El Pleno de Cartagena se une contra el derribo de casas para continuar el paseo de Cabo de Palos
Todos los grupos piden la exclusión de quince viviendas por su valor histórico y por juzgar «innecesario» para la senda hacer demoliciones
El Pleno Municipal se unió este jueves en contra del derribo de 15 casas de primera línea, en Cabo de Palos, para obtener suelo en el que continuar el paseo marítimo de la Playa de Levante hacia Las Amoladeras. En una moción en la que exigen «una moratoria en este frente litoral», todos los partidos con representación municipal piden también a la Demarcación de Costas que paralice el expediente de demolición de la construcción más cercana al actual límite del paseo, para la que este viernes está fijado el desalojo y la entrega de llaves.
Costas trabaja desde hace años en la aplicación de la normativa que exige tener una concesión en vigor para disfrutar de una casa tan cerca del mar. Además, limita mucho las prórrogas de las que caducan. Este mes remitió a los propietarios de esa primera finca un aviso que les alarmó a ellos y a los de otras 14 viviendas de la zona. Varios técnicos tienen previsto presentarse allí para tomar posesión de las dos primeras viviendas, con vistas a su derribo.
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Por petición de los vecinos, PP, MC, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y los siete concejales no adscritos, incluida la alcaldesa, Ana Belén Castejón, pactaron una iniciativa en contra. En ella exigen a Costas que «estudie aplicar en la zona las excepciones que prevé la Ley 2/2014 de Protección de Costas de 2013». Así se podrá «excluir del dominio público terrestre terrenos que resulten absolutamente innecesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo terrestre». De esta manera, buscan que el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) valore la compatibilidad entre las construcciones y el proyecto de extensión del paseo.
En segundo lugar, el Pleno pidió que se valore la existencia de edificaciones anteriores a 1988, es decir, previas a la ley que limita temporalmente las concesiones, como «viviendas históricamente consolidadas». Esa excepción en concreto debe permitir además, según consta en la iniciativa, «la transferencia de la propiedad desafectada a sus moradores actuales, como beneficiarios de esos permisos». En la propuesta se recuerda que el Pleno ya hizo llegar al Miteco, hace algún tiempo, una alegación en la que ampara los intereses de los vecinos. También remitió otra de la asociación de afectados.
Ahora, la corporación añade que, para valorar la compatibilidad de mantener las viviendas, la Administración del Estado debe realizar, «con carácter previo, un estudio de necesidades para abordar la prolongación del paseo marítimo». Debe ir acompañado de «un proceso de diálogo con los moradores de los inmuebles afectados, para buscar soluciones alternativas». Con ello se pretende darles la opción de pronunciarse antes de que no haya remedio.
Solo entonces, concluye la propuesta, se podrá «elaborar un proyecto para la segunda fase de ese paseo, en el que queden claras las necesidades concretas de suelo».
Costas informó de que «si se retoma el proyecto del paseo marítimo, se llevará a cabo conforme a la ley y siempre fuera del dominio público marítimo terrestre». El proyecto estaría amparado en el Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor, indicó un portavoz de la Delegación del Gobierno. También transmitió que en el organismo del Miteco esperan conocer la moción aprobada para analizarla.
La finca que este viernes centrará todas las miradas está dividida en dos propiedades que ocupan los números 37 y 39 de la carretera de Subida al Faro de Cabo de Palos. José Antonio Luque y José Luque, propietarios de las dos viviendas ubicadas allí, se entrevistaron este jueves con la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y con la vicealcaldesa, Noelia Arroyo. Ambas les dijeron que la moción no tenía vuelta atrás. Cuando el asunto salió a la luz por primera vez, hace una semana, la diputada regional del PSOE Carmina Fernández acusó a Arroyo de «desconocer la ley y querer saltársela según le interese», dado que la edil del PP visitó las viviendas y apoyó a los propietarios. La vicealcaldesa advirtió, en el Pleno, de que en las últimas horas «había habido llamadas amenazantes a vecinos» a raíz de la presentación de la moción. No concretó su origen.
Soluciones a una «amenaza»
En la moción aprobada, el apoyo municipal se extiende a todos los integrantes de la «Asociación de Usuarios-Afectados de la Playa de Levante de Cabo de Palos y de la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, en su objetivo de lograr la finalización del paseo marítimo de Cabo de Palos, solucionando previamente la amenaza de demolición sobre las vivienda que conforman el frente marítimo».
Estos colectivos han convocado para esta mañana una concentración reivindicativa de los derechos de los residentes en la zona y de apoyo a la familia Luque. Defienden que los deslindes realizados en las zonas litorales sometidas a concesión «nunca fueron confirmados oficialmente», según informó un portavoz.
Hace dos meses, en un caso similar, una familia se negó a entregar las llaves y desalojar una casa en Los Nietos. Recurrió y ha conseguido retrasarlo. Allí hay otras 70 viviendas en situación similar.
Una finca en peligro por la discrepancia sobre el titular de la concesión
Las dos viviendas que ocupan los números 37 y 39 de la carretera de Subida al Faro de Cabo de Palos están en peligro de ser demolidas, porque el Ministerio para la Transición Ecológica ha resuelto que pasaron más de cuatro años sin que nadie reclamara la titularidad de la concesión para ocupar parte del dominio marítimo costero. Así lo establece un informe que la Abogacía del Estado hizo a petición del ente ministerial y en el que este se ha basado para dar por extinguido el permiso e iniciar el expediente de demolición. Sin embargo, José Antonio Luque y su sobrino José Luque, que son los propietarios, aseguraron que todo se debe «a un auténtico embrollo» en el que Costas ha considerado titulares del permiso hasta la actualidad a parientes suyos que llevan muertos muchos años. A su juicio, han errado al contabilizar los años y los plazos de transmisión del permiso y han «ignorado» la legalización de 2003 y el pago de la concesión desde entonces. Y ahora les exigen 56.846 euros si no costean ellos el derribo.