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Firma del Manifiesto por la Ciudad de la Justicia, este viernes, en el Colegio de Abogados. J. M. Rodríguez / AGM
Pacto social en Cartagena para exigir una Ciudad de la Justicia que acabe con «la situación límite» que se vive en los juzgados

Pacto social en Cartagena para exigir una Ciudad de la Justicia que acabe con «la situación límite» que se vive en los juzgados

Los letrados impulsan la firma de un manifiesto al que se han sumado vecinos y empresarios, que también reclaman un Registro Mercantil y la Inspección de Trabajo, entre otros servicios

Gregorio Mármol

Cartagena

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Viernes, 6 de julio 2018, 12:27

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La consecución de una Ciudad de la Justicia que aglutine todos los servicios que esa administración presta en Cartagena y acabe con la dispersión de tribunales por toda la ciudad es la principal reivindicación del manifiesto que este viernes firmaron los colegios de Abogados y Procuradores, la Asociación Comarcal de Graduados Sociales, la asociación de empresarios COEC, la Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones de Vecinos. «La Ciudad de la Justicia es, a día de hoy, una infraestructura imprescible para Cartagena y su comarca con el fin de que la administración de justicia funcione correctamente y el partido judicial no quede defintivamente estrangulado», dice el documento en sus primeras líneas. Y añade: «Prolongar la carencia de dependencias judiciales supone agravar de manera notable el ya importante perjuicio que se está causando a los ciudadanos en una materia tan importante y sensible como es la de pedir y recibir justicia, derecho inalienable consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución».

El decano de los letrados, Antonio Navarro Selfa, calificó la situación de la justicia cartagenera como «límite, porque el justiciable tiene que esperar muchos meses, tal vez años» para que se resuelvan sus asuntos. Puso como principal ejemplo la situación que se da en el ámbito de Familia, donde el Ministerio retrasa la creación del segundo juzgado de esa materia por falta de un lugar donde establecer su sede. Eso supone, dijo Navarro, colapso y «meses de retraso para padres que tratan de ver a sus hijos». Situaciones como esas suponen para el decano que «Cartagena esté maltratada» y discriminada, en su opinión, respecto a otras grandes ciudades, muchas ellas capitales de provincia pero que tienen menos población que la ciudad y su partido judicial, que alcanza hasta los 400.000 habitantes para asuntos de la Audiencia Provincial.

La falta de espacio físico para abrir nuevos tribunales impide también establecer órganos de materias específicas, como Mercantil o de cláusulas suelo. El presidente de la Federación vecinal, Leandro Sánchez, aseguró que esa situación «discrimina» a los cartageneros respecto a otros ciudadanos de la Región. «Hay vecinos, consumidores y usuarios que toman la decisión de no reclamar lo que ellos consideran justo porque tiene que desplazarse a Murcia, como en el caso de las cláusulas suelo», detalló.

Al manifiesto también se han unido los empresarios, porque en materia de servicios al ciudadano reclaman, además, un Registro Mercantil, una ofician de Inspección de Trabajo y una delegación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, «servicios indispensables también para el normal funcionamiento de la administración de justicia», aseguraron.

El manifiesto por la Ciudad de la Justicia de Cartagena no habla de plazos ni de posibles ubicaciones. De ello se tendrán que encargar la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y el delegado del Gobierno, Diego Conesa, a quien han hecho llegar el acuerdo firmado hoy para que lo defiendan ante el Ministerio. Navarro Selfa sí pidió una «solución provisional», mientras se construye el nuevo campus judicial, para acabar con la dispersión de servicios en hasta tres sedes distintas de la ciudad.

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