Un pleito por los recibos del IBI complica ahora el inicio de las obras de la zona logística

Terrenos reservados para la ZAL, en Los Camachos./Pablo Sánchez / AGM
Terrenos reservados para la ZAL, en Los Camachos. / Pablo Sánchez / AGM

Sepes lleva al juzgado al Ayuntamiento, que le reclama 4 millones por la 'contribución' de varias parcelas del polígono

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ y EDUARDO RIBELLES

La controversia sobre el pago de cuatro millones de euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que Sepes dice que no le corresponde y el Ayuntamiento considera un impago, se ha convertido en un nuevo obstáculo en el camino del proyecto de Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en el polígono de Los Camachos. La citada sociedad estatal, que se ocupa de la promoción de suelo y que es la propietaria de los terrenos en los que está previsto este polo empresarial, se resiste a pagar ese dinero. Y por eso ha acudido a la Justicia y ha presentado un recurso contencioso administrativo. Además, según fuentes municipales pretende obtener un reconocimiento de que esa deuda no existe, antes de dar vía libre al convenio sobre la zona logística. El Ayuntamiento defiende que esa obligación de pago se mantenga.

También respecto al Ministerio de Defensa están en cuestión los pagos de ese impuesto. Y la alcaldesa, Ana Belén Castejón, pretende que su reclamación de una serie de cantidades por recibos del pasado sea la llave en la negociación de la compra de la Factoría de Subsistencias de la Armada para convertir el solar en la sede de la Ciudad de la Justicia.

En el caso de la entidad estatal de suelo, las discrepancias se refieren a unas parcelas que están fuera del sector reservado para la zona logística. Sin embargo, representan un escollo más para un proyecto que ya acumula un retraso de dos años. El Ayuntamiento dio el visto bueno, justo antes de las elecciones municipales del 26 de mayo, al texto del convenio que deben firmar Sepes y la Comunidad Autónoma, para que esta última reciba los primeros terrenos, contrate su urbanización y los ponga en manos de los empresarios. Por entonces mandaba el PSOE en solitario, y el PP, desde la oposición local, se mostró crítico. Ahora les corresponde a ambos, en coalición con Ciudadanos, llevar adelante un proyecto que no arranca.

En el caso del Ministerio de Defensa, la edil y portavoz municipal del PSOE, Alejandra Gutiérrez, reveló días atrás que hay «negociaciones» para reducir la cantidad a pagar por del terreno en el que se encuentra el inmueble elegido.

Negociación con Defensa

Una tasación de la parcela que ocupa la manzana anexa al cuartel de la Guardia Civil, entre las calles Ángel Bruna y Reina Victoria, fijó en 7 millones de euros el precio que el Ayuntamiento tendría que pagar. La elección de ese emplazamiento, situado apenas a cien metros del actual Palacio de Justicia, supuso descartar los locales que ocupaba el Centro Comercial Eroski y también el Hospital Naval, fuera del casco urbano.

La alcaldesa ha repetido que regateará en el coste, usando los impuestos pendientes. Gutiérrez repitió ese mensaje en contestación al principal grupo de la oposición, MC, para evitar que la resolución de ese asunto se eternice.

Devuelven a dueños de suelo en Novo Carthago medio millón

El cobro del IBI en los últimos años a propietarios de terrenos de la ribera sur del Mar Menor ha sido objeto de una rectificación, que supone que hay que devolverles dinero. El Ayuntamiento ha admitido que tiene que desembolsar medio millón de euros para compensar a los propietarios de fincas en la zona donde Hansa Urbana pretende construirse la urbanización Novo Carthago. Se trata del paraje de San Ginés de la Jara.

La recaudación de esa cantidad tuvo lugar porque estos terrenos figuraban como urbanizables residenciales ya sectorizados, durante el tiempo en el que se permitió el avance de los trámites de la promoción prevista allí. Eso supone un tipo fiscal mucho mayor que el de un suelo sin sectorizar.

La anulación de la planes de urbanización supone que el Catastro reconozca que la calificación en virtud de la cual se cobraba en IBI es incorrecta y que el Ayuntamiento tenga que hacer la devolución.

En San Ginés de la Jara iban a construirse 6.000 viviendas y dos campos de golf. En mayo quedó claro que la tramitación seguirá bloqueada en el Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local desestimó el recurso con el que la promotora quería resolver el convenio que firmó en 2006, para impulsar esa zona residencial, y reclamar una indemnización de 30 millones de euros, al apreciar una dilación indebida en la tramitación. El Ayuntamiento mantendrá vigente el proyecto, para que no dar lugar a daños y perjuicios, sin levantar la suspensión a la espera de que se resuelva un pleito sobre presunta corrupción.