Piden 3 años de cárcel a dos policías locales por el presunto desfalco en una cooperativa

Los tres acusados, de espaldas, ayer durante el juicio en la Audiencia Provincial. / p. s. / agm
Los tres acusados, de espaldas, ayer durante el juicio en la Audiencia Provincial. / p. s. / agm

La Audiencia Provincial admite la grabación del constructor de un colegio, quien dice que los agentes y una mujer se apropiaron de 180.000 euros

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

Dos agentes de la Policía Local de Cartagena afrontan una petición de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 180.000 euros a los socios de la Cooperativa de Enseñanza Da Vinci Mar Menor, por haberse quedado presuntamente con esa cantidad, destinada al pago de las obras de construcción de un colegio en Los Belones. Los funcionarios municipales están acusados, junto a una exdirectiva de la entidad que promovió la edificación del colegio Leonardo Da Vinci. Los tres se sentaron ayer en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en la primera sesión del juicio.

La solicitud de prisión parte de la acusación particular, ejercida por los actuales responsables de la cooperativa -hay dieciesiete personas afectadas- a través del abogado Fernando Hernández Anaya. La Fiscalía solicitó la absolución de los tres procesados y pidió suspender la vista hasta transcribir un audio aportado en el último momento por el letrado. En la grabación, informaron fuentes judiciales, se escucha una conversación entre el constructor de la escuela -legal representante de la empresa Tressa y propuesto como testigo por la acusación- y los policías, que eran promotores de la cooperativa. El archivo sonoro, de 40 minutos, mostraría que ambos intentaron convencer al empresario para que reconociera haber recibido los 180.000 euros, como pago en 'b', es decir en dinero negro. El constructor habría negado tal cobro ajeno a la contabilidad de la cooperativa y ahora ha decidido poner este medio de prueba a disposición de la Justicia.

Hernández entregará un archivo en formato digital y el secretario judicial pondrá por escrito la transcripción de su contenido. La fiscal del caso advirtió de que la charla «puede ser muy determinante» a los efectos de aclarar si realmente hubo una apropiación indebida del dinero. En tal caso, el Ministerio Fiscal podría «modificar sus conclusiones provisionales», favorables hasta ahora a los acusados.

Fiscalía ve el audio relevante

Los abogados de la defensa, Francisco Belda y Juan Francisco Pérez Avilés, se opusieron también a la admisión de la grabación y, en todo caso, reclamaron la libre absolución de los tres acusados. Entre otras cuestiones, hacen valer que la Fiscalía ve ausencia de motivación para sostener la acusación; falta de legitimación por parte de las personas que interpusieron la querella; y que ha decaído la imputación inicial de los delitos societario y de falsedad en documento público y mercantil.

El tribunal, presidido por el magistrado Matías Soria, acordó suspender la sesión y dar un plazo de tres días para la incorporación del archivo original, para la mencionada transcripción. De esta forma, garantiza el derecho de defensa.

 

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