apunta que «ha existido un riesgo alto (peligrosidad muy alta y severidad media/alta) de afección» y de «daño significativo» sobre la «población».

Las pruebas establecieron que el material procedente de la balsa Jenny presenta concentraciones de metales pesados y metaloides muy superiores al de otra zona cercana, tomada como referencia o 'suelo blanco': hasta 2.000 veces mayores en zinc, mil veces superior en aluminio, 150 veces más en manganeso, 50 veces por encima en níquel, 24 veces más en plomo y 18 veces más en cobre. Y todo ello en un depósito situado sobre los acuíferos de La Unión-Portmán y del Campo de Cartagena y cerca del Mar Menor, con la amenaza de filtraciones al subsuelo y de llegada de lixiviados a la laguna y a su entorno, por escorrentías de lluvia.

Un portavoz de la empresa señaló que los 6 millones de euros del traslado de los residuos fueron pagados por la Comunidad Autónoma a la empresa estatal Tragsa, y que esta subcontrató a Portmán Golf solo el uso de camiones. Añadieron que la demora en la clausura de Los Blancos obedece a que la compañía ha estado, durante un año, a la espera de que la Dirección General de Minas le autorizara el uso de magnetita presente en el depósito. Como Minas ha denegado ese permiso, la empresa acometerá de inmediato la clausura, añadieron en la compañía. Entre tanto, Portmán Golf ha pedido el archivo de la causa judicial y la Fiscalía estudia si pide nuevas diligencias o la apertura de juicio oral, según fuentes del caso.

El estado de la 'nueva' balsa llegó hace unos días al Pleno de la Asamblea Regional. El diputado de Podemos Andrés Pedreño denunció que la restauración, descontaminación e impermeabilización de Jenny lleva «14 años dando vueltas y seis millones de euros de inversión», y que «hay que empezar desde cero porque el PP ha hecho una auténtica chapuza y nos dieron gato por liebre».

Pedreño invitó al consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, a visitar la Sierra Minera, para «ver cómo cuando llueve, las aguas rojas cargadas con metales pesados, llenas de partículas tóxicas y contaminantes, bajan por estos pueblos sin control y llegan a escuelas, casas y parques». Asimismo, mostró su preocupación por el hecho de que «estos residuos invaden los acuíferos que luego los regantes usan para sus cultivos» y que llegan al Mar Menor.

El consejero admitió la lentitud de los «trámites», pero alegó que hay que respetar las «garantías» que asisten a la empresa. Celdrán defendió que la Ley de Aceleración Empresarial -apoyada por PP y Cs y rechazada por PSOE y Podemos- permitirá disponer de mecanismos de actuación más ágiles y evitar interminables expedientes como el de Jenny.